El 2 de marzo de 1974 se ejecutó por última vez a dos personas por garrote vil en suelo español. Una de ellas fue el anarquista catalán, condenado a pena de muerte tras un juicio lleno de irregularidades.
“Qué putada”. Así reaccionó Salvador Puig Antich, con apenas 25 años, al entrar en la sala donde le iban a ejecutar y ver que habían colocado un garrote vil. Eran las 9 de la mañana del 2 de marzo de 1974, hace exactamente medio siglo, en la cárcel Modelo de Barcelona. Y se estaba a punto de llevar a cabo la última ejecución del franquismo con este método. El mismo día de su muerte, Puig Antich se convertiría en un símbolo que ha perdurado hasta hoy.
El dictador Francisco Franco no escuchó ni al papa Pablo VI ni al canciller alemán Willy Brandt, que le pidieron la conmutación de su pena de muerte. Tampoco sirvieron de nada las movilizaciones ciudadanas en numerosas ciudades de Europa, que contrastaron con el silencio de buena parte de la oposición antifranquista española.
Puig Antich era un miembro destacado del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista que realizaba atracos a bancos para financiar sus acciones. Había sido detenido en Barcelona cinco meses antes, el 25 de septiembre de 1973, en una operación de la Brigada Político-Social contra la organización, tras haber protagonizado un atraco en una sucursal en Bellver de Cerdanya (Girona).
Durante la detención se produjo un forcejeo y un confuso episodio con disparos en el portal del edificio situado en el número 70 de la calle Girona, en el barrio del Eixample. En el incidente resultó muerto el joven policía Francisco Anguas, con cinco impactos en su cuerpo, según los médicos que acreditaron su muerte. Puig Antich recibió dos disparos: uno en la mandíbula y otro en un hombro.
Un proceso irregular
El mismo día de la detención de Puig Antich empezó un proceso que, según los abogados y familiares del ejecutado, estuvo cargado de irregularidades que cuestionan, todavía a día de hoy, las conclusiones a las que llegó el tribunal militar que decretó su pena de muerte.
De la pistola del joven anarquista solo salieron tres balas y nunca se aclaró si fueron las que impactaron en el cuerpo del policía. “No tengo ninguna duda de que de su pistola no salió ninguno de los disparos mortales”, apunta Magda Oranich, una de las abogadas que lo asistieron y que acompañó a las hermanas de Puig Antich el día de la ejecución.
Oranich recuerda que la autopsia del agente fallecido se llevó a cabo en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, no en el hospital, como ocurría normalmente. Añade, además, que durante el juicio no se admitió la prueba balística. “Sabían que era muy posible que no hubiese sido él”, apunta.
Oranich también reprocha que a Puig Antich lo juzgó sin motivo aparente un tribunal militar. “Le hubiese tenido que juzgar el Tribunal de Orden Público, que no decretaba nunca penas de muerte”, apunta.
“La operación policial fue una chapuza y terminó con la muerte de un agente, por lo que los mismos policías quisieron tapar sus propios errores culpando de la muerte de su compañero a Salvador”, sostiene Jordi Panyella, periodista y autor del libro Salvador Puig Antich, Cas obert, en el que investigó las irregularidades del caso.
“Durante el juicio se denegaron a los abogados de la defensa todas las pruebas que pidieron: una segunda autopsia, la declaración de los doctores que atendieron a Salvador en el Hospital Clínic tras su detención, así como las pruebas balísticas de las balas, las vainas y las pistolas de los policías”, añade Panyella.
Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, sentencia: “El juicio contra mi hermano fue un crimen de Estado, un acto de venganza contra una sociedad que entonces comenzaba a despertar, a perderles el miedo a los poderes del régimen”.
Un momento convulso
El militante anarquista ya estaba preso en La Modelo cuando el 20 de diciembre de 1973, pocos meses antes de su ejecución, ETA asesinó al entonces presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. “Han matado a Carrero y me han matado a mí”, reflexionó Puig Antich cuando se enteró del atentado.
Todos los entrevistados consideran que en la decisión de ejecutar a Puig Antich pesó tanto el atentado a Carrero Blanco como el contexto del momento, con un franquismo agonizando que se negaba a claudicar y permitir la apertura de una nueva etapa en el país.
“Estaba condenado de antemano”, sentencia Panyella, el periodista. “El régimen usó a Puig Antich para dar un mensaje de fortaleza frente a los sectores más reformistas con un castigo ejemplar”, añade.
