Una gran limusina Cadillac con matrícula de Jersey estaba aparcada al final de la manzana. Pocos vecinos de East Harlem tenían coche, y mucho menos uno nuevo. Curioso, pregunté a los niños de la calle qué pasaba. Me explicaron con naturalidad que los mafiosos venían cada semana a recoger el dinero de la droga. Más tarde encontré un parque infantil que cada noche se convertía en un auténtico mercadillo de narcóticos. Si un blanquito de los suburbios y unos niños de tercero de primaria podían descubrir el comercio ilícito, me preguntaba por qué las autoridades, que habían empapelado la ciudad con carteles de «Mantengamos Nueva York libre de drogas», no podían hacer lo mismo.
Eso fue a finales de la década de 1960, y todavía me pregunto por qué Estados Unidos —el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, el mayor blanqueador de dinero ilícito procedente de las drogas y el principal proveedor de armas a los cárteles— no ha resuelto estos problemas.
Una cosa está clara: el problema de las drogas se proyecta sobre América Latina. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, advirtió sobre «malvados narcoterroristas que intentan envenenar nuestra patria». La interceptación de drogas se ha convertido en un arma para imponer la dominación imperial, sobre todo contra Venezuela.
Desde que Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela en 1998 e inició la Revolución Bolivariana —un movimiento que catalizó la Marea Rosa en América Latina y galvanizó una ola contrahegemónica a nivel internacional—, Washington ha intentado aplastarla. En 2015 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a Venezuela de ser una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense cuando, en realidad, sucedía al contrario: Estados Unidos era quien amenazaba a Venezuela.
Obama impuso medidas coercitivas unilaterales, eufemísticamente denominadas «sanciones». Cada administración posterior renovó y, en diversos grados, intensificó las sanciones, que son ilegales según el derecho internacional, en un esfuerzo bipartidista. Pero el objetivo imperialista de cambiar el régimen se vio frustrado por el liderazgo político del presidente venezolano Nicolás Maduro, en colaboración con el pueblo del país y en firme alianza con sus fuerzas armadas.
Ahora que las draconianas sanciones han «fracasado» en su intento de cambiar el régimen, el presidente Trump ha enviado una armada de buques de guerra, aviones furtivos F-35 y miles de soldados para aumentar la presión.
El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió: «Lo que Washington quiere es controlar la riqueza de Venezuela, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo. Esa es la razón por la que Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, aviones, misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas con el pretexto de luchar contra el narcotráfico».
Maduro sostiene que su país está libre de producción y procesamiento de drogas, citando informes de las Naciones Unidas, la Unión Europea e incluso la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). El presidente venezolano también podría haber hecho referencia a las conclusiones de las propias agencias de seguridad de Trump, que lo exoneran de la acusación de dirigir el cártel de drogas Tren de Aragua.
Y, respecto a la colusión con los cárteles de la droga, Maduro podría haber comentado sobre la propia DEA, que fue expulsada de Venezuela en 2005 por espionaje. A pesar de ello, la DEA ha seguido construyendo en secreto casos de tráfico de drogas contra los líderes de Venezuela, violando deliberadamente el derecho internacional, según un informe de Associated Press.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, destaca que la DEA «tiene conexiones conocidas con el mundo del narcotráfico». Por ejemplo, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que al menos diez agentes de la DEA en Colombia participaban en repetidas «fiestas sexuales» con prostitutas pagadas por los cárteles de la droga locales. En 2022, la DEA destituyó discretamente a su jefe en México por mantener contactos indebidos con los cárteles. Esto pone de relieve una tendencia preocupante: la presencia de la DEA tiende a coincidir con una importante actividad relacionada con las drogas, pero no la elimina.
Estados Unidos «no está interesado en abordar el grave problema de salud pública al que se enfrentan sus ciudadanos debido al elevado consumo de drogas», nos recuerda Maduro. Señala que los beneficios del narcotráfico permanecen en el sistema bancario estadounidense. De hecho, los estupefacientes ilícitos son una importante industria en Estados Unidos. Una investigación de la RAND Corporation, financiada por el Ejército de Estados Unidos, revela que los estupefacientes se sitúan junto con los productos farmacéuticos y el petróleo/gas como las principales materias primas de Estados Unidos.
El exdirector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pino Arlacchi, comentó: «Estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca he estado en Venezuela; simplemente no había necesidad». Añadió: «La cooperación del Gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica; solo se puede comparar con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Trump de «Venezuela como narcoestado», suena a calumnia motivada geopolíticamente». El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU, de la organización que él dirigía, cuenta una historia opuesta a la difundida por la administración Trump.
Según Arlaachi, si hay algún país latinoamericano al que se deba apuntar, ese es Ecuador, aliado de Estados Unidos y actualmente el principal exportador mundial de cocaína, que utiliza barcos bananeros propiedad de la familia del amigo de Trump, el presidente derechista Daniel Naboa.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señala que, si existe alguna «alianza» con los cárteles, esta se encuentra «en las armerías estadounidenses», y destaca cómo las armas de fuego yanquis alimentan la violencia de los cárteles. Insta a Washington a que examine su propia demanda de drogas y su laxitud en la aplicación de la ley. Si Estados Unidos realmente quisiera frenar el fentanilo, «podría combatir la venta de narcóticos en las calles de sus principales ciudades… y detener el lavado de dinero» vinculado al comercio, medidas que «no toma».
El mensaje rotundo de América Latina es que culparlos sólo a ellos por el problema de las drogas es engañoso: el propio apetito de Estados Unidos por las drogas y su historial de intervencionismo son factores clave. Las soluciones requieren responsabilidades compartidas y relaciones de cooperación.
La política estadounidense bajo Trump, que confunde el terrorismo con la actividad delictiva, es una tapadera para proyectar su dominio militar. Reivindicar la prerrogativa de intervenir unilateralmente en los territorios soberanos de los Estados vecinos para luchar contra los cárteles o asesinar a la tripulación de un barco en el Caribe no son soluciones. Los líderes latinoamericanos están volviendo a centrar la atención en Washington. Señalan las políticas armamentísticas de Estados Unidos, la demanda de los consumidores y los motivos ocultos detrás de la renovada «guerra contra las drogas» de Washington, como la actual ofensiva de cambio de régimen contra Venezuela. El problema de las drogas no se resolverá culpando a América Latina, cuando Estados Unidos aún no ha abordado las causas fundamentales en su propio país.
Roger Harris es miembro de la junta directiva de Task Force on the Americas, una organización antiimperialista de derechos humanos con 32 años de antigüedad.
Texto en inglés: CounterPunch.org, traducido por Sinfo Fernández.