La indignación y la resistencia ante las políticas de intimidación de Trump, las deportaciones masivas y las represalias económicas se extienden por América Latina, aunque los grandes medios de comunicación apenas les presten atención. En contraste, es bien conocido la resistencia proveniente de Canadá y Europa Occidental, así como las protestas en las calles y las asambleas de ciudadanos en Estados Unidos, además de la gira “Luchando contra la oligarquía” protagonizada por Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.
La oposición a las políticas de Trump en América Latina adopta múltiples formas. En algunos países, como es el caso de México, los presidentes han forjado un frente común en torno al tema de los aranceles, que incluye a empresarios destacados y a algunos líderes de la oposición. Por su parte, mandatarios como Lula en Brasil impulsan iniciativas diplomáticas con el objetivo de consolidar una postura latinoamericana unificada frente a las medidas de Trump, fortaleciendo organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El repertorio de resistencia también incluye movilizaciones callejeras. La más reciente se llevó a cabo el 12 de abril, cuando ciudadanos panameños salieron a las calles en rechazo a la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), uno de los principales convocantes, denunció los planes encubiertos de Washington para establecer cuatro bases militares en el país. Las manifestaciones intimidaron al presidente derechista José Raúl Mulino. Aunque Frenadeso lo tildó de “traidor”, Mulino advirtió a Hegseth sobre los riesgos de llevar adelante la iniciativa. “¿Quieren armar un lío?”, le dijo, y agregó: “Lo que se ha montado aquí podría prender fuego al país”.
Frenadeso también denunció la capitulación de Mulino ante las presiones de Washington, que condujo a la salida de Panamá de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China.
Tres temas alimentan la resistencia contra Trump en América Latina: los aranceles, las deportaciones y la política de exclusión promovida por Washington. Esta última abarca tanto el aislamiento de Cuba y Venezuela del concierto de naciones latinoamericanas como la retórica y las acciones destinadas a expulsar a China del continente.
Las políticas de Trump también han intensificado la polarización que enfrenta a los gobiernos de izquierda y centroizquierda con una ultraderecha estrechamente alineada con Washington y, en particular, con el propio Trump. La indignación provocada por sus declaraciones incendiarias sobre el Canal de Panamá y el Golfo de México, así como su política de deportaciones masivas y aranceles, no hace sino fortalecer a las fuerzas progresistas latinoamericanas en detrimento de la derecha.
También estimulan el sentimiento antiestadounidense, que, según el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto, “está cobrando nueva vida en América Latina”. Spinetto señala que “la dureza de su política de ‘lo tomas o lo dejas’… dará un nuevo impulso al antiamericanismo…, debilitando el interés en cooperar y establecer objetivos comunes”.
En una muestra contundente de repudio a una de las muchas medidas infames adoptadas por la administración Trump, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, agradeció la labor del personal médico internacional cubano por su asistencia durante la pandemia de COVID-19. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció sanciones contra funcionarios del gobierno y sus familiares por su presunta “complicidad” en la promoción de las misiones médicas cubanas. La medida también amenaza con imponer restricciones comerciales a los países que colaboren con dichas misiones. Mottley afirmó que no cederá en su defensa de la cooperación médica cubana y agregó: “Si el costo de ello es perder mi visa para ingresar a Estados Unidos, que así sea. Lo que nos importa son los principios.”
Para colmo de males para Marco Rubio, durante una sesión conjunta celebrada en Jamaica, justo después de que el secretario de Estado elogiara las sanciones contra las misiones médicas cubanas, el primer ministro Andrew Holness lo desestimó, en efecto, con una declaración contundente. “En lo que respecta a los médicos cubanos en Jamaica, seamos claros: los médicos cubanos han sido increíblemente útiles para nosotros”, afirmó Holness. Declaraciones similares fueron formuladas por los primeros ministros de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Derrota en la OEA
El 10 de marzo, Albert Ramdin, de Surinam, fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la retirada de su único contendiente, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano. Los principales medios de comunicación internacionales en gran medida se guiaron por la afirmación del enviado de la Casa Blanca para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien aseguró que “el secretario general de la OEA será un aliado de Estados Unidos”. Claver-Carone agregó que el gobierno surinamés de Ramdin “va por el camino correcto en lo económico… está atrayendo inversiones extranjeras que no provienen de China”. Nada más alejado de la realidad. Ramdin se opone a las sanciones impuestas por Washington y defiende el diálogo con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Muy distinto es el caso de su rival Ramírez, quien había prometido impulsar un “cambio de régimen” en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Además, China, en su calidad de país observador ante la OEA, respaldó la candidatura de Ramdin, mientras que los gobiernos de derecha y pro-Trump de Argentina y El Salvador apoyaron a Ramírez. Ramdin defiende la política de “una sola China”. Durante una visita a Pekín en 2006, declaró que su objetivo era “ampliar y profundizar” la relación entre China y la OEA, una estrategia que, evidentemente, sigue apoyando. En contraste, Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.
