“Nos nos van a acobardar y continuaremos luchando”; fue una de las respuestas -en las redes sociales- del sindicato nacional de Països Catalans COS frente a las agresiones, en forma de pintadas neonazis, aparecidas el 6 de octubre en la persiana de su sede en Valencia; se trata, en concreto, del Casal Obrer i Popular (COiP) emplazado –desde la apertura hace 13 años- en el barrio obrero e intercultural de L’Olivereta.
La Coordinadora Obrera Sindical COS recuerda que, también el 6 de octubre, de 1977, murió asesinado en Alicante, el miembro del Moviment Comunista del País Valencià (MCPV), Miquel Grau, cuando un militante del partido de ultraderecha Fuerza Nueva arrojó un ladrillo durante una pegada de carteles en la que participaba el joven.
“No es la primera agresión que padecemos”, subraya el sindicato, que ha informado sobre la interposición de una denuncia ante la Fiscalía por presunto delito de odio.
Suscribieron el comunicado, además de la COS, las organizaciones Arran; Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC); Internaciema Kolectivista Cirklo; Resistència Feminista y la Assemblea de barri de L’Olivereta.
Con la consigna No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu, la Coordinadora Obrera Sindical (COS); Endavant; Arran; el SEPEC; la CUP y la organización antirrepresiva Alerta Solidària se movilizaron el 9 de octubre (Diada del País Valenciano) a las 18 horas en la plaza San Agustín de Valencia.
En el mismo lugar y con el mismo horario se manifestaron en Valencia miles de personas bajo el lema Som País, parlem valencià; convocó a esta acción la Comissió 9 d’Octubre.
De la Comissió forman parte Acció Cultural del País Valencià (ACPV); la asociación cultural Tirant lo Blanc; Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA); Ca Revolta; CCOO-País Valencià; Compromís; Decidim; Intersindical Valenciana; Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV); Esquerra Unida del País Valencià-IU; Escola Valenciana; la Plataforma per la Llengua; Podemos y la Societat Coral El Micalet.
Las entidades alertaron sobre los efectos de la denominada Ley Rovira (por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, del PP); se trata de la Ley valenciana que regula la Libertad Educativa, de junio de 2024; en materia lingüística la citada legislación “agrava la diglosia institucional y margina el valenciano en los ámbitos educativo, social y administrativo”, denuncia ACPV.
Mediante Resolución de la Conselleria de Educación con fecha 4 de octubre de 2024, la Generalitat ha concedido subvenciones para el fomento del valenciano a instituciones y asociaciones, en los que ha introducido cambios respecto al año anterior; en el caso de ACPV, se ha reducido de 20.688 euros en 2023 a 10.955 en 2024; la fundación Escola Valenciana ha pasado de 18.854 euros en 2023 a 9.239 en el presente año; en cuanto a la Societat Coral El Micalet, de 3.742 euros en 2023 a 2.916 euros en 2024; y el colectivo Estrela Roja de Benimaclet, de 818 euros a 516 durante el mismo periodo.
Mientras, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, destacó el 8 de octubre que el Consell avanza en el impulso de una Ley de Señas de Identidad, que defienda “los símbolos, la lengua y las tradiciones del pueblo valenciano”.
Otro punto criticado en la gestión del derechista PP -que gobernó en el País Valenciano, hasta julio, en coalición con el partido ultraderechista Vox- son los cambios en la radiotelevisión autonómica À Punt (en junio de 2024 las Cortes Valencianas aprobaron la nueva Ley de Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana).
En este contexto, según Acció Cultural del País Valencià, “la modificación de la ley que elimina el consenso para la dirección del ente público supone una amenaza para la pluralidad informativa y el derecho a una información libre y democrática”.
Además no faltaron el 9 de octubre los ataques fascistas en la calle; el colectivo de dolçaineres y tabaleteres Estrela Roja del barrio de Benimaclet difunde, desde 1990, la música tradicional valenciana; al terminar la manifestación del 9 de octubre por el centro de Valencia, un integrante de la colla fue objeto de una agresión; “el compañero se encuentra bien después de pasar por urgencias”, informó la colla.
El 10 de octubre las juventudes de la coalición progresista Compromís informaban, en las redes sociales, sobre la presentación de un escrito a la Fiscalía con tres denuncias: saludos nazis durante la Procesión Cívica (oficial) de la mañana; los insultos de carácter homófobo a militantes de la organización; y las amenazas recibidas durante la mañana del 9 de octubre.
Adjuntaron fotografías con individuos que aparecían con el brazo en alto, realizando el saludo fascista; además con banderas rojigualdas y enseñas valencianas –coronadas con la franja azul- y en algunos casos con el rostro embozado; frente a ellos podía observarse una valla metálica y el dispositivo de la Policía Nacional.
Una nota informativa de ACPV hizo referencia a los hechos: “Al final de la manifestación (del 9 de octubre) no se ha garantizado la seguridad, y una persona ha sufrido una agresión en la calle Castelló de Valencia, acompañada por el grito ‘guarro de mierda’”.
Entre los episodios más notables de violencia fascista en los últimos años, destacan los ocurridos el 9 de octubre de 2017 en Valencia; agencias, medios y canales televisivos detallaron que grupos de ultraderecha propinaron un golpe en la cara a un ciudadano y a otro en las piernas; a las embestidas se sumaron los insultos a manifestantes valencianistas y de izquierda; asimismo fueron víctimas de los ataques trabajadores de los medios de comunicación.
Los hechos llegaron a los tribunales, y el pasado 24 de febrero la mayor parte de los sujetos procesados –un total de 28, en la Audiencia Provincial de Valencia- aceptaron penas comprendidas entre los 12 y 24 meses de prisión; en concreto por delito contra los derechos fundamentales, a lo que se agregaba las multas por delitos de lesiones, y las órdenes de alejamiento respecto a las organizaciones convocantes de la marcha del 9 de octubre de 2017.
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