Como en el cuento de aquel que acaba de robar y que apunta hacia la otra esquina y grita “al ladrón, al ladrón”, los gobiernos y la gran prensa estadounidense acusan repetidamente a otros países como “Estados policiacos”.
Pero desde hace ya tiempo, en Estados Unidos las libertades civiles y derechos constitucionales están en entredicho. La injusticia racial está en el centro de los problemas de la nación estadounidense en materia de seguridad pública, encarcelamiento masivo y aplicación de la ley. Muy conocida y de carácter permanente es la violencia institucional que se ejerce sobre las comunidades afro-estadounidenses y los inmigrantes a lo largo del país.
El gobierno ha recurrido al secretismo, la sobre-clasificación y la pretensión de intereses de seguridad nacional para evitar la supervisión pública interna y engañar a la opinión internacional. Treinta años después de que el presidente Bill Clinton promulgara la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley, su legado de encarcelamiento masivo, militarización policial y criminalización excesiva continúa.
La Ley contra el Crimen impulsó el auge del estado policial al destinar más fondos a las agencias represivas, así como habilitarlas con armamento militar avanzado. También sentó las bases para el encarcelamiento masivo al incentivar la construcción de más cárceles, incluyendo numerosas penitenciarias privadas.
Las consecuencias, de lo que algunos califican de “sorprendente” metamorfosis, es un imperio de vigilancia, impulsado por arquitecturas de control, análisis, selección y predicción de comportamientos, que claramente representa una magnitud de «sujeción» y dominio, bastante diferente y una herramienta formidable para frenar la disidencia a nivel nacional. Un entramado donde cualquier diatriba pública que no se ajuste a la narrativa oficial puede (y será) usada en su contra.
Calculadamente se ha refrescado el concepto de “terrorismo interno”; un punto de inflexión en una política de criminalización y vigilancia que así podrá extenderse hasta donde lo permita el término, es decir, hasta donde lo necesite la administración de turno y los poderes invisibles que por momentos salen a la luz. El reciente asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk, en momentos cuando incrementaba sus críticas al Estado de Israel, es aprovechado para dirigir truenos y amenazas contra sectores progresistas.
En abril de 2024, el entonces presidente Biden firmó de inmediato la Ley que recién aprobara el Senado para reautorizar una poderosa herramienta de vigilancia e intromisión en la vida de las personas, conocida como La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), de 1978, que autoriza hasta el presente la vigilancia sin orden judicial y la violación de derechos de los ciudadanos estadounidenses de forma discriminatoria o arbitraria.
Cincuenta años antes, en 1976, en las investigaciones derivadas del escándalo Watergate, el Comité senatorial presidido por el senador Frank Church, se afirmó que las agencias de inteligencia estadounidenses habían «socavado los derechos constitucionales de los ciudadanos». Sin embargo, en las décadas posteriores, agencias como la CIA, la NSA y el FBI, entre otras, sin oposición política, ni transparencia o supervisión adecuadas, se han vuelto extremadamente poderosas y abusivas.
Estos abusos han incluido, entre otros: la gestión de
centros secretos de tortura en la Guerra contra el Terror; la coordinación de
un programa de drones asesinos en el que incluso ciudadanos estadounidenses han
sido atacados sin ningún proceso judicial; y el actual despliegue brutal,
arbitrario y abusivo contra los inmigrantes.
Durante años, una parte de los debates legislativos y políticos en Washington han estado dirigidos a dar luz verde y visos legales a los instrumentos represivos y de control social que aplican los órganos de seguridad y espionaje estadounidenses. Utilizan abusivamente el término de “seguridad nacional” para permitir que quienes ostentan el poder manipulen y eludan los procesos establecidos de la supuesta democracia estadounidense.
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, con la aprobación de la llamada Ley Patriota y otras se replicaron los grandes abusos y la represión que entre 1956 y 1971 se cometieron bajo el programa conocido como COINTELPRO, el FBI y otras agencias recibieron mayores poderes hasta el punto de lograr acceder a información personal, como llamadas telefónicas, registros médicos y financieros de millones de ciudadanos; el uso de programas malignos a espaldas de los usuarios, e intentos de obligar a las empresas de tecnología a suministrar la recopilación masiva de datos y registros financieros.[1]
En 2013, el denunciante de la
NSA, Edward Snowden, reveló que el FISC (Tribunal de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera) había autorizado la recopilación masiva de registros telefónicos de
estadounidenses, a pesar de que esa ley solo permitía la recopilación de
registros «relevantes para una investigación autorizada».
En los últimos años, el FBI ha
utilizado varias «categorías de amenaza» para describir el terrorismo
doméstico: extremismo violento por motivos raciales o étnicos, por rudeza
excesiva antigubernamental, acciones violentas por los derechos de los animales
y ambientales, relacionadas con el aborto o de carácter anarquista y de quienes
fomentan “agendas políticas o sociales que no se definen exclusivamente en
ninguna de las otras categorías de amenaza». Los estudiantes y otros
estadounidenses defensores de los derechos palestinos también han sido objeto
de tácticas macartistas similares.
Existe un peligro real de que el término de “amenazas de terrorismo doméstico” se aplique a un amplio espectro de personas que posiblemente solo expresan sus opiniones políticas o religiosas y que ejercen su legítimo derecho a la libre expresión.
La desmedida brutalidad policiaca
Los agentes del “orden” en todo el país ha sido instruidos o están habituados para actuar con una discreción casi ilimitada para detener, registrar, interrogar y arrestar a cualquier persona de la que «sospechen», basándose en factores arbitrarios. A ese Estado policial se le provee de justificaciones para socavar derechos públicos y facilitan que cualquier ciudadano sea objeto de persecución sin causa justificada. Para no pocos los ciudadanos, sobre todo los procedentes de las barriadas pobres y desfavorecidas, y ciertamente para la inmigrantes, el desplazamiento diario se convierte en un posible enfrentamiento con las “fuerzas del orden”.[2]
En el país existe una pluralidad de agencias para la aplicación de la ley, el mantenimiento del orden público o a cargo de funciones diversas. No siempre están claros sus límites y potestades, pero en la mayoría de los casos las tendencias represivas, y los sesgos racistas se manifiestan en cada una de ellas, incluyendo dependencias del Departamento de Justicia (DOJ), el responsable a nivel federal de la mayoría de las funciones de aplicación de la ley.
Aludimos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles y la Oficina Federal de Prisiones.
A otro ministerio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se subordinan numerosas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, muchas veces acudiendo a la represión, como la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el Servicio Secreto (USSS) y la Guardia Costera.
Según la Constitución de los Estados Unidos y de acuerdo con la estructura federal, el gobierno nacional (federal) no está autorizado a ejercer facultades policiales. La facultad de contar con una fuerza policial se otorga a cada uno de los 50 estados federados, y a más de 15 000 comisarías y departamentos de policía municipales, de condado, tribales y regionales.
La brutalidad policial, de los agentes del ICE y de otras de las mencionadas agencias, ha sido un serio problema en los Estados Unidos durante muchos años y afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a las llamadas minorías. A la par con ello, se ha incrementado la ocurrencia de tiroteos policiales mortales a lo largo del país.
En 2023, por ejemplo, hubo 1164 tiroteos policiales mortales. Además, la tasa de afroamericanos víctimas fatales por disparos de la policía fue mucho mayor que la de cualquier otra etnia. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 40 años. En promedio, la policía en Estados Unidos dispara y mata a más de 1000 personas cada año, según un análisis del Washington Post.[3]
Como parte de su investigación y seguimiento de la violencia armada, el Washington Post comenzó en 2015 a registrar a cada persona asesinada a tiros por un agente de policía en servicio en Estados Unidos. Hacia finales de 2024, esas pesquisas registraron que los tiroteos mortales a manos de la policía afectaron a más de 10 000 personas durante la última década.
Anteriormente, en 2014, habían estallado protestas locales después que Michael Brown, un joven negro desarmado de 18 años, fuera asesinado por la policía en Missouri. Las manifestaciones se convirtieron rápidamente en un movimiento masivo a nivel nacional. Millones de personas, en su mayoría jóvenes, inundaron desafiantes las calles del país, exigiendo el fin de la brutalidad policial y de la represión sistémica contra personas de color. Para muchos observadores, las protestas parecían sin precedentes en cuanto a su escala y persistencia.
El movimiento Black Lives Matter, formado en 2013, fue un actor clave en la prominencia que cobró el tema. Aunque de corta duración, esa agrupación fue centro del movimiento contra la brutalidad policial, organizando simulacros de muerte, marchas y manifestaciones en respuesta a los asesinatos de hombres y mujeres negros a manos de la policía. Aunque luego, por ello, fue blanco de campañas para denigrarlo, ese movimiento generó una mayor atención nacional e internacional sobre la injusticia racial y el número y la frecuencia de los tiroteos policiales contra civiles.[4]
Esa brutalidad racista y esas erupciones de violencia provocadas por la actuación policiaca se repiten una y otra vez a lo largo del año, pero son calificadas por el gobierno y la prensa como “motines” y son criminalizados o relegados en su cobertura periodística.
La investigación del Washington Post, arriba mencionada, descubrió que los datos sobre tiroteos policiales fatales estaban subestimados en más de la mitad. Esta brecha se ha ampliado en los últimos años. Para 2021, solo un tercio de los tiroteos fatales de los departamentos aparecían en la base de datos del FBI.
Elizabeth Hinton, en su libro
América on Fire, ofrece una corrección crítica: las palabras «disturbio» o
«motín» son un mero cliché racista aplicado a eventos que solo pueden
entenderse correctamente como rebeliones: explosiones de resistencia colectiva a
un orden desigual y violento.[5]
La lección central de tales estallidos — el que la violencia policial invariablemente conduce a la violencia comunitaria— sigue sin ser comprendida por los responsables políticos, los cuales responden, junto a la gran prensa, criminalizando aún más a grupos enteros, y que ese enorme aparato represivo exacerba y en lugar de descifrar y solventar. En lugar de abordar las causas socioeconómicas subyacentes, los resultados son los regímenes policiales y penitenciarios enormemente ampliados que configuran la vida de tantos estadounidenses en la actualidad.
Por
ello, todo hace pensar que rebeliones periódicas seguramente continuarán a
menos que el sistema sea capaz de revertir su rumbo represivo, reconocer sus
nefastas consecuencias y atender a las pésimas condiciones sociales que afectan
a buena parte de su población.
[1] Alex Emmons, The Intercept, 20 de octubre de 2016
[2] John y Nisha Whitehead. https://off-guardian.org/2025/04/07/the-united-states-of-tyranny-america-is-becoming-a-constitution-free-zone/
[3] https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
[4] https://datasetsearch.research.google.com/search?query=police%20shootings&docid=L2cvMTFwd2Jjdms2Yw%3D%3D
[5] Elizabeth Hinton, America on Fire: The Untold History of Police Violence and Black Rebelion since 1960s. Liveright Publishing, NY. 2021
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.