Ramdin debe su nominación no solo al respaldo unánime de las naciones caribeñas, sino también al apoyo conjunto de los gobiernos progresistas de Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia y Chile. Según se informó, la iniciativa de Lula respondió al viaje de Ramírez a Washington, donde sostuvo reuniones con asesores de Trump, tras lo cual se trasladó a Mar-a-Lago. Allí posó para fotografías con el propio Trump y Elon Musk, imágenes que fueron interpretadas como un respaldo virtual a su candidatura a la Secretaría General de la OEA.
A pesar de las felicitaciones de Marco Rubio, el reemplazo del incondicional de Washington, Luis Almagro, por Albert Ramdin como secretario general de la OEA seguramente no fue bien recibido por el gobierno de Donald Trump. La prensa de derecha fue más explícita. El portal argentino Derecha Diario advirtió que Ramdin, con una “preocupante trayectoria alineada con el socialismo… representa una amenaza para la independencia de la OEA y busca favorecer a los regímenes dictatoriales de izquierda en América Latina”. El artículo también afirmó que Ramdin ha reconocido que “las misiones diplomáticas de Surinam… trabajan ‘mano a mano’ con las de China”. Esta misma narrativa ha sido impulsada por el congresista republicano Chris Smith, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC).
Si el pasado sirve de guía, no sería sorprendente que la administración Trump intente chantajear a la Organización de Estados Americanos (OEA) con la amenaza de recortar sus aportes financieros, que actualmente representan el 60 por ciento del presupuesto del organismo. De hecho, algunos asesores del presidente han planteado en privado esa posibilidad. Por cierto, Washington ya ha congelado sus “contribuciones voluntarias” a la OEA, lo que podría ser el primer paso en esa dirección. La eventual retirada total de Estados Unidos de una organización que considera hostil convergería con la visión del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha abogado por sustituir a la OEA por una organización latinoamericana inspirada en la Unión Europea.
Desafiando al Hegemón
Después de que Trump anunció un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas y canadienses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó una manifestación para el 6 de marzo en la plaza central de Ciudad de México con el fin de anunciar medidas de represalia. Aunque Trump pospuso la medida, Sheinbaum decidió llevar a cabo la concentración de todos modos, y la transformó en un festival para celebrar el repliegue de Washington.
Frente a una multitud estimada en 350,000 personas —algunas de las cuales portaban pancartas con lemas como “¡México se respeta!”— la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “No somos extremistas, pero tenemos claro que… no podemos ceder nuestra soberanía nacional… por decisiones de gobiernos extranjeros o potencias hegemónicas”.
El enfrentamiento con Trump ha contribuido a forjar un “frente común”, en palabras de Francisco Cervantes Díaz, presidente del principal organismo empresarial del país, quien aseguró que al menos 300 empresarios asistirían al mitin del 6 de marzo. También participaron en la movilización algunos miembros de la oposición mexicana.
Pero los dos principales partidos tradicionales del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), se negaron a cerrar filas con la presidenta. Desde un principio, responsabilizaron a la política antidrogas del partido gobernante MORENA de haber provocado las medidas adoptadas por Trump. Posteriormente, la abanderada del PRI-PAN, Xóchitl Gálvez, calificó de “desacertada” la amenaza de Sheinbaum de imponer aranceles de represalia. El episodio, en el que un “frente común” en torno a la presidenta se enfrenta a una oposición endurecida, es una muestra más del alto grado de polarización que atraviesa la política en toda la región.
