– Abdeslam Dichakour ha sido agredido, torturado y ha estado desaparecido durante horas en comisarias clandestinas en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental.
– Su madre estuvo encarcelada y desaparecida dos años. Un tío y dos primos se encuentran en prisión por los hechos de Gdeim Izik, el campamento de la libertad.
– La defensa rechazó un intérprete marroquí, amparándose en una recomendación del Defensor del Pueblo .
El Ministerio del Interior ha denegado protección internacional a un activista saharaui de Derechos Humanos perseguido por el régimen marroquí, que mantiene encarcelados a varios miembros de su familia cumpliendo severas condenas por participar en las reivindicaciones del campamento de Gdeim Izik.
La condición de apatrida le ha sido denegada por parte del departamento del que es titular el magistrado Fernando Grande-Marlaska se ha tomado en contra de la recomendación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Abdulsalem Abdullah Khalifa, conocido como Abdeslam Dichakour, de 29 años, se encuentra en la sala de inadmitidos del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a donde llegó procedente de Casablanca (Marruecos).
Solicitó asilo, según costa en su petición, por la persecución que sufre desde hace por las autoridades marroquíes debido a su activismo en pro de los Derechos Humanos, por lo que ha sido detenido en repetidas ocasiones, llegando a ser agredido, torturado y desaparecido durante horas en comisarias clandestinas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Abdeslam forma parte de una familia conocida por su actividad en defensa del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, por el que han sido y siguen siendo perseguidos. Su madre, Fatma Hassana, estuvo encarcelada y desaparecida desde 1979 hasta 1981.
Su tío, Mohamed Hassana Brahim, conocido con el apellido impuesto por Marruecos como Mohamed Bourial, tiene una pena de 30 años de prisión; Mohamed Embarec Ali Salem, un primo hermano, está condenado a 25 años de cárcel, y otro primo, Sidahmed Farachi Lich, cumple cadena perpetua.
Los tres fueron enjuiciados por los hechos de Gdeim Izik, el campamento de la libertad que 20.000 saharauis levantaron en octubre de 2010 a las afueras de El Aaiún -capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización-, para reivindicar sus derechos sociales, económicos y culturales y que fue arrasado un mes después por el ejército y la policía marroquíes.
Adeslam tiene dos hermanos con residencia en España y el mayo lleva quince años sin poder entrar en El Aaiún y visitar a su madre.
La defensa de Adeslam, ejercida por la abogada Idania María Dávila, ha recalcado el hecho de que Adeslam proviene de una familia de activismo histórico perseguida en su totalidad, que sus casas han sido asediadas y se les impide realizar cualquier movimiento, incluido visitar a sus familiares en las cárceles de Marruecos.
Dado que su vida es un continuo enfrentamiento con las autoridades de ocupación, que le impiden cualquier derecho fundamental y le obligan a abandonar su lucha si quiere salvar la vida, se ha visto obligado a solicitar protección internacional.
La letrada indica que la situación de Adeslam es un caso claro de necesidad de protección, al ser un activista conocido en los territorios ocupados y por haber sido castigado severamente por Marruecos simplemente por defender su derecho a la autodeterminación y pertenecer a una familia de activismo histórico, que ha sufrido en sus propias carnes la violación más absoluto de todos sus derechos básicos.
Durante la tramitación de la petición de asilo y condición de apátrida la defensa rechazó la intervención de un intérprete marroquí. Para ello alegó una recomendación del Defensor del Pueblo para que en las solicitudes de protección internacional presentadas por saharauis se establezca la asistencia de intérpretes de hassania (dialecto árabe que se habla en el Sáhara) y que, en todo caso, “se evite la asistencia de interpretes marroquíes”.
Para hacer esta recomendación, la Oficina del Defensor del Pueblo expuso que solicitantes saharauis se habían quejado de que los intérpretes no recogían de forma correcta sus declaraciones al no conocer el hassania, y que manifestaron “una especial desconfianza por el hecho de que fueran de nacionalidad marroquí”.
El Defensor del Pueblo razonó que “en casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad, considerando el enfrentamiento de los respectivos países de origen”.
La defensa del activista saharaui tiene ahora un plazo de dos días reclamar un reexamen de la petición de asilo.