Juan A. Cosín, secretario de Organización de Esquerra Valenciana, reclama una investigación exhaustiva de la actuación policial del pasado 31 de mayo y considera que el gobierno valenciano ha fracasado en la gestión del conflicto educativo.
El pasado 1 de junio registré dos escritos dirigidos a administraciones diferentes. El primero, ante la delegada del Gobierno al País Valenciano, Pilar Bernabé, para solicitar una investigación exhaustiva sobre la actuación de un agente de la Unidad de Intervención Policial durante las movilizaciones en defensa de la educación pública celebradas el pasado 31 de mayo.
El segundo, ante la Generalitat Valenciana, para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de educación María de Carmen Ortí Ferre, ante su incapacidad para resolver el grave conflicto docente que vive el País Valenciano.
“Ningún docente que se manifiesta pacíficamente en defensa de la educación pública merece sufrir una agresión innecesaria. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente qué pasó el 31 de mayo, y quien asume la responsabilidad de los hechos. No preguntamos condenas anticipadas, exigimos transparencia, investigación y garantías democráticas”, ha declarado Juan A. Cosín.
Se trata de dos asuntos diferentes, pero con un elemento común, la necesidad que las instituciones estén a la altura de sus responsabilidades.
Por un lado, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre unos hechos que han generado una profunda preocupación social. Cuando existen dudas razonables sobre una actuación policial, la respuesta de una democracia madura no puede ser el silencio ni la indiferencia. Tiene que ser la investigación rigurosa, transparente y la aclaración de los hechos.
La confianza en las instituciones no se construye ocultando información, sino demostrando que cualquier actuación de los poderes públicos está sometida al control democrático y al cumplimiento estricto de la ley. Por eso corresponde ahora a la Delegación del Gobierno actuar con rigor, transparencia y ejemplaridad.
Pero también existe una segunda realidad que no se puede ignorar.
Miles de docentes del País Valenciano hace semanas que se movilizan, negociando y sacrificando una parte de sus ingresos para defender reivindicaciones que consideran imprescindibles para el futuro de la educación pública, menos ratios, más recursos, más personal docente, menos burocracia y unas condiciones laborales dignas.
Ningún trabajador deja de percibir una parte de su salario durante semanas por capricho. Cuando esto ocurre de manera sostenida es porque existe un problema real que necesita una respuesta política. Y esa respuesta no ha llegado.
La responsabilidad última corresponde al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La responsabilidad directa de la gestión educativa corresponde a la consellera de educación, María de Carmen Ortí Ferre. Después de semanas de conflicto, la realidad es evidente, no hay acuerdo, no hay solución y no hay una salida clara a corto plazo.
“Gobernar no es esperar que los problemas desaparezcan. Gobernar es escuchar, negociar y encontrar soluciones. Cuando después de semanas de conflicto no hay ningún avance ni ningún acuerdo, las responsabilidades políticas tienen que asumirse. Por dignidad institucional y por respecto a la comunidad educativa, el presidente de la Generalitat y la consellera de Educación tendrían que presentar su dimisión”, ha afirmado Cosín.
Desde Esquerra Valenciana consideramos que las instituciones han fallado en dos aspectos fundamentales. Han fallado en la obligación de aclarar unos hechos que merecen una investigación rigurosa e independiente. Y han fallado en la obligación de resolver un conflicto educativo que afecta miles de familias, docentes y estudiantes.
Por eso hemos registrado estas dos iniciativas.
No para generar confrontación ni para obtener rendimiento político, lo hacemos porque la transparencia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades son principios esenciales de cualquier democracia digna de ese nombre.
La sociedad valenciana merece conocer la verdad.
Los docentes merecen respeto.
La educación pública merece soluciones.
Y las instituciones tienen la obligación de demostrar que continúan estando al servicio de la ciudadanía.
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