El 14 de septiembre de 1990 el presidente George Bush, padre, propone ante el Congreso de Estados Unidos el proyecto de Ley Iniciativa para las Américas, que comprende la creación de un sistema de libre comercio hemisférico, la promoción de las inversiones en los países del área, la reducción de la Deuda Externa de éstos, y medidas sobre el ambiente. En tal sentido, no es más que un intento de materializar las políticas económicas recomendadas por Washington en la Primera Conferencia Panamericana, mantenida a lo largo de las siguientes conferencias, y reiterada por sus asesores de política externa en los Documentos de Santa Fe. Cada uno de sus puntos amerita serios reparos.
Los tres pilares de la iniciativa, según el mensaje de Bush, consisten literalmente en:
-Primero, queremos expandir el comercio tanto por medio de una estrecha colaboración con las naciones de América y del Caribe ahora que está por concluir la Ronda de Uruguay, como por la vía de acuerdos de libre comercio con la meta ulterior de un sistema de libre comercio hemisférico.
-Segundo, queremos estimular la inversión y ayudar a los países a compertir por el capital, introduciendo reformas en sus políticas económicas genrales y en sus sitemas regulatorios específicos.
-Tercero, queremos construir sobre la base de nuestros esfuerzos exitosos para aliviar el peso de la deuda y aumentar los incentivos para que los países reformen sus economías, ofreciéndoles medidas adicionales en al área de la deuda. Como parte de nuestros esfuerzos con respecto a la deuda, queremos apoyar el ambiente promoviendo una gerencia sostenible de los recursos naturales como un elemento clave para construir un futuro sólido para el hemisferio (Bush, George 2003, 215-217).
Cierra el documento con la confesión de que “Estados Unidos no ha quedado inmune ante la crisis económica enfrentada por América Latina y el Caribe durante la última década”, ya que “en la medida en que los países de la región rebajan sus importaciones, posponen inversiones y luchan por cumplir el servicio de la deuda externa,, también nosotros quedamos afectados. Nosotros perdimos comercio, mercados y oportunidades”. Vale decir, exacerbar el peso de la explotación financiera sobre América Latina y el Caribe a la larga afecta a los explotadores.
La propuesta de la zona de libre comercio obedece al inalterable plan estadounidense de asegurarse mercados cautivos en el continente. La misma implica condiciones de liberalización del comercio y políticas macroeconómicas tuteladas, que podrían ser contrarias a la soberanía de los países latinoamericanos. Estados Unidos, además, exige condiciones de reciprocidad que resultarían de hecho nocivas para las economías subdesarrolladas, y un sistema de competencia y no de complementariedad entre ellas, que las llevaría al enfrentamiento y la atomización.
La propuesta de promoción de las inversiones se limita a una contribución de l00 millones de dólares por parte de Estados Unidos a un fondo al que invitan a cooperar al Japón y a la Comunidad Europea, y que sería gerenciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Esta colaboración es tan exigua que no tiene importancia real.
La propuesta de reducción de la Deuda, afectaría sólo 7.000 millones de dólares de las obligaciones con los Estados Unidos, las cuales sumaban para el momento un monto global de l2.000 millones de dólares y apenas constituían el 3% del total de la Deuda latinoamericana. Estas ventajas, que se concederían sólo a países insolventes que de todos modos no podían realizar pago alguno, representarían en el mejor de los casos un alivio de l,75% de la carga financiera de la región.
Singular peso tiene la propuesta sobre el ambiente, en la cual Estados Unidos avanza su plan de dominio de los recursos naturales hemisféricos. Apunta a la creación de un fondo “en el cual se depositan los pagos de intereses en la moneda local” que “será propiedad del país deudor pero sometido a una programación conjunta del país deudor y del gobierno de Estados Unidos”. Así, las cantidades exaccionadas por concepto de deuda a nuestros países en parte quedarán bajo control de la potencia del Norte a fin de que ésta las aplique a gerenciar los recursos naturales latinoamericanos de acuerdo con sus intereses.
La Iniciativa para las Américas es considerada por Demetrio Boersner como intento de Estados Unidos de recuperar la hegemonía comercial en América Latina frente a los decisivos avances de Europa y Japón en el hemisferio, a la vez que continuación histórica del proyecto que presentó el secretario de Estado estadounidense James Blaine exactamente un siglo antes a consideración de la Primera Conferencia Panamericana (Boersner, Demetrio, Caracas 2004, 275). Al igual que dicha Conferencia, la propuesta de Bush quedó sin mayores efectos. Imperturbable en sus objetivos, Estados Unidos la replanteó luego en una forma más totalizante en la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
En 1989 Estados Unidos suscribe un tratado de Libre Comercio con Canadá, país que desde mucho antes está en su órbita económica. En 1992 propone extender un acuerdo similar a México a fin de eliminar las barreras aduaneras, las limitaciones a la inversión y extender la protección de la propiedad intelectual a los tres países. Para Estados Unidos el tiempo se agota. El repunte de las economías asiáticas, el crecimiento económico de China y la acelerada integración de la Unión Europea plantea la urgencia de consolidar un bloque hemisférico que los equilibre.
