1.- La ficción de la división del aparato del Estado
En la reunión que mantuvimos hace poco con la secretaria General de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura reclamamos la solución a una serie de cuestiones burocráticas relacionadas con las normas que rigen el IMV y la Renta de Inserción Extremeña. Por unas razones u otras la aplicación de estos trámites administrativos está perjudicando de una manera muy importante a los sectores económicamente más débiles de la sociedad extremeña. Las complicaciones que generan los requisitos relacionados con las rentas mínimas y otros que tienen que ver con la vivienda, las pensiones, los mínimos vitales y las contingencias los venimos señalando desde hace tiempo en los diferentes ámbitos institucionales.
Conviene tener en cuenta que a pesar de que los elementos que conforman la realidad económica, cultural y social en la que se desenvuelven las personas tienen un carácter global e interrelacionado, sin embargo, la organización administrativa institucional en las sociedades burguesas los fragmenta y separa asignando su jurisdicción a diferentes ministerios, consejerías o departamentos.
Esta imagen troceada del Aparato del Estado da lugar a una apariencia ficticia del Poder que facilita la subordinación, la alienación y la confusión de las clases dominadas, ocultando el hecho fundamental del monopolio centralizado de la gestión estatal que nos gobierna, beneficiando a las clases explotadoras, y empobreciendo las condiciones materiales y espirituales de las clases oprimidas y explotadas.
2.- Las instituciones normalizan la pobreza como elemento estructuras de las formaciones sociales burguesas.
En todos los casos problemáticos de los que pretendíamos alguna solución que pudiera esquivar la agudización de la pobreza los representantes políticos y funcionarios del departamento “social” indicaban una y otra vez que el entramado legal de normas y reglamentos aprobados por las estructuras políticas estatales y regionales impiden modificar nada. Así, los articulados de la renta mínima y del IMV impiden acabar con la tardanza en la resolución de los expedientes administrativos, o con los cobros indebidos, de tal modo que es imposible librarse de las consecuencias tan nefastas e irracionales de esta cobranza, que hunden moral y materialmente a los pobres, transformándolos en deudores del Estado. De la misma manera, ratifican que lo que viene establecido en la normativa sobre los empadronamientos y las unidades de convivencia no es susceptible de modificar, a pesar de que su consideración prolongue en el estado de miseria a muchas familias. Hacemos constar que hay que acabar con el Programa de Acompañamiento Social. Este fija unas obligaciones al perceptor de la ayuda, a veces absurdas y fuera de toda lógica, que más bien tienen el objetivo político de justificar ante la sociedad que el poder institucional hace un uso responsable de las ayudas imponiendo deberes a quien las recibe.
En definitiva, la pobreza y la precariedad se normalizan socialmente mediante decisiones económicas acompañadas de regularizaciones jurídicas que de este modo ocultan y disimulan la dureza y la violencia de las desgracias que genera el sistema capitalista y al mismo tiempo, hace responsables a los pobres, a los económicamente más débiles y excluidos, de su pobreza porque no cumplen las formalidades que ordenan las leyes para recibir las aportaciones estatales o regionales.
Sirvan como prueba de lo que decimos algunos ejemplos:
1.- El desempleo. Las administraciones destinan fondos para combatir el desempleo, pero con lo que ponen encima de la mesa las posibilidades del empleo están limitadas a un escaso número de parados/as. Las administraciones públicas argumentan que el Estado no puede hacer más de lo que hace, por tanto, tiene que haber gente en el paro. La realidad es que los fondos públicos son los mínimos posibles para evitar las alteraciones y revueltas sociales a las que pueda dar lugar el hambre.
2.- El cobro de la Renta de Inserción Extremeña o el IMV requieren trámites burocráticos como los empadronamientos o la calificación de unidades de convivencia que deja fuera del cobro a un buen número de personas, aunque tengan necesidades básicas.
3.- La vivienda. En los municipios, las necesidades de viviendas son más de las que ofrecen las instituciones públicas. Para recortar el número de solicitantes se piden múltiples requisitos burocráticos que dejan a bastantes excluidos. De este modo, el sistema siempre queda a salvo, son los necesitados de viviendas los que tienen la culpa de no cumplir los requisitos, cuando el verdadero problema es que las instituciones se olvidan de crear empleo o construir viviendas para atender las escaseces de la población trabajadora.
3.- Acabar con la propiedad privada de los medios de producción para eliminar la pobreza y la precariedad.
La conclusión es que el sistema en su versión local, regional o estatal tiene unos departamentos específicos con el apellido “social” o “sociales” cuya única función es la de administrar y normalizar la pobreza. El régimen y sus funcionarios más ideologizados asumen plenamente que la miseria es algo intrínseco, es algo estructural que forma parte y es necesaria para la buena marcha de la sociedad burguesa. En nuestra región la pobreza y el riesgo de exclusión social están presente en capas sociales como pensionistas, personas que reciben ayudas sociales, y en capas trabajadoras que no paran de crecer como resultado de la modernización, automatización y el progreso de unas tecnologías cada vez más avanzadas que hacen innecesario el trabajo del proletario.
El gobierno del Estado no tiene voluntad alguna de extirpar de modo definitivo las raíces de la pobreza y la precariedad, para lo cual tendría que acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, tampoco puede permitir que estalle este polvorín formado por una masa importante de personas sin medios para subsistir, ya que quebraría la existencia apacible y dichosa de un poder político y de una clase explotadora que tan buenos rendimientos obtienen con este tipo de relaciones sociales. Por eso, para evitar la conflictividad y mantener la paz social, el gobierno del Estado burgués prefiere dedicar una mínima parte del pastel presupuestario a las ayudas sociales.
Para conseguir eliminar la precariedad y la pobreza de amplios sectores de la población hay que trabajar para que los medios de producción social en manos de la burguesía pasen a manos del pueblo. La propiedad colectiva permite hacer una planificación racional de la producción y distribución de los bienes y servicios producidos. Estos productos del trabajo social en vez de ser utilizados para el enriquecimiento de los capitalistas podrán ser destinados a incrementar el bienestar y la satisfacción de las necesidades de la población trabajadora y sectores populares. Sin embargo, la historia pone de manifiesto que la burguesía ofrece todo tipo de resistencia para no ceder un ápice el poder político y la propiedad de los medios de producción. Pero para arrancarle el poder del Estado y los medios de producción social a los capitalistas y pasen a manos del pueblo es imprescindible la organización y la movilización, la unidad de las personas y organizaciones políticas y sociales que estén por una sociedad más justa y humana.
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