Panamá con Cobre Panamá. Chile y Argentina con Pascua Lama. Guatemala con Escobal. Perú con Conga y Tía María. En distintos países de América Latina, la minería y su impacto en el agua y el territorio han desencadenado protestas masivas, crisis políticas y largos conflictos sociales. Ahora, República Dominicana también se suma a esa ola regional.
Tras años de denuncias de contaminación y afectaciones a la salud de comunitarios de Cotuí por las operaciones de Barrick Gold, el recuerdo de ese precedente terminó alimentando una nueva resistencia social. Bajo la consigna “Agua sí, oro no”, miles de dominicanos lograron lo que muchos consideraban improbable: que el presidente Luis Abinader suspendiera el proyecto minero Romero, impulsado por la canadiense GoldQuest en San Juan de la Maguana, llamada el “granero del sur”, una de las provincias agrícolas más importantes y donde el agua sostiene gran parte de la vida productiva.
La decisión abrió en el país caribeño un debate que atraviesa cada vez más territorios latinoamericanos: el choque entre extractivismo, recursos naturales y legitimidad social.
Lucio Cuenca lleva décadas acompañando conflictos socioambientales vinculados a la minería en Chile y otros países de la región. Ingeniero en Geomensura y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostiene que el caso dominicano refleja el desgaste creciente del discurso minero tradicional y el surgimiento de nuevas resistencias territoriales en América Latina.
¿Cómo de representativo considera el caso Romero dentro de América Latina?
En Latinoamérica hay países que tienen una trayectoria más larga en explotaciones mineras y que acumulan experiencia e impactos que hoy están en el trasfondo de las preocupaciones que manifiestan otras comunidades.
Desde la década de los 90 hubo una expansión minera muy fuerte en la región, especialmente hacia territorios que históricamente no habían tenido tanta minería. Entonces ya existe conocