PP y Vox no dejaron nada al azar cuando eligieron el momento de presentar las cinco leyes que cambian y despedazan la frágil estructura legislativa confeccionada por los dos gobiernos del Botánico. Ocho años que apenas sirvieron para poner orden al follón ocasionado por más de veinte años de gobiernos del PP con mayoría.
Miguel Barrachina, síndico del PP, y José Maria Llanos, síndico de Vox, comparecieron un día señalado, como quien hace una ofrenda al jefe y líder espiritual. En este caso, a Eduardo Zaplana, precursor de la utilización de las instituciones en beneficio propio, experto en el asalto a los medios públicos para manipularlos y aprovecharse hasta la náusea, hasta la aniquilación. Aquella comparecencia de prensa del 21 de marzo tuvo el deje poético de ser un regalo para el más pijo de los presidentes que ha tenido la Generalitat y que aquel día se sentaba, al fin, al banquillo de los acusados. Mientras el comisionista Zaplana y sus abogados veían que el castillo de cartas se derrumbaba porque sus antiguos amigos estaban dispuestos a cantar y señalarlo como el jefe de la banda, el PP y Vox seguían el hilo de Ariadna que el ex-presidente los había dejado, le endulzaban el trance y volvían al lugar de los hechos.
La comparecencia de prensa del PP y Vox en las Corts tuvo también un cariz de ternura y de homenaje, porque mientras los diputados conservadores hablaban de libertad, cambiaban la memoria por la concordia y perpetraban otros atropellos, Carlos Mazón, el hijo político de Zaplana, se reunía en Murcia con el presidente de aquella región. Hablaron de agua y de más libertad, pero el jefe de Fernando López Miras era lejos de allá, porque sabía que pocas horas después se tenía que transmutar en un Charlton Heston de subasta barata conduciendo una cuadriga por las calles de Lorca para celebrar el Domingo de Ramos.
En este contexto, todavía con la imagen fresca del abrazo fraternal y testosterónico entre el presidente Mazón y el vicepresidente Vicente Barrera una tarde de toros, con estos referentes y este hedor, es donde se enmarca el verdadero inicio de la legislatura de la extrema derecha en el País Valencià.
El 21 de marzo, día internacional de la poesía, a las Corts no sonaron versos de Estellés, sino que se dijo todo aquello por lo que el poeta pedía a su pueblo que no se limitara a contemplar aquello que pasaba, sino que bajara a la calle, porque todo aquello que se vivió durante el verano, las censuras, las cancelaciones y las listas negras, o la música silenciada, no eran sino un ensayo de esta guerra cultural que predican y que practican. Incluso, el hecho de dar la espalda a Vicent Andrés Estellés o a Guillem Agulló eran experimentos caseros para tener a la gente entretenida mientras preparaban los textos legales que volverán las cosas a donde tienen que estar, a su naturaleza, entre comillas. A su naturaleza, según su entender. Sin complejos, sin medias tintas o sin miedos. Porque ellos saben, lo han practicado muchas veces, que los titulares de prensa duran dos días, pero que ellos tienen el mango y la paella en las Corts, y además, siempre, siempre, la última palabra. Y a partir de ahora, tendrán el mango, la paella y la televisión a su servicio.
Y en este contexto han puesto en marcha la apisonadora con cinco proposiciones de ley que todavía tienen que pasar el trámite parlamentario, pero, como que tienen la mayoría necesaria, únicamente aceptarán cambios cosméticos o transacciones que les permitan dar un poco de juego a la oposición.
De esta batería de nuevas leyes, el PSPV la ha definido como una contrarreforma y Compromís considera que el gobierno valenciano ha pasado el motocultor. Sea como fuere, sí que permitirán cambiar la fisionomía democrática del País Valencià.
À Punt, puerta abierta a la manipulación y al control gubernamental
Lo han hecho yendo al grano, sin preocuparse de llegar a ningún consenso. Un ejemplo es el cambio de la ley de los medios de comunicación públicos. El primer gobierno del Botánico negoció la ley del 2016 con toda la oposición que en aquel momento eran Ciutadans y el Partit Popular. Quisieron lograr el máximo consenso posible, y lo consiguieron, pero ocho años después, el PP, que se abstuvo entonces, la ha cambiado de arriba abajo y ha vuelto al viejo modelo de control gubernamental. Será el Consejo quien elegirá el director general. Las Corts elegirán el consejo de administración, que será un espejo de la mayoría parlamentaria. Y un cargo tan fundamental como el de la dirección de informativos no será sometido al escrutinio de la redacción. En el nuevo texto, el catalán ha dejado de ser la lengua vehicular de la radio y la televisión pública. Este es la núcleo de la reforma cuando hablan de hacerla llegar a un público más amplio, a aumentar los índices de audiencia, a tener más ingresos… Quieren demostrar que la lengua es un impedimento para hacer una televisión y una radio para todo el mundo. O dicho de otro modo, únicamente se pueden hacer productos comerciales en castellano.
