La Comunidad Valenciana está sufriendo una desgracia que nos tiene conmocionados a todos los españoles.
Además de sentirnos solidarios emocionalmente, muchas personas prestamos ayuda material de la manera en que podemos. Pero con ella no es suficiente. Ni tan siquiera con la que están proporcionando algunas empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o colectivos de todo tipo. Es imprescindible que el Estado intervenga y proporcione los recursos extraordinarios que precisa una catástrofe extraordinaria.
Así lo ha entendido el gobierno de la Generalitat valenciana que acaba de solicitar al central 31.402 millones de euros, más de lo que representa su presupuesto anual. Una cantidad enorme de dinero que incluso puede que ni siquiera sea suficiente para que se recupere allí la normalidad, la vida económica y el patrimonio que han perdido miles de valencianos.
Sin embargo, los dirigentes valencianos, como todos los de PP y Vox, no paran de decir que hay que reducir la financiación del Estado bajando los impuestos y poniendo en práctica esa idea allí donde gobiernan.
Y así es como se da una triste coincidencia. Bajo el mandato de quienes ahora reclaman al gobierno central la mayor ayuda solicitada en cualquier momento por una comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana será la autonomía que más dinero deje de ingresar en 2024 por la reducción de impuestos como el tramo autonómico del IRPF o el de Sucesiones y Donaciones. En total, 495 millones de euros por esos conceptos, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y a los que hay que añadir los que también perderá por la reducción de otros impuestos, como el que recae sobre bienes inmuebles (IBI), o de algunas tasas municipales.
El gobierno de la derecha y extrema derecha valencianas que recurre ahora al Estado lleva meses desmantelándolo y quitándole recursos, porque el Estado no es sólo el gobierno central, sino también el conjunto de las administraciones territoriales y entre ellas las valencianas.
El PP y Vox (y, en realidad, las miles de personas que los llevaron al gobierno con sus votos conociendo esas ideas) piden ahora dinero al Estado a quien no desean financiar; solicitan militares, bomberos, policías, sanitarios, servicios y personal de emergencias… cuando están dedicando cada día que pasa menos recursos para mantener sus servicios o pagarles su sueldo. No se olvide: para la derecha y la extrema derecha valencianas una unidad de emergencias es «un chiringuito» que eliminaron, como primera medida, cuando comenzaron a gobernar.
Si la derecha y la extrema derecha hicieran todo esto, desmantelar servicios públicos esenciales, para ahorrar o por simple ignorancia o incompetencia hasta se les podría perdonar. Lo que no tiene perdón es que lo hagan para beneficiar a un puñado de grandes empresas privadas, a la banca y a las personas más ricas que son los únicos que, de verdad, se benefician cuando se bajan los impuestos y se deja de financiar al Estado en la medida de lo necesario para el conjunto de la sociedad