Sin tocar el ‘lawfare’ ni al sector beligerante de la judicatura conservadora, el PSOE solo aspira a cambios cosméticos. Sumar quiere presionar desde la izquierda para recuperar iniciativa. La cuestionada ley represiva aprobada por Rajoy y los presupuestos, ejes de la batalla parlamentaria en el segundo semestre. La ronda de contactos con los partidos comienza la semana que viene.
Sánchez va al choque. Obsesionado
con tener el balón y tratar de controlar los tiempos y los marcos ahora
instala, y desea hacerlo por un buen tiempo, la guerra cultural por una depuración de los contenidos informativos.
El ruido mediático va creciendo y lo salpica en cuanto las
investigaciones sobre su hermano y su esposa y la derecha quiere
llevarlo a nivel de escándalo permanente. Es el momento adecuado, según
él, para hablar de la desinformación y los bulos.
Más allá de la intencionalidad política clara y de la articulación evidente entre las terminales jurídicas y mediáticas de la España conservadora que no asume seguir fuera de la Moncloa, es verdad también que Sánchez reacciona cuando el problema le llega a él. Pero la idea es de dar una batalla cosmética, discursiva y comunicacional. Nada de debates de fondo.
El miércoles pasado el presidente del Gobierno presentó, en una comparecencia larguísima en la que se mezclaron asuntos europeos, la crisis migratoria y muchos otros asuntos, su intento de regeneración democrática. Es intento porque la presentación de medidas concretas fue escasa y lo que quedó claro es que la idea a instalar es que las fake news son un problema en el Estado español y amplificado por las derechas. Ni mención a los jueces ni la concentración oligopólica de los medios. Tampoco a la larga lista de regeneración democrática que está en espera (ley de secretos oficiales, la despenalización de injurias a la Corona, etc). Por suerte sí, reapareció la ley Mordaza. Que empiece el debate y si es largo, mejor.
El segundo semestre, en la mirilla
Para
quien se lo haya perdido, en el anteúltimo pleno del Congreso de los
Diputados, Pedro Sánchez informó sobre algunas iniciativas para pulir
la democracia y darle luz a ciertos puntos oscuros que todavía se
resisten a desaparecer. Prometió impulsar una profundización de lo que
se llama Gobierno Abierto, pidió que las Cortes Generales analicen
castigar con mayor énfasis a los legisladores que no presenten a tiempo
ni con rigurosidad su declaración de bienes (esto es porque decenas de
senadores del PP todavía no lo han hecho), convocó a analizar cambios
en la publicidad institucional y el dinero público que llega a los
medios digitales y también aseguró que se intentará reformar la ley
Mordaza.
Todo esto
deberá pasar el filtro del resto de los grupos para alcanzar la mitad
más uno en la cámara y Sánchez dijo que iba a empezar una ronda de
conversaciones con los partidos, a excepción de Vox. El Salto pudo
confirmar por fuentes de Sumar que esa ronda comenzará esta misma
semana.
Fuentes de
la dirección del Partido Socialista, tras el pleno, han admitido en
conversación con El Salto que uno de los objetivos es generar un debate
prolongado sobre la cuestión de los bulos y su relación con la derecha
política. «Se irán sacando cosas, agregando otras, será largo»,
comentan. Ferraz quiere agudizar las contradicciones con un sector que
clama contra la corrupción con formas cuestionables y un pasado que
condena.
Pero ni
siquiera las nuevas informaciones de espionaje masivo a medio centenar
de diputados de Podemos, como lo acreditó la documentación de la Unidad
de Asuntos Internos de la Policía Nacional (y que informó a la
Audiencia Nacional), han dado bríos a que las medidas incluyan comenzar
a al menos pensar en cómo evitar el ‘lawfare’ y resarcir a sus
víctimas. Parece que ahora no toca.
“En
temas judiciales no nos vamos a meter, no está en este paquete”,
señalaban desde la cúspide de Moncloa, preguntados por El Salto. “Con
estas mayorías en la cámara, no se puede”, concluyen. ¿Están dispuestos
a incorporar algo si lo piden los aliados para sumar sus votos? “Habrá
que verlo”.
La
discusión sobre el contenido del “esqueleto” (la metáfora que utiliza la
vicepresidenta María Jesús Montero cuando explica la presentación del
miércoles), será a través de una comisión conformada por los ministros
Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar) para ponerse de acuerdo
entre sí y reunirse con los socios. Un hecho que en Sumar destacaban en
los pasillos del Congreso el miércoles como hito conseguido. “Es la
primera vez que el PSOE acepta negociar en forma bilateral”, se
regodeaban.
En el
grupo confederal que lidera Yolanda Díaz no descartan nada y aseguran
que insistirán con todo: con incorporar asuntos relacionados al
‘lawfare’ y con profundizar las medidas de regeneración democrática.
Incluso la vicepresidenta ha insistido sobre profundizar en la
intervención en los medios en una comparecencia en un foro de debate el
viernes por la mañana: quiere que se conforme un Consejo Estatal de
Medios. Desde el PSOE fuera de micrófono dan por descartado eso: dicen
que no va a colar y que se ampliarán las competencias de la Comisión
Nacional de Mercados y la Competencia.
Lo
de los medios es un asunto de enorme complejidad porque involucra
varias capas, desde el encaje jurídico de las regulaciones hasta la
disputa por miles de millones de euros en publicidad privada y pública,
ademas del esencial objetivo de garantizar la libertad de expresión y
pluralidad. No parece el PSOE estar por la labor de encarar un debate
que tocará a los poderes fácticos y que puede darle más argumentos
(aunque falaces) a las derechas contra esa entelequia llamada
sanchismo. Algunos socios dejaron caer que no van a apoyar cualquier
cosa, como fue el caso de Aitor Esteban del PNV.
En Ferraz van barruntando algunas ideas. Uno de los encargados de su estrategia comentaba a El Salto un esbozo de iniciativa con respecto a las audiencias. Se piensa que una manera de controlar el dinero es repensando cómo se miden los lectores de los digitales y dejar de considerar una visita de un segundo como un lector único (que en muchos casos son BOT). Pasar a considerar visitas únicas una que supere los diez segundos ya traería modificaciones en las audiencias y en los pagos. Es una idea que circula. El debate recién comienza.
Un cambio urgente
“Esperemos
que esta vez sí podamos”, dijo con una sonrisa nerviosa Sánchez cuando
mencionó que intentará cambiar la ley Mordaza. La sonrisa es porque
en marzo de 2023 se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, con la ya
inexistente Unidas Podemos intentando aglutinar posiciones con ERC y EH
Bildu y al final todo cayó en saco roto. El grupo de Gabriel Rufián se
negaba a apoyar un cambio que no incluyera el fin de las pelotas de
goma y la izquierda abertzale, más proclive a un acuerdo, acabó
plegándose en la misma sintonía.
Informes
de la Comisión Europea, Amnistía Internacional, y decenas de
colectivos y juristas denuestan muchos puntos de la Ley de Seguridad
Ciudadana 04/2015 aprobada cuando el Partido Popular tenía una mayoría
absoluta que hoy es impensable. Ha sido promesa de campaña de Sánchez
en todas sus campañas y forma parte de los dos acuerdos de investidura
que rubricó con Unidas Podemos y con Sumar. No hay más margen para
retrasos.
Pero esta
ley tiene tantas aristas y acaricia tantos grupos de interés que la
convierte en una proposición de trámite nada fácil. Ante todo, está el
marco de las quejas de los sindicatos policiales por su reforma, cada
vez más radicalizados. Aliados del Gobierno apuntan contra el ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska como uno de los interesados en
que no haya prosperado.
Otros,
incluso, señalan al PNV, quien debe gestionar una Ertzaintza que pasa
por uno de sus momentos más conflictivos. Desde Interior ante la
pregunta de El Salto han respondido que los ‘jeltzales’ no son un
obstáculo y que este año habrá reforma sí o sí.
Como
si fuera el día de la marmota, volvemos a los dos escollos: las
pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Desde el Ejecutivo
aseguran que el acuerdo “está bastante avanzado” y que la negociación
se hace a partir de lo que se dejó casi cocinado hace año y medio. En
Sumar también son optimistas.
En
esta trama parlamentaria quien tiene una especial importancia es
Esquerra Republicana, no solo por ser quien hizo caer el trámite
anterior sino por el impacto de su decisión en Bildu y Junts, además
que en las próximas semanas se anunciaría un acuerdo con el PSC para
cogobernar la Generalitat.
Fuentes del grupo republicano aseguran que no van a ceder en esos dos puntos, además de eliminar las faltas por irrespeto a la autoridad y desobediencia que se basen en la presunción de veracidad de lo dicho por los agentes. “En 2014 la Generalitat prohibió el uso de las pelotas de goma y los Mossos han podido desarrollar su labor perfectamente. La excusa del PSOE de que se priva a la policía de una herramienta esencial no se sostiene”, alegan.
Podemos y Junts estaban de acuerdo el año pasado y nada parece indicar que no se sumen si Bildu y ERC consiguen torcer el brazo con los puntos que no prosperaron en aquel entonces. La ley no será derogada en su totalidad porque eso es imposible pero se aspira a trastocar sus partes más lesivas entre sus 54 preceptos, especialmente el artículo 36, que a su ves tiene 27 apartados. Un enjambre que, junto con la negociación de los presupuestos generales que se activará en septiembre, marcará el debate legislativo hasta Navidad.