La firmeza de Sheinbaum tuvo un fuerte eco en México, donde su nivel de aprobación alcanzó el 85 por ciento. Su reacción frente a Trump contrastó marcadamente con la actitud sumisa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien acudió de inmediato a Mar-a-Lago tras el anuncio inicial de los aumentos arancelarios por parte de Washington. También el presidente panameño José Raúl Mulino sucumbió ante la presión.
La actitud civilizada de Sheinbaum, reflejada en el lenguaje mesurado que empleó, marcó la pauta para otros presidentes progresistas de la región. Al referirse a su estrategia, afirmó que “siempre es importante mantener la cabeza fría” al tratar con Trump. Su enfoque, basado en el pragmatismo y la flexibilidad, pero sin renunciar a la dignidad, contrastó con la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, quien inicialmente arremetió contra la política de deportaciones de Trump, pero luego dio marcha atrás.
Inmediatamente después del anuncio inicial de aranceles por parte de Trump, Lula y Sheinbaum sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer a la CELAC como una alternativa a los vínculos comerciales con Estados Unidos. Al igual que Sheinbaum, Lula combinó la cautela con la firmeza; en un momento llegó a calificar a Trump de “bully”.
El activismo internacional de Lula tiene como objetivo promover una respuesta multilateral frente a la ofensiva arancelaria de Trump. A fines de marzo, viajó a Japón para recabar respaldo a un acuerdo aduanero propuesto entre ese país y el bloque del MERCOSUR, conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El enfoque colectivo que proponen los gobiernos progresistas de América Latina frente a los aranceles excesivos, con Lula a la cabeza, contrasta de forma tajante con los acuerdos bilaterales impulsados por Estados Unidos en la región desde 2005. Fue precisamente en ese año cuando los presidentes progresistas latinoamericanos, liderados por Hugo Chávez, asestaron un golpe letal al multilateralismo estilo norteamericano en la forma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para disgusto del entonces presidente George W. Bush.
La polarización que enfrenta a los gobiernos progresistas, partidarios de la integración latinoamericana, y a aquellos de derecha, alineados con Washington mediante acuerdos bilaterales de libre comercio, se hizo plenamente visible en la cumbre de la CELAC celebrada en Honduras en abril. Los presidentes de derecha de Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador brillaron por su ausencia, mientras que sus homólogos del espectro progresista —representando a Cuba, Colombia, México, Uruguay, Honduras y Venezuela— participaron activamente.
Especialmente significativa fue la insistencia de Lula en que los países de la región se desvinculen del dólar mediante el comercio en monedas locales. En una clara alusión a Trump, Lula afirmó: “Cuanto más unidas estén nuestras economías, más protegidos estaremos frente a acciones unilaterales”. Aún más explícita fue la anfitriona de la cumbre, Xiomara Castro de Zelaya, quien declaró: “No podemos salir de esta asamblea histórica… sin debatir el nuevo orden económico que Estados Unidos nos está imponiendo con aranceles y políticas migratorias”.
Los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Santiago Peña, se reunieron por separado en Asunción para rechazar la postura unificada de la CELAC en materia arancelaria. Sus respectivos representantes en la cumbre se negaron a firmar el documento final, denominado “Declaración de Tegucigalpa”, en el que se expresaba el rechazo a las sanciones internacionales unilaterales y a los aranceles impuestos por Donald Trump.
Ambas naciones objetaron el uso del término “consenso suficiente” por parte de Xiomara Castro para referirse al respaldo obtenido por la Declaración en la cumbre. Alegando que dicha expresión no existe en el derecho internacional, Paraguay cuestionó si el documento final pudiera emitirse en nombre de la organización e insistió, sin éxito, en que se reconociera oficialmente la postura disidente de ambos países. La cuestión de la idoneidad del término “consenso suficiente” fue retomada por sectores de derecha en toda la región. Pero el debate trascendió lo semántico: la intención era claramente desacreditar —cuando no sabotear— los esfuerzos encaminados a consolidar la unidad latinoamericana.
La polarización que perjudica a la derecha
Las políticas de Trump han intensificado la extrema polarización en América Latina, desplazando a la centro-derecha tradicional y dando paso a una ultraderecha cada vez más influyente, al mismo tiempo que la izquierda ha ganado terreno en algunos países. Un caso emblemático es el de Venezuela. La deportación de 238 venezolanos desde Estados Unidos a una cárcel abarrotada en El Salvador, y de otros a Guantánamo, ha provocado indignación entre los venezolanos.