Otro aspecto que influyó, destacan los que vivieron el caso, fue la conmutación a seis presos de ETA que estaban condenados a muerte en el llamado proceso de Burgos. Según algunos de los entrevistados, aquel indulto –logrado tras grandes movilizaciones– hizo cundir la sensación de que ya no habría más penas de muerte en España.
“Con esa pequeña victoria, muchos pensamos que ya no habría más ejecuciones”, rememora Oranich, que admite que las movilizaciones contra la ejecución de Puig Antich no fueron demasiado numerosas.
Los principales partidos de la oposición antifranquista empezaban a vislumbrar una hipotética salida de la clandestinidad, un aspecto que también contribuyó a que no se significaran en exceso con un pistolero anarquista, miembro de un grupo contrario a la existencia de formaciones políticas. “Lo dejaron solo porque era un antisistema, alguien que iba en contra de las estructuras políticas convencionales”, apunta el director de cine Manuel Huerga, responsable de la película que narra los acontecimientos que rodearon su ejecución.
Huerga considera que, sin embargo, lo que consiguió la ejecución fue movilizar a la opinión pública contra la dictadura. “Yo tenía entonces 16 años y para mí, como para muchos otros jóvenes de mi generación, aquella muerte fue un despertar, un darse cuenta de en qué país tan bestia vives, que hay una dictadura brutal que ha matado a un chaval de clase media y catalanohablante que bien podrías haber sido tú”, recuerda. “A partir de ese día comencé a tomar partido”.
50 años sin revisión ni olvido
La afluencia y atención mediática que han tenido los actos para conmemorar el 50 aniversario de la ejecución de Puig Antich demuestran que el caso, medio siglo después, sigue generando interés e indignación en una gran parte de la sociedad catalana y del resto del país.
“Hay que celebrar el 50 aniversario de la muerte de Salvador, es un acto de memoria histórica”, afirma con convicción Merçona Puig Antich, que confiesa que tanto ella como sus hermanas están “conmovidas” con la atención que está recibiendo la efeméride. A continuación explica que la familia ha intentado repetidamente sin éxito, a lo largo de estos 50 años, que el caso se reabra con el fin de que se anulara la sentencia.
En 2005 se presentó un recurso de revisión del caso en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. “El recurso se admitió a trámite debido a que se presentó una prueba pericial, basada en la técnica de infografía, para el estudio de las trayectorias de los proyectiles que salieron de las diferentes armas, tanto de la policía como de Salvador”, explica Sebastià Martínez Ramos, socio del bufete que llevó la causa. “La prueba demostró la imposibilidad de que las balas que impactaron en el cuerpo de Anguas hubieran salido de la pistola de Salvador”.
El abogado también solicitó la declaración de los doctores Barjau y De la Torre –cuya comparecencia se había denegado en el juicio celebrado en 1974–, que fueron los dos médicos que estaban en el servicio de urgencias del Hospital Clínic el día de los hechos y certificaron la defunción del policía.
El letrado explica que los dos médicos declararon que el cadáver de Anguas tenía cinco o más impactos, mientras que en la autopsia se habla solo de tres. “Adicionalmente”, indica Martínez Ramos, “una perito experta en grafología demostró que el documento de la autopsia había sido manipulado”.
El Tribunal Supremo denegó la autorización para revisar la causa, pero Martínez Ramos destaca los dos votos particulares emitidos por sendos magistrados de la sala que rebatieron la decisión. El abogado apostilla que la causa de reapertura “ha servido para demostrar que todo el proceso contra Puig Antich fue un fraude”.
Panyella, por su parte, acusa al “deep state (estado profundo), con todos los tics franquistas”, como responsable de no querer reabrir el caso. “Se ha aportado una cantidad abrumadora de pruebas que demuestran lo irregular que fue el juicio”, apunta.
“Algunos estamentos están cerrados a reconocer no solo los errores e injusticias perpetradas en el caso de Salvador, sino los de cualquier otra víctima de la dictadura”, añade una de las hermanas de Puig Antich.
La noche antes de ser ejecutado, Puig Antich la pasó junto a dos de sus tres hermanas en La Modelo. Merçona tenía solo 13 años y su hermano pidió expresamente que ella no entrara a la cárcel. Sobre las siete u ocho de la mañana, las dos que habían entrado salieron de la prisión y se refugiaron en un bar que queda justo delante, esperando lo inevitable.
Después de agonizar durante casi 20 minutos, la última víctima del garrote vil en España –junto a un alemán llamado Heinz Chez– falleció a las 9:40h del 2 de marzo de 1974. Se llamaba Salvador Puig Antich y 50 años después su memoria todavía perdura.