Víctimas del GAL o familiares de estas van a presentar una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro de Interior español José Barrionuevo. Sus abogados instan a que la Audiencia Nacional la acepte y emprenda una investigación, al estimar q.ue hay pruebas sólidas que le incriminan
Un total de 18 personas, víctimas directas del GAL o familiares de las mismas, rubrican como acusación particular una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro de Interior español José Barrionuevo que van a presentar la próxima semana y de la que han dado cuenta este viernes en Bilbo. En ella, se insta a la Audiencia Nacional a que investigue todo lo que rodeó en la década de los años 80 del pasado siglo el Plan ZEN a cuyo amparo se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.
En la comparecencia que ha tenido lugar en un céntrico hotel de la capital vizcaina han estado algunas de las personas que firman la querella como Edurne y Tere Brouard Aldamiz, hijas de Santi Brouard, muerto en 1984; Bego Galdeano Prieto, hija de Xabier Galdeano, muerto en 1985; Lourdes Oñederra Bergara, hermana de Ramón Oñederra, muerto en 1983; Axun Lasa Arostegi, hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y ejecutado en 1983; Josu Amantes Arnaiz, herido de gravedad por los GAL en 1985; y Amaia Egileor Aldatz, hija del refugiado Fernando Egileor, herido en atentado en 1985.
Los abogados que llevan el caso han asegurado que tienen entre manos pruebas «muy sólidas», y entre los testigos que se proponen se encuentra quien fuera presidente del Gobierno español en aquel tiempo, Felipe González, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el periodista Melchor Miralles.
Los letrados Maddi Bilbao y Oskar Sánchez han subrayado que ahora le toca al Juzgado Central de Instrucción aceptar su petición e iniciar la investigación. En caso contrario, acudirán a instancias internacionales. En su opinión, un Estado que se dice de Derecho no puede mirar para otro lado ante una iniciativa de estas características ante unos hechos tan graves.
Al personarse como acusación particular, han apuntado, tendrán la posibilidad de promover la investigación que hasta ahora la judicatura española no ha hecho. Han incidido en el papel jugado por el titular de Interior entre 1982 y 1988, que a los pocos meses de acceder al cargo presentó el Plan Zen «como instrumento de lucha contra el terrorismo» y como está probado por varios tribunales la relación de altos cargos del Gobierno español con el GAL.
En la querella se destacan los ataques contra ciudadanos vascos que tenían la condición de refugiados en Ipar Euskal Herria, que se saldó con la muerte de 17 de ellos, además de otras 10 personas con nacionalidad francesa. A juicio de los abogados, en lo que se plasmó aquella estrategia gubernamental tiene la calificación jurídica clara de delito de lesa humanidad.
«Por las características de este tipo de delito, estamos en el momento de investigar a través del correspondiente proceso judicial, ya que este delito no ha prescrito, a pesar de que el señor Barrionuevo lo pensó así, en la entrevista concedida en ‘El País’ en el año 2022, además de reconocer la existencia de la guerra sucia, reconoció su responsabilidad en la llamada guerra sucia», han expuesto, destacando que, por ejemplo, Barrionuevo admitió su relación con el secuestro del refugiado Jose Mari Larretxea, en 1983 en Hendaia, hechos por los que nunca ha sido investigado.
Edurne Brouard y Bego Galdeano han recordado los más 40 años transcurridos desde los atentados que acabaron con la vida de sus respectivos padres y la poca confianza en la justicia española para esclarecerlos. Han rememorado que, después de la entrevista de José Barrionuevo en ‘El País’ en noviembre de 2022, denunciaron la «carga humillante» de las palabras del exministro, «la revictimización que nos produjo, el daño gratuito y la indefensión generada».
«Barrionuevo asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas, que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y otras formas represivas al margen de la legalidad, vulnerando los derechos humanos de muchas personas en este país. Que bajo sus órdenes actuaban como ejecutores miembros de las FSE y mercenarios a sueldo, a los que se refirió como compañeros que disparan desde su trinchera», han manifestado.
Entonces, la Fiscalía no actuó de oficio, aunque el entonces lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció públicamente asistencia económica si decidían iniciar la vía judicial. Ahora que gracias al impulso de Egiari Zor Fundazioa y Giza Eskubideen Behatokia lo van a hacer, esperan que el Gobierno de Imanol Pradales mantenga esa invitación.
«No ha sido una decisión fácil»
«No ha sido una decisión fácil, la justicia hasta el día de hoy no ha hecho gran cosa para llegar a la verdad de todos estos hechos, ni para señalar a sus responsables, ni para establecer los niveles de responsabilidad. Más bien todo lo contrario», han lamentado.
Ante esta nueva oportunidad de reclamar verdad y justicia, que se les ha negado hasta ahora, Brouard y Galdeano han dicho confiar en que la vía que se ha abierto les permita llegar «a un escenario en el que esa voluntad exista y algunos personajes como Barrionuevo Peña pasen a la historia como lo que son, verdaderos criminales que utilizaron su poder político y gubernamental para violar derechos humanos».
«Hace más de una década empezamos a trabajar entre diferentes para construir un marco integral de convivencia democrática, años en los que algunas de nosotras hemos dado más de lo que podíamos. Invocando a ese objetivo común creemos que es inaceptable y que debemos actuar para poner fin a estos intentos de blanqueamiento y justificación de los crímenes cometidos desde los aparatos del Estado», han señalado.
«La verdad no prescribe y el dolor tampoco»
«La verdad no prescribe y el dolor tampoco», han remarcado ambas, incidiendo en que Barrionuevo sabe más de lo que ha contado y es necesario que se abra una oportunidad para que un tribunal determine las responsabilidades que no se han asumido hasta el momento.
Por parte de Agus Hernán, coordinador de Giza Eskubideen Behatokia, se ha explicado que esta querella que promueven sigue la senda de las presentadas por las torturas a Txomin Letamendi o la ejecución extrajudicial de Josu Mujika. «Es una evidencia que hasta ahora el Estado ha encubierto y dotado de la más absoluta impunidad a los perpetradores de estos delitos que operaron bajo su responsabilidad, lo que ha generado una revictimización inaceptable a las familias de víctimas aquí reunidas», ha manifestado.
Hernán ha dicho que el caso de José Barrionuevo es paradigmático. «En 1998 el Tribunal Supremo le declaró culpable de diversos delitos como responsable de la ‘guerra sucia contra ETA’ practicada por los GAL. Solamente pasó tres meses en prisión, al recibir un indulto parcial que le redujo a un tercio la condena, y disfrutó de una modalidad especial de tercer grado penitenciario que le eximía de pernoctar en prisión», ha recordado.
«Es evidente que nunca ha sido investigado ni juzgado por toda la extensión de su actuación y su responsabilidad, recientemente asumidas», ha añadido, subrayando que no les mueve una justicia de carácter punitivista, al entender que «no genera una convivencia democrática y dificulta dar pasos hacia la reconciliación».
«Barrionuevo ha pasado del negacionismo a la autojustificación, legitimando lo ocurrido y arrogándose la responsabilidad que en ello ha tenido concretamente», ha remarcado para justificar su participación en la querella junto a Egiari Zor Fundazioa.