Algunos han salido a las calles a protestar, incluidos decenas de familiares que portan fotografías de las víctimas. Un cartel típico dice: “Jhon William Chacín Gómez – Es inocente”. La esposa y la hermana de Chacín Gómez declararon a la prensa que su único “delito” eran sus tatuajes. En una muestra de solidaridad con Venezuela y en desafío al clima represivo que impera en el país, manifestantes en El Salvador también exhiben pancartas con imágenes de presos venezolanos. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a una “Venezuela unida para rechazar y protestar en las calles” contra lo que calificó como el “secuestro” de inmigrantes venezolanos.
El tema ha puesto en aprietos a la derecha venezolana, encabezada por María Corina Machado. Ella es plenamente consciente de que incluso la más leve crítica a la política de deportaciones de Trump podría costarle el respaldo del mandatario. Por tal motivo, ha expresado un firme respaldo a Trump en este asunto. “Respetamos las medidas tomadas en el marco de la ley por gobiernos democráticos como el de Estados Unidos… para identificar, detener y sancionar al Tren de Aragua, y confiamos en el estado de derecho que impera en esas naciones democráticas”, declaró. Machado califica a la banda del Tren de Aragua como “el brazo ejecutor del régimen de Maduro”, reforzando así la narrativa de Trump que demoniza a los inmigrantes venezolanos.
El tema de las deportaciones ha profundizado aún más las divisiones dentro de la oposición venezolana. El sector más radical, que respaldó inicialmente la candidatura de María Corina Machado y luego la de su sustituto Edmundo González, se encuentra ahora fracturado. En abril, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles fue expulsado de uno de los principales partidos del país, Primero Justicia, debido a sus diferencias con Machado. Una de ellas gira en torno a las deportaciones. En relación con los venezolanos deportados, Capriles se preguntó: “¿Cuál es su delito? ¿Cuál es el criterio para probarlo?”. Acto seguido, exigió “respeto a los derechos humanos” y calificó de “inaceptable” la práctica de estigmatizar a todos los migrantes venezolanos como delincuentes.
José Guerra, dirigente de la oposición venezolana, me dijo: “No cabe duda de que el asunto de las deportaciones de los venezolanos está desempeñando un papel fundamental en la división de la oposición en dos bloques”.
El tema de las deportaciones es un ejemplo más de cómo las políticas de Trump debilitan – aunque sea de forma involuntaria – a la derecha latinoamericana y, en consecuencia, terminan favoreciendo a la izquierda.
La ironía de la Doctrina Monroe de Trump
Resulta irónico que el presidente del siglo 21 que proclama la Doctrina Monroe como piedra angular de la política de Estados Unidos hacia el sur del continente sea, al mismo tiempo, quien más ha alejado a América Latina de Washington. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, se han sucedido una serie de hechos que auguran un deterioro aún mayor de las relaciones hemisféricas: la elección de un secretario general de la OEA que no comparte los objetivos del mandatario norteamericano, lo que podría desembocar en la retirada de fondos por parte de Washington o incluso su salida total del organismo; declaraciones de Trump que revelan una total insensibilidad frente al sentimiento nacionalista que predomina en la región; la utilización de los aranceles como arma política, con medidas especialmente duras contra Venezuela y Nicaragua que, a su vez, envían un mensaje de advertencia a gobiernos progresistas como los de Brasil, Colombia y Uruguay; la desarticulación de programas de asistencia exterior; y las deportaciones de inmigrantes a cárceles en países extranjeros. Además, la encarnizada campaña anti-China, que invoca la Doctrina Monroe, choca con la realidad de la expansión económica de China en el continente.
Si América Latina se aleja del campo estadounidense, no puede atribuírsele toda la culpa a Trump. Su actitud intimidatoria y hostil no hace más que acentuar el intervencionismo que históricamente ha caracterizado las acciones de Washington al sur del río Bravo. Los gobiernos progresistas de la región están hoy más decididos que nunca a ponerle freno.
Steve Ellner es editor asociado de la revista Latin American Perspectives y profesor jubilado de la Universidad de Oriente en Venezuela, país en el que residió durante más de cuarenta años. Su libro más reciente es Latin American Social Movements and Progressive Governments: Creative Tensions Between Resistance and Convergence, del cual es coeditor.
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