A lo largo de 2025, el conflicto del Sáhara Occidental no ha experimentado avances sustantivos hacia su resolución, pero sí ha sido objeto de una estrategia sostenida de normalización política de la ocupación.
Marruecos no ha obtenido nuevos reconocimientos jurídicos sobre el territorio ni se ha modificado su estatus internacional como territorio pendiente de descolonización. Sin embargo, la ausencia de progresos legales no ha impedido la consolidación de una narrativa de “hecho consumado”, apoyada en alineamientos diplomáticos selectivos y en silencios estratégicos cada vez más estructurales.
El contraste entre el marco jurídico y la práctica política ha sido una constante durante el año. Mientras las Naciones Unidas mantienen intacto el principio de autodeterminación del pueblo saharaui y las instancias judiciales europeas reiteran la ilegalidad de incluir el Sáhara Occidental en acuerdos con Marruecos sin consentimiento saharaui, numerosos Estados han optado por desplazar el conflicto fuera de la agenda política. La ocupación no se legitima en derecho, pero se intenta normalizar en la práctica.
En este contexto, Marruecos ha profundizado una estrategia orientada no a modificar el marco jurídico —que sigue siendo desfavorable— sino a ganar tiempo. La ocupación se presenta como estabilidad, la represión como gestión administrativa y el expolio de recursos como desarrollo. El año 2025 ha sido clave para medir hasta qué punto esta estrategia encuentra resistencias o, por el contrario, complicidades.
Entre los apoyos explícitos, algunos Estados han reforzado su alineamiento con Rabat sin introducir matices relevantes respecto al derecho internacional. Israel ha mantenido un respaldo político sostenido, integrado en una cooperación estratégica más amplia en materia de seguridad y diplomacia. Este apoyo, reiterado sin referencia alguna al derecho de autodeterminación, ha contribuido a reforzar la narrativa marroquí de legitimación externa.
Los Emiratos Árabes Unidos han seguido desempeñando un papel similar, combinando inversiones económicas con un apoyo diplomático constante. Su implicación en proyectos vinculados al territorio ocupado se inscribe en una lógica geopolítica que prioriza la estabilidad de aliados estratégicos frente a cualquier consideración jurídica sobre la descolonización pendiente.
Por su parte, Estados Unidos no ha corregido en 2025 el marco heredado de años anteriores. Sin promover nuevos reconocimientos formales, Washington ha mantenido una posición ambigua que, en la práctica, beneficia a Marruecos al no revertir una situación contraria al derecho internacional. Esta inercia ha sido interpretada por Rabat como una validación implícita de su estrategia.
En Europa, el papel de Francia ha seguido siendo central. París ha continuado ofreciendo cobertura política a Marruecos en distintos foros, contribuyendo a diluir el debate sobre el Sáhara Occidental y a amortiguar cualquier cuestionamiento de fondo. Este apoyo, constante aunque a menudo indirecto, ha sido uno de los pilares de la normalización política de la ocupación durante 2025.
España: alineamiento y normalización desde la antigua potencia administradora
El papel de España ha sido especialmente relevante en 2025 por su condición histórica y jurídica de antigua potencia administradora del territorio. Lejos de asumir esa responsabilidad, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha profundizado en una política de alineamiento con Marruecos que ha contribuido de forma directa a la normalización de la ocupación.
A lo largo del año, el Ejecutivo del PSOE ha mantenido sin cambios el giro iniciado en 2022, presentando el apoyo al plan de autonomía marroquí como una posición “realista” o “pragmática”, y evitando de manera sistemática cualquier referencia explícita al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Este posicionamiento no se ha traducido en avances diplomáticos verificables ni en garantías jurídicas, sino en un respaldo político sostenido a Rabat.
En el plano internacional, España ha optado por una estrategia de bajo perfil: ausencia de iniciativas propias en Naciones Unidas, silencio ante las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados y una defensa retórica del “marco de la ONU” sin consecuencias prácticas. Esta actitud ha reforzado la percepción de que Madrid ha renunciado a desempeñar un papel activo en la descolonización, priorizando la gestión de su relación bilateral con Marruecos.
La Reunión de Alto Nivel: escenificación política de la normalización
La Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en 2025, ha sido uno de los hitos más significativos de esta política. Concebida como un relanzamiento estratégico de las relaciones bilaterales, la RAN se desarrolló bajo una narrativa de confianza mutua, cooperación ejemplar y estabilidad regional, sin que el Sáhara Occidental figurara como una cuestión política sustantiva en la agenda pública.
Más allá de las declaraciones formales, el mensaje político fue claro: la relación con Marruecos se presentó como prioritaria y estructural, mientras el conflicto saharaui quedó reducido a una referencia marginal, desprovista de contenido jurídico. La ausencia de cualquier mención explícita al derecho de autodeterminación convirtió la RAN en una escenificación de normalidad que encaja plenamente con la estrategia marroquí de presentar la ocupación como un asunto superado.
La RAN consolidó además un marco de cooperación reforzada en materias clave —migración, seguridad, economía e inversiones— que refuerza el papel de Marruecos como socio imprescindible para España. En ese esquema, el Sáhara Occidental aparece como un elemento incómodo que se gestiona mediante el silencio, no como un proceso de descolonización pendiente. En términos de balance, la Reunión de Alto Nivel no fue un episodio aislado, sino la culminación visible de una política sostenida.
Más allá de los apoyos explícitos, 2025 ha estado marcado por lo que pueden definirse como “silencios activos”. Las instituciones europeas han seguido gestionando —no resolviendo— la contradicción entre el derecho y la práctica, mediante dilaciones y fórmulas ambiguas que desplazan el Sáhara Occidental fuera del debate público. Este silencio no ha sido neutral: ha funcionado como un factor de estabilización de la ocupación.
Frente a esta dinámica, el año también ha mostrado la persistencia de contrapesos. Estados, organizaciones y actores internacionales han reafirmado en distintos foros el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. En ese marco, el Frente Polisario ha mantenido su papel como interlocutor legítimo del pueblo saharaui, tanto en el ámbito político como jurídico, impidiendo que la narrativa de la normalización se imponga sin contestación.
El balance de 2025 es claro: la ocupación del Sáhara Occidental no se ha legitimado, pero se ha intentado normalizar. Apoyos explícitos, alineamientos estratégicos y silencios calculados han construido una apariencia de estabilidad que no se sostiene sobre bases legales ni políticas sólidas. Lejos de ser el año de la solución, 2025 ha sido el año del intento de acostumbrar al mundo a una ocupación ilegal. Un intento persistente, pero no definitivo, porque el derecho internacional y la resistencia política del pueblo saharaui siguen marcando los límites de esa normalización.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»