Cuatro expertos independientes de las Naciones Unidas instaron a los senadores de Estados Unidos a oponerse a la legislación aprobada a principios de enero en la Cámara de Representantes que sancionaría a miembros de la Corte Penal Internacional después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra líderes israelíes por presuntos crímenes contra la humanidad en Gaza.
El proyecto de ley HR 23, la Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos –presentado por los representantes Chip Roy (republicano por Texas) y Brian Mast (republicano por Florida)– fue aprobado por la Cámara de Representantes con un fuerte apoyo bipartidista. 45 demócratas se sumaron a los 198 republicanos que votaron a favor del proyecto de ley, que de ser aprobado por el Senado y firmado por el Presidente “impondría sanciones con respecto a la Corte Penal Internacional (CPI) que participe en cualquier esfuerzo por investigar, arrestar, detener o procesar a cualquier persona protegida de los Estados Unidos y sus aliados”.
A principios de este año, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley similar que no logró ser aprobado por el Senado, controlado por los demócratas. La cámara alta está ahora bajo control republicano.
En respuesta a la propuesta, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados; Francesca Albanese , relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; y Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, dijeron en una declaración:
“Resulta chocante ver a un país que se considera defensor del Estado de derecho intentando obstaculizar las acciones de un tribunal independiente e imparcial creado por la comunidad internacional para impedir la rendición de cuentas. Las amenazas contra la CPI fomentan una cultura de impunidad y ponen en ridículo la lucha que se ha prolongado durante décadas para poner la ley por encima de la fuerza y las atrocidades”.
“La labor incansable de los valientes profesionales del derecho en la CPI es el principal motor de la rendición de cuentas. La labor de sus fiscales se convierte en la base sobre la que se sustentan nuestros esfuerzos por defender la integridad del sistema de derecho internacional. Hacemos un llamamiento a todos los Estados Partes de la CPI y a todos los Estados miembros en general a que observen y respeten las normas internacionales en lo que respecta a los profesionales del derecho que trabajan para lograr la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves”.
Aunque ni Israel ni los Estados Unidos son partes del Estatuto de Roma, el tratado que sustenta la CPI y que ha sido ratificado por 125 naciones, Palestina es signataria y los crímenes cometidos allí por países no signatarios aún pueden ser procesados.
En noviembre, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quienes ordenaron el “asedio total” de Gaza que, según los expertos, es el responsable de la hambruna desenfrenada , las enfermedades y la privación de necesidades humanas básicas como alimentos, agua, medicinas y refugio, que ha provocado que los palestinos, en su mayoría bebés y niños, mueran por causas evitables como la desnutrición, las enfermedades y la hipotermia.
Las órdenes de arresto se dictaron por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza. La CPI también emitió una orden de arresto contra el líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, así como por el secuestro y abuso de rehenes israelíes e internacionales.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ataque israelí contra Gaza, que duró 463 días, ha matado a más de 46.500 palestinos. Sin embargo, es posible que se trate de un recuento muy por debajo de la cifra real. Un estudio revisado por pares publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet concluyó que sólo entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024 más de 64.000 habitantes de Gaza fueron asesinados por las fuerzas israelíes.
La Corte Internacional de Justicia está considerando actualmente un caso de genocidiocontra Israel presentado por Sudáfrica y apoyado por numerosos países, el más reciente de los cuales fue Irlanda.
La administración Biden y la mayor parte del Congreso se oponen a las órdenes de arresto de la CPI, al igual que el Presidente electo republicano Donald Trump, cuyo candidato para asesor de seguridad nacional, el representante Mike Waltz (republicano por Florida), ha amenazado con una “respuesta enérgica” a la CPI por su decisión de llevar a los líderes israelíes ante la justicia.
Los expertos de la ONU afirmaron que “las normas internacionales establecen que los abogados y el personal judicial deben poder desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas; y no deben sufrir ni ser amenazados con procesamientos o sanciones administrativas, económicas o de otra índole por cualquier acción adoptada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”.
“Instamos a los legisladores estadounidenses a defender el estado de derecho y la independencia de los jueces y abogados –agregaron–, y llamamos a los Estados a respetar la independencia del tribunal como institución judicial y proteger la independencia e imparcialidad de quienes trabajan en el tribunal”.
* El artículo se publicó en Common Dreams.
Fuente de la traducción: https://www.elcohetealaluna.com/cultura-de-impunidad/