No hablan del presupuesto de este nuevo ente. La ley del Botánico sí que hablaba, y prácticamente no se cumplió nunca el mínimo del 0,3% del presupuesto de la Generalitat. Esto ha hecho que los medios reabiertos el 2017 hayan tenido que funcionar a medio gas, con poco personal y con producciones más bien modestas. Quizás es cierto lo que decía el otro día un miembro del actual consejo rector, que el Botánico, especialmente el PSPV, no creyó nunca que la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales fuera necesaria y que únicamente la puso en marcha para cumplir una promesa electoral.
La libertad educativa en un solo sentido
En la reforma educativa, el PP y Vox hablan de “ley de libertad educativa”, y preveen que los padres decidan en qué lengua serán educados sus hijos. Parte de la ley de plurilingüismo aprobada por el Botánico e inspirada por el consejero Vicent Marzà. En su momento ya fue criticada, porque en ciertas zonas reducía las horas lectivas en catalán. Sobre ello, el PP y Vox edifican esta nueva propuesta que recorta y recorta el derecho de los ciudadanos a acabar la enseñanza obligatoria conociendo las dos lenguas oficiales del País Valencià.
Detrás sintagmas como “libertad de las familias a elegir la lengua de sus hijos”, “poner fin a la imposición del valenciano”, que pronunciaron los síndicos de Vox y del PP el otro día a las Cortes, se esconde la voluntad de marginar una de las dos leguas oficiales del País Valencià que consagra el estatuto de autonomía. Estos meses, tanto el PP como Vox han proclamado a los cuatro vientos la guerra contra el catalán en todos los ámbitos de la vida. El primero incendiario fue el consejero de Educación, que en verano, pocas semanas después de haber sido nombrado, ninguneó la autoridad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) porque la lengua que fijaba no era la que hablaba él en su casa, en Alacant. Dijo que era de Alicante para decir que hablaban de forma diferente. Y lo decía siempre en castellano. A partir de aquí, autopista abierta contra la lengua. La presidenta de las Cortes, Llanos Massó, menospreció de manera nada educada a la presidenta de la AVL, Verònica Cantó.
La concordia y la desmemoria desvergonzada
El PP y Vox presentaron también una ley a la que llaman de “concordia”. De este modo, el PP se doblega a los deseos de Vox de eliminar la ley de memoria democrática aprobada por el Botánico en el 2017. Vox ha renegado de esta ley tantas veces como ha podido porque ponía a los fundadores y los dirigentes del partido ante un espejo que no los mostraba precisamente guapos. A los dirigentes de Vox les da dentera que les recuerdan, por ejemplo, que Paterna fue el gran paredón de fusilamiento después de la guerra del 1936-1939. Y tampoco les gusta nada ver como las asociaciones memorialistas tienen una herramienta y un presupuesto para abrir las fosas comunes y desenterrar los cuerpos de los represaliados e intentar de identificarlos y devolverlos a los familiares antes de que sea demasiados tarde. No quieren ver más fotografías con pequeños féretros con banderas republicanas, ni botones o cartas que permiten saber quién era aquella mujer que hasta ahora reposaba sin nombre en un arcén.
La nueva “ley de concordia” pone el contador en 1931, cuando en el estado español se declaró la segunda república, y quiere incluir a las víctimas de ETA y del yihadismo, a pesar de que ya hay una legislación que las protege. Esto que hace Vox, con la anuencia del PP, es diluir los efectos de la ley de memoria democrática. Las asociaciones memorialísticas han anunciado movilizaciones contra la intención de la extrema derecha de poner al mismo nivel a las víctimas y sus victimarios.
Cerrar el círculo de la corrupción
El PP, que aquel día tenía a Eduardo Zaplana y a José Luis Olivas sentados en el banquillo de los acusados, presentó en el mismo acto de las Corts dos leyes más que completaban el paquete. En este caso, para reformar dos de los instrumentos que, teóricamente, tienen que contribuir a evitar la corrupción política. Por un lado, modificarán la ley de transparencia para reducir las incompatibilidades de los altos cargos del gobierno, o para permitir, por ejemplo, que cuando accedan al cargo no hagan una relación completa de actividades, sino un extracto de las declaraciones de renta, actividades y bienes. En cuanto a la transparencia, el gobierno ya no estará obligado a publicar las reuniones de coordinación o las necesarias para la ejecución de contratos o convenios cuando lo sean con el adjudicatario del contrato o con las otras partes del convenio.
Y en cuanto a la Oficina Antifraude, que está inmersa en el proceso de renovación del director, el PP y Vox cambiarán la ley para permitir que las Corts lo puedan elegir con una mayoría simple y no cualificada como en la actualidad. Es decir, para controlar qué investiga la oficina y que no. Todo controlado.
Original en catalán Vilaweb
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AVL: «Al Baix Vinalopó, les famílies s’estan castellanitzant»
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