Integración asimétrica
Para comienzos de 1994 en México la extrema pobreza había aumentado en casi un tercio en las zonas rurales; la mitad de la población no tenía recursos para cubrir sus necesidades básicas; desde décadas atrás la falta de regulación de los capitales impulsaba a la economía hacia un equilibrio entre poco crecimiento y alto desempleo, con estancamiento o disminución de los salarios reales, aumento de la pobreza y desigualdad e incremento de los beneficios para las minorías, y la agricultura se había concentrado en la exportación y el cultivo de alimentos para el ganado, permitiendo el crecimiento de la desnutrición. Análisis publicados en El Financiero predecían que el país perdería casi una cuarta parte de su industria manufacturera y el 14 % de sus empleos en los dos primeros años de aplicación del Tratado, mientras que en New York Times Tim Golden informaba que “los economistas predicen que varios millones de mexicanos perderán probablemente su empleo en los cinco años siguientes a entrar en vigor el proceso” (Chomsky 1999, 136-138). Grandes movilizaciones populares protestaron contra el TLC, del cual el historiador Seth Fein decía que “ha implicado abolición de los derechos constitucionales laborales, agrarios y educativos estipulados en la constitución nacional de 1917, reverenciada por el pueblo” (Chomsky 1999, 140). Una de las protestas sociales más notorias fue la irrupción del movimiento zapatista el mismo día fijado para la entrada en vigencia del Tratado.·
El Tratado no tarda en tener efectos demoledores sobre la agricultura. El gobierno mexicano contribuye a ello retirando antes de lo previsto en el Tratado las restricciones a la importación de maíz de Estados Unidos. Este país dispone del llamado corn belt, una franja con inigualables ventajas para la producción del cereal, con un tiempo de iluminación solar récord en verano, que puede producir varias cosechas al año, en la cual se aplica la tecnología más avanzada y cuyos grandes productores son subsidiados por el gobierno estadounidense con subvenciones que para el año 2001 alcanzan a 28 mil millones de dólares, representan más del 40% de los ingresos netos de los productores: y que a partir del Farm Bill de 2002 aumentan entre el 40% y el 80%, superando los que con igual fin otorga la Unión Europea (Arceo 1993, 35). Los agricultores mexicanos no pueden competir con estas condiciones. Desde la entrada en vigencia del TLCAN las exportaciones hacia México se multiplican por 15, y la importación mexicana de alimentos se duplica. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reporta que el volumen de exportaciones hacia México creció de medio millón de toneladas en 1993 a 7.5 millones en 2004 (González Amador, Roberto: “La importación de maíz de Estados Unidos creció 15 veces con el TLCAN”, México, La Jornada, 18-03-2005). Es ahora México quien subsidia a la agricultura estadounidense, al costo de la ruina de su propios productores.
Degradación social
Todos los planes de liberalización del comercio uniforman las condiciones de circulación de bienes y capitales; ninguno nivela las de la circulación de personas ni las del trabajo. No se trata de olvido o descuido, sino de omisión premeditada. . Y ello se debe, según apunta Laura Juárez Sánchez, investigadora de la Universidad Obrera de México, a que son justamente las significativas diferencias que existen en los mercados laborales de la región las que “han aprovechado las grandes empresas transnacionales estadounidenses con el propósito de abatir sus costos y ganar competitividad”(Cortés Martínez 2005).
Algunas consecuencias indirectas del tratado agravan la conmoción social. En virtud del TLC, México elimina gran parte de las regulaciones sobre la propiedad territorial, entre otras la que establecía el carácter no enajenable de las tierras repartidas por la Reforma Agraria de la Revolución Mexicana. Cerca de seis millones de campesinos se arruinan, hipotecan sus inmuebles y los pierden o los venden a precio vil a los latifundios agrarios y migran a las ciudades a engrosar la marginalidad o al Norte a buscar trabajo en las maquilas, y la sobreoferta de mano de obra envilece todavía más los salarios y las condiciones laborales.
Precarización laboral
La Alianza Social Continental resume en forma concisa en noviembre de 2002 los efectos del TLC en su Declaración de respuesta a la Declaración Ministerial de Quito, en la cual advierte que, en el caso de México:
-La tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante durante 8 años y medio de vigencia del Tlcan es de sólo 0,94%, la más baja comparada con todas las estrategias económicas impulsadas en dicho país en este siglo.
-El costo de la degradación y deterioro ambiental ha sido en promedio durante cada año de vigencia del Tlcan el equivalente a 10% del PIB.
-No se han creado ni suficientes ni buenos empleos: a)en los primeros 7 años del Tlcan se generaron en el país 6.200.425 empleos nuevos, pero ello significa un déficit de 40% respecto a la gente que cumple edad de trabajar, b) estos pocos empleos son malos empleos: el 48% de los empleos nuevos generados no cumplen con las prestaciones de ley, c) el sector manufacturero (incluyendo la maquila) concentra el 87,26% de las exportaciones totales del país, el 51% de la inversión extranjera directa. Es un sector exitoso: crece 37,36% y su productividad 52,7%. Sin embargo, en dicho sector corazón del libre comercio e inversión, después de 8 años y medio del Tlcan hay hoy 8,5% menos empleos. Además se trata de malos empleos: inseguridad laboral, largas jornadas, contratación temporal y fuerte e ilegales presiones para impedir su sindicalización (Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2003, vol 9, n°2 mayo-agosto, 271-274).
La escasez y el empeoramiento del empleo van de la mano con políticas de “flexibilización” laboral. Según indica Enrique de la Garza Toledo, en México “se asimila a la idea de flexibilidad como desregulación unilateral a favor de la empresa, también con bajos salarios” en la cual “todavía prevalece la forma unilateral empresarial, y la posibilidad de la concertación con los sindicatos, fuera de ciertas excepciones, es por ahora más retórica que realidad en los lugares de trabajo” (De la Garza 2003, 116).
.EL TLCAN resume, por su estructura y resultados, todos los
esfuerzos similares de Estados Unidos de imponer tratos desiguales a los
países de Nuestra América.
TEXTO/IMÁGENES: LUIS BRITTO.
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