Sudán se desangra en una guerra prolongada y se convierte en una pieza central de la disputa por los corredores estratégicos del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Fragmentación estatal, control de puertos, rivalidades del Golfo y proyecciones externas configuran un nuevo orden regional.
En este contexto Sudán no está simplemente atravesando una guerra civil, eso ya lo hemos analizado en diferentes notas publicadas en nuestro sitio, ya no solo una cuestión de quien se queda con lo que pueda quedar del Estado sudanés. Este conflicto se está reconfigurando. Lo que comenzó en abril de 2023 como un enfrentamiento abierto entre dos aparatos armados por el control del Estado derivó en un proceso mucho más profundo y duradero. Entonces podemos afirmar que el conflicto dejó de explicarse solo por la disputa entre generales y pasó a inscribirse en una lógica más amplia, donde el territorio, las rutas y los puertos pesan tanto —o más— que la legitimidad política.
A medida que el Estado sudanés se fragmenta, su valor geopolítico no disminuye, sino todo lo contrario, se multiplica ya que Sudán ocupa una posición estratégica sobre el Mar Rojo, siendo una de las arterias marítimas más sensibles del planeta, y que además funciona como bisagra entre África, Medio Oriente y el Océano Índico. Esa ubicación convierte al país en un espacio codiciado en un momento en que las rivalidades del Golfo se vuelven explícitas, el Cuerno de África se militariza y el control de los corredores marítimos adquiere centralidad global. La guerra, lejos de aislar a Sudán, lo inserta de lleno en esa disputa geoestratégica y profundamente política.
Este análisis, sin pretender ser definitorio ni mucho menos, propone al lector/a tener una mirada del conflicto sudanés no como un episodio periférico ni como una tragedia desconectada del mundo, sino como parte de una reconfiguración regional más amplia. Aquí podemos observar como la economía de la guerra que se consolida puertas adentro hasta la proyección de intereses externos sobre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, pasando por Yemen, Somalilandia y Somalia. Sudán emerge como una frontera avanzada del orden que se está construyendo. Un orden donde la fragmentación estatal, la soberanía por partes y la administración de la violencia dejan de ser anomalías para convertirse en método.
La guerra como régimen: cuando el Estado se fragmenta y la soberanía se vuelve negociable
Si algo define la fase actual del conflicto sudanés es que la guerra dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una forma estable de organización del poder. El punto de quiebre fue el 15 de abril de 2023, cuando estallaron los combates abiertos entre el Ejército sudanés, comandado por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Lo que comenzó como una disputa por el control del Estado se transformó rápidamente en algo más profundo: una guerra que fabrica su propia institucionalidad, su propia economía y su propia lógica de legitimación armada.
Con el correr de los meses, la pelea dejó de girar alrededor del control estatal y el eje pasó a ser otro: quién se quedaba con los codiciados circuitos económicos que permiten vivir, comerciar, circular y extraer riqueza en un país atravesado por rutas estratégicas. En ese proceso, la soberanía dejó de ser indivisible y comenzó a fragmentarse en micro-soberanías armadas. Cada territorio controlado implica autoridad parcial: capacidad de cobrar, regular, habilitar o bloquear el tránsito.
Esta lógica se aceleró cuando el centro político-administrativo se desplazó hacia la costa. Con Jartum convertida en campo de batalla, el mando del Ejército y la estructura estatal asociada reubicaron sus operaciones en Port Sudan, que pasó a funcionar como capital de guerra: sede administrativa, diplomática y logística, mientras el corazón del país se desangraba en un desplazamiento masivo de personas y se sumergía en una hambruna colosal. Ese corrimiento no fue circunstancial; marcó una reorientación del Estado hacia el litoral, dejando vastas regiones del interior bajo lógicas de control militar descentralizado.
En paralelo, la guerra reordenó alianzas internas. El conflicto ya no se limita a Ejército contra RSF, sino que incorporó a múltiples fuerzas locales que fueron absorbidas o subcontratadas por los bandos principales, mercenarios y sudaneses con hambre contratados para matar y morir por un salario pagado con oro manchado de sangre sudanesa. Facciones armadas provenientes de Darfur, antiguos movimientos rebeldes integrados parcialmente al aparato estatal tras acuerdos de paz previos, se alinearon con el Ejército en función de intereses territoriales y de supervivencia política. Esa recomposición muestra cómo la guerra redefine jerarquías: actores históricamente periféricos se convierten en piezas centrales del equilibrio militar y, por extensión, del mapa futuro del país.
El salto cualitativo más revelador de esta etapa es la transformación de los actores armados en actores económicos. La toma del enclave petrolero de Heglig por parte de las RSF, a fines de 2025, no debe leerse solo como una victoria táctica. Heglig es un nodo estratégico que conecta directamente con los flujos energéticos de Sudán del Sur y con el oleoducto que desemboca en la costa del Mar Rojo. Controlarlo implica presionar gobiernos vecinos (Sudán del Sur depende casi exclusivamente de este petróleo para funcionar como país), condicionar exportaciones, negociar seguridad de infraestructura crítica y, sobre todo, insertarse en circuitos regionales de negociación. El petróleo deja de ser únicamente una mercancía y se convierte en una palanca política.
Heglig, además, se inscribe en una economía de guerra más amplia, con epicentro en Darfur y Kordofán. Allí, el oro, el ganado, el combustible, los peajes de ruta y los pasos fronterizos conforman un entramado que permite financiar estructuras armadas sin depender del presupuesto estatal. En ese esquema, las RSF no operan solo como fuerza militar: administran territorio, cobran impuestos informales, regulan mercados y garantizan “seguridad” a cambio de lealtad o recursos.
La columna vertebral financiera de ese sistema tiene nombre propio. Desde hace años, la red empresarial vinculada a la familia Dagalo controla circuitos clave del comercio aurífero sudanés, especialmente tras la apropiación de yacimientos estratégicos en Darfur. Esa articulación entre armas, territorio y negocios explica por qué la guerra se sostiene: porque se financia. Y se financia porque la fragmentación estatal habilita rentas.
El resultado es la consolidación de un régimen de guerra. Un poder que no se define solo por victorias militares, sino por la capacidad de estabilizar un sistema de cobro, circulación y dependencia. En ese punto, la paz deja de ser un horizonte natural y pasa a ser un riesgo para quienes aprendieron a gobernar desde el conflicto. La guerra deja de ser una anomalía que debe resolverse y se convierte en un sistema.
El Mar Rojo como premio: puertos, rutas y la lógica del corredor
Si la guerra sudanesa se entiende hacia adentro como un régimen o un sistema de control como venimos diciendo, hacia afuera se explica como un corredor, un lugar de tránsito hacia y desde África. Sudán no es solo un país en conflicto: es un litoral estratégico incrustado en una de las arterias marítimas más sensibles del planeta. El Mar Rojo conecta el Mediterráneo con el Océano Índico y canaliza una porción decisiva del comercio global, incluidos hidrocarburos, granos y mercancías esenciales. En ese esquema, la estabilidad política interna importa menos que la funcionalidad de la costa.
El poder contemporáneo, este conflicto así lo demuestra, ya no necesita controlar Estados completos. Le alcanza con asegurar nodos: puertos que operen, rutas que no se interrumpan, autoridades —estatales o no— capaces de garantizar circulación. Sudán, en guerra, ofrece exactamente ese escenario.
Port Sudan concentra la mayor parte de las importaciones, exportaciones y el flujo del oleoducto que transporta el crudo de Sudán del Sur. Condicionar ese nodo equivale a incidir sobre la economía regional. Por eso, incluso en plena guerra, el puerto fue tratado como infraestructura “intocable” por la mayoría de los actores externos. Puede arder el país; el puerto debe seguir funcionando.
Este patrón responde a una tendencia más amplia: la sustitución del Estado territorial por infraestructuras críticas. En contextos de guerra prolongada, los puertos se transforman en enclaves de excepción donde rigen otras reglas. No necesitan paz general; necesitan seguridad localizada. Y esa seguridad puede ser garantizada por acuerdos parciales, fuerzas locales o arreglos informales.
El Mar Rojo, además, es un espacio crecientemente militarizado. Bases, misiones navales y acuerdos de “seguridad marítima” se superponen en sus márgenes. Cada crisis en la región, Yemen, Sudán, Somalia, incrementa el valor de contar con puntos de apoyo estables del lado africano. En ese contexto, Sudán ofrece algo especialmente atractivo: costa estratégica y un Estado debilitado, dispuesto o forzado a aceptar acuerdos excepcionales.
Por eso el Mar Rojo es el premio. No como territorio geográfico, sino como infraestructura de poder. Y por eso la guerra sudanesa no es vista por muchos actores externos como un problema a resolver, sino como una variable a administrar. El conflicto redefine quién garantiza circulación, quién controla nodos y quién puede ofrecer “estabilidad” sin Estado.
De Yemen al Cuerno de África: la disputa por Bab el-Mandeb y la proyección del Golfo sobre Sudán
Entonces la guerra sudanesa no puede comprenderse sin ampliar el foco de la mirada y dirigirla hacia la península arábiga y el Golfo de Adén ya que el Mar Rojo dejó de ser una línea divisoria entre África y Medio Oriente para convertirse en un espacio continuo de disputa estratégica. Yemen es el espejo más claro de ese proceso y, al mismo tiempo, su antesala. Lo que allí se ensaya, fragmentación territorial, administración indirecta, control de puertos y uso de actores locales como intermediarios, se proyecta hoy con fuerza sobre el litoral africano.
Durante años, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos presentaron su intervención en Yemen como una alianza sólida. Sin embargo, el desarrollo del conflicto fue revelando intereses divergentes, especialmente en el sur yemení. Allí, el control de puertos, islas y rutas marítimas comenzó a pesar más que la integridad territorial del país. A comienzos de 2026, esa fractura se volvió explícita cuando Arabia Saudita acusó a Emiratos de facilitar movimientos políticos y logísticos del liderazgo separatista del sur yemení, en una operación que incluyó escalas fuera del territorio yemení.
Ese episodio no debe leerse como una anécdota diplomática, sino como una señal estructural. Muestra una forma de ejercer poder que prescinde del control estatal directo y se apoya en territorios de estatus ambiguo, autoridades funcionales y plataformas logísticas externas a cualquier consenso regional. Yemen funciona así como laboratorio de un tipo de dominación que no necesita ocupar formalmente, sino administrar fragmentos útiles del territorio.
En ese marco aparece Somalilandia, un territorio que no cuenta con reconocimiento internacional amplio ni respaldo de la Unión Africana, (más allá del reconocimiento etíope a cambio del arrendamiento de terreno costero), pero que posee una ubicación estratégica privilegiada en la boca del Golfo de Adén. El reconocimiento formal de Somalilandia por parte de Israel, en enero de 2026, introduce un quiebre de alto impacto en el equilibrio regional. No se trata solo de un gesto diplomático, sino de una validación selectiva de un territorio clave para el control del corredor marítimo que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo.
La reacción de la Unión Africana, rechazando ese reconocimiento y exigiendo su revocación, revela la gravedad del precedente. Si la fragmentación territorial deja de ser una consecuencia indeseada de los conflictos y pasa a convertirse en una herramienta geopolítica legitimada desde afuera, el riesgo para el continente es mayúsculo. Se abre la puerta a que territorios estratégicos sean validados no por procesos políticos internos o regionales, sino por su utilidad para actores externos interesados en controlar rutas, puertos y espacios marítimos.
La rivalidad entre Arabia Saudita y Emiratos, expuesta en Yemen, encuentra en Sudán un terreno más flexible y menos visible para canalizarse. Y el reconocimiento selectivo de Somalilandia introduce una señal inquietante: la legitimidad ya no depende del consenso africano, sino de la funcionalidad estratégica. Así, Yemen, Somalilandia y Sudán dejan de ser escenarios separados y pasan a formar parte de una misma disputa por el control del corredor Bab el-Mandeb–Golfo de Adén–Mar Rojo, donde la fragmentación territorial y la guerra prolongada se convierten en herramientas de reordenamiento regional.
Turquía y el eje Somalia–Mar Rojo: seguridad, logística y poder sin ocupación
Somalia es el punto de apoyo central de esa estrategia. Allí, Turkiye consolidó una presencia profunda a través del entrenamiento de fuerzas de seguridad y la cooperación militar sostenida. No se trata solo de asistencia técnica: es producción de capacidad estatal. En una región marcada por Estados frágiles y territorios disputados, formar fuerzas armadas implica influir directamente sobre quién ejerce el control efectivo del territorio y bajo qué alianzas.
Ese anclaje en Somalia le permite a Turquía proyectarse sobre el Golfo de Adén. Pero el movimiento decisivo es que Ankara no limita su estrategia a ese extremo del corredor. Busca cerrar el arco proyectándose también sobre el Mar Rojo africano, y allí Sudán vuelve a ocupar un lugar central.
El memorando de cooperación portuaria firmado a fines de 2025 entre el puerto sudanés de Port Sudan y el puerto turco de Mersin debe leerse en este contexto. Presentado como un acuerdo técnico, implica transferencia de conocimientos, modelos de gestión y esquemas de operación portuaria.
La estrategia turca evita el costo político de la ocupación directa y el ruido de las bases militares explícitas. Su método es más eficaz en contextos de fragmentación estatal: seguridad, logística y cooperación institucional. Ese triángulo permite influir sin administrar formalmente, proyectar poder sin asumir la responsabilidad total del territorio y volverse indispensable para la “estabilidad” de nodos específicos.
Así, el eje Somalia–Mar Rojo se consolida como una estructura continua de proyección, donde Turkiye articula ambos extremos del corredor. No necesita controlar todo el territorio ni imponer gobiernos afines: le basta con garantizar que los puntos clave sigan operativos, conectados y alineados con sus intereses estratégicos. En un orden regional donde la soberanía se fragmenta y la guerra se normaliza, esta forma de poder —discreta, persistente y técnica— resulta especialmente eficaz.
Sudán como frontera del orden que viene
La guerra en Sudán no es un residuo del pasado ni una anomalía africana que el mundo “olvidó”. Es, en muchos sentidos, un anticipo del orden que se está consolidando en las periferias estratégicas del sistema global. Un orden donde los Estados se fragmentan, pero los corredores se fortalecen; donde la soberanía se debilita, pero la logística se vuelve intocable; donde la guerra no interrumpe el funcionamiento del poder, sino que lo reorganiza.
En ese esquema, Sudán aparece como una frontera avanzada: un territorio atravesado por actores armados que ya no solo combaten, sino que administran, cobran, negocian y garantizan circulación. Un país donde el Estado pierde cohesión, pero no pierde valor. Al contrario: su valor crece precisamente porque está roto. Porque un Estado débil permite acuerdos parciales, concesiones opacas y control indirecto sin asumir responsabilidades políticas plenas.
El Mar Rojo y el Golfo de Adén funcionan como el hilo que cose todos los escenarios: Yemen como laboratorio de disputa intra-golfo; Somalilandia como plataforma legitimada selectivamente; Somalia como espacio de construcción de capacidades militares externas; Sudán como pieza central de una costa estratégica sin autoridad unificada. No son conflictos distintos: son capítulos de una misma reconfiguración, donde el control de rutas, puertos y nodos logísticos pesa más que la estabilidad social o la vida de millones.
La clave está en que este orden no necesita ocupar formalmente ni colonizar como en el siglo XX. Opera de manera más eficiente: terceriza la violencia, externaliza la soberanía, fragmenta la autoridad y convierte la guerra en un entorno administrable. En ese mundo, la paz no es prioritaria si las rentas siguen fluyendo y los corredores permanecen abiertos.
La pregunta final no es cuándo terminará la guerra, sino qué intereses necesitan que no termine, y qué estructuras deberían ser desmontadas para que la paz no sea apenas una pausa entre dos ciclos de violencia. Porque mientras no se toquen las rutas, los puertos, las rentas y los dispositivos externos que se benefician de la fragmentación, cualquier acuerdo será frágil, reversible y, sobre todo, insuficiente.
Sudán no está al margen del mundo. Está, trágicamente, en el centro de una disputa que define cómo se gobiernan las periferias estratégicas en el siglo XXI.
Beto Cremonte, docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.