Cuando vean a Esperanza Aguirre sonreír en una tertulia mientras da lecciones de ética, recuerden que a su espalda hay 625 años de prisión sumados.
Si la corrupción en la Comunidad de Madrid hubiera sido un deporte olímpico, Esperanza Aguirre habría coleccionado medallas de oro por equipos. La única disciplina en la que destaca en solitario es en la de escurrir el bulto.
Hace unos días puede escuchar unas declaraciones que, viniendo de quien venían, me dejaron conmocionado. No tanto por la reconocida osadía de quien las pronuncio, si no por la preocupación que me suscito estar convencido de que cómo no podían ser fruto de la desvergüenza, sólo debían obedecer a un curioso caso de pérdida de memoria selectiva. Y es que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que Madrid fue un laboratorio de políticas neoliberales extremas. El mérito, o la culpa, fue de Esperanza Aguirre, personaje cuya locuacidad me había alarmado.
Pero también hubo otro experimento paralelo: la conversión de la sede del PP madrileño en una franquicia de Gürtel, Púnica y Lezo. Según un detallado trabajo de El País publicado en 2021, firmado por José María Jiménez Gálvez y Óscar López-Fonseca, los «lustros de corrupción» de la era Aguirre aún mantienen en vilo a la Audiencia Nacional con cuatro grandes causas y decenas de imputados. Es el legado de una presidenta que gobernó durante nueve años y que, como una reina de la pista de hielo, patinó sobre todas las tramas sin caerse nunca.
El «desconocimiento» como superpoder
El artículo de Ana María Pascual en Público, de septiembre de 2024, es lapidario: Aguirre «estuvo rodeada de corrupción, pero se libró de todas las condenas». ¿Cómo lo consiguió? Sencillo: aplicó la doctrina oficial del PP ante los casos de corrupción: «Yo no me enteraba, estaba en una reunión». Su círculo de confianza, ese selecto club de consejeros que ahora pueblan los calabozos o esperan juicio, fue cayendo uno a uno. Pero ella, como una ninfa escurridiza, siempre alegó «desconocer las irregularidades».
Y la Fiscalía, bendita ella, no pudo demostrar que mintiera. Porque para la justicia española, que tu mano derecha (Francisco Granados) organizara una trama de 250 millones de euros, que tu vicepresidente (Alfredo Prada) fuera condenado a 7 años por malversar 40 millones en la fallida Ciudad de la Justicia, o que tu sucesor (Ignacio González) se enfrente a 18 años por saquear el Canal de Isabel II, son solo anécdotas. Casualidades de la vida. Ella solo ponía la cara y repartía carnés, pero el dinero público volaba por su cuenta.
La «caja B» y la sonrisa de los jueces
El que puede ser el caso más sangrante es el de la macrocausa Púnica. El juez Manuel García-Castellón, en un auto que debería enmarcarse, describió a Aguirre como la «impulsora de un entramado» para desviar dinero público al PP madrileño. Habló de un «plan fraguado con sus consejeros de confianza». Son palabras mayores. Pero he aquí el milagro: la expresidenta fue imputada y… ¡puf! Desapareció del mapa judicial. El delito electoral prescribió (qué casualidad) y la Fiscalía decidió que no había indicios suficientes de que ella fuera «la instigadora». O sea, que el plan era suyo, lo ejecutaban sus «consejeros de confianza», el dinero iba a sus campañas, pero ella no tenía ni idea. Como si uno organizara una cena, comprara la comida, cocinara, invitara a los amigos y luego negara saber qué había en el menú.
Mientras tanto, los afectados por las obras del metro de San Fernando de Henares (promesa electoral de Aguirre) siguen esperando una indemnización justa y una explicación obligada. Perdieron sus pisos, pero oigan, al menos Esperanza puede asistir a las bodas de la alta sociedad sin el incómodo estorbo de un juicio.
La pieza que faltaba: 98,4 millones, 625 años de cárcel… y Aguirre, en su casa
El último capítulo conocido por ahora de esta serie de terror llamada “legado Aguirre” acaba de escribirse. Doce años después.
Mientras escribo esto, la Audiencia Nacional acaba de abrir juicio oral (auto del 22 de mayo de 2026) contra 41 expolíticos, funcionarios y empresarios por amaños en la venta de suelo público y en obras del Metro, según informa con el rigor que le caracteriza David Fernández en Infobae. El fraude alcanza los 98,4 millones de euros y las penas de prisión solicitadas suman 625 años. Se trata de una de las piezas del caso Púnica, la número 8 para ser exactos, y es tan solo el último capítulo de la telenovela “Aguirre: Años de Devastación”.
¿Qué se juzga aquí? Por un lado, un «plan preconcebido para enriquecerse» desde la empresa pública Arpegio, amañando la venta de suelo. Por otro, el desvío de fondos públicos en obras emblemáticas del suburbano madrileño (MetroSur, Metro Norte, el metro ligero a Boadilla) que acabaron costando 216 millones de euros en lugar de los 141 presupuestados. Entre los procesados vuelan apellidos de peso: el exconsejero Francisco Granados (antigua mano derecha de Aguirre, al que piden 42 años de prisión), su esposa, altos cargos, funcionarios y hasta la friolera de 76 empresas, incluyendo filiales de OHL y Dragados.
El PP de Madrid, según reconocieron dese su propia dirección nacional, fue «destrozado por la corrupción». Y esa podredumbre echó raíces precisamente durante los lustros en los que Aguirre colocaba a dedo a los que luego resultaban ser los cerebros de Gürtel, Púnica y Lezo.
Y es que aunque a ella le guste, y convenga, ese papel, y algunas instrucciones judiciales parecieran avalar, Aguirre no es una ingenua. Es una superviviente con una habilidad sobrehumana para cortar el lastre antes de que el barco se hunda. Alfredo Prada, Alberto López Viejo, Francisco Granados… todos fueron sus «hombres de confianza» hasta que el juez llamó a la puerta. Entonces, la solidaridad se evaporó. Ella, tan liberal en economía, resulta ser profundamente conservadora en un aspecto: conservar su pellejo judicial.
Y aún a riesgo de parecer un aprendiz de adivino, queridos lectores, me da a mí que Esperanza Aguirre no será procesada pase lo que pase, se juzgue lo que se juzgue de algo sucedido en los gobiernos que presidió incluso si en lo investigado aparece su firma. ¡Serán simpáticos autógrafos!, se podría concluir.
La expresidenta «no está imputada en ninguna de las piezas del caso Púnica», según reza la noticia. Qué alivio. Ella estaba en la foto, inaugurando las obras y cobrándose los réditos políticos, pero del dinero público que volaba hacia las comisiones, ni idea. Su exconsejero Granados se enfrenta a 42 años de prisión por un sistema corrupto que, casualidades de la vida, se gestó mientras él era su hombre de máxima confianza.
La cesta de Navidad del contribuyente
Por si todo lo anterior fuera poco, el auto judicial desvela un detalle que roza la poesía del cinismo: Granados y su esposa serán juzgados también por utilizar fondos públicos para agasajar a sus amigos, profesores de sus hijas y médicos con… cestas de Navidad. En los años 2006 y 2007, el matrimonio gastó 100.139,17 euros de dinero que era de todos para repartir turrones y polvorones entre su círculo íntimo.
Esto ya no es corrupción; es una declaración de principios. Mientras Aguirre privatizaba la sanidad y recortaba la educación para cuadrar las cuentas, sus consejeros más fieles se repartían el botín en forma de cestitas navideñas pagadas por usted y por mí. Ella, por supuesto, no se enteró. Debía estar muy ocupada firmando decretos de externalización de servicios públicos.
El verdadero legado
Ignacio Escolar lo resumió en elDiario.es con una frase lapidaria: «La impunidad de Aguirre la seguimos pagando con nuestra salud». Y es cierto. Porque la corrupción de su gobierno no fue un accidente, sino un modelo de gestión. Un modelo que permitió que 41 de sus designados se sienten ahora en el banquillo, que 625 años de penas de prisión sobrevuelen sus cabezas y que 98,4 millones de euros se esfumaran en el agujero negro de la contratación pública madrileña.
Pero ella, doña Esperanza, sigue tan campante. Asiste a bodas de la alta sociedad, imparte conferencias y, si le preguntan por Granados, seguro que responde con esa media sonrisa de aristócrata liberal: «Es un asunto que me entristece profundamente, pero yo no tenía nada que ver».
Y lo peor de todo es que, a día de hoy, la justicia parece darle la razón. Porque la señora presidenta ha podido gobernar la Comunidad de Madrid con mano de hierro, rodearse de una corte de consejeros corruptos, amasar una colección de casos de corrupción que haría palidecer a un narco mexicano, y salir airada de todos los tribunales. Solo hay que seguir el manual de Aguirre: «Yo no me enteré, yo solo ponía la cara». Eso sí, después de cada nueva sentencia, los madrileños pagamos la cuenta. Con nuestros impuestos y, como bien dice Escolar, con nuestra salud. Mientras tanto, ella ya tiene la siguiente cita en el calendario: el próximo juicio de sus excolegas. O la próxima boda de un alcalde. Al fin y al cabo, es lo mismo: fiesta pagada por otros.
Así que ya saben. Cuando vean a Esperanza Aguirre sonreír en una tertulia mientras da lecciones de ética, manifestándose contra la corrupción (si, han leído bien…), cortando al tráfico alguna calle sin ser reprimida por nadie o caminando al lado de Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black, y no muy lejos del delincuente confeso Víctor de Aldama, recuerden que a su espalda hay 625 años de prisión sumados y 98,4 millones de euros que podrían haber servido para financiar, por ejemplo, la sanidad pública que ella misma vació. Ha sido la reina de las ranas, y por tanto señora de las ciénagas, pero oigan, no seamos malpensados: ¡ella no tenía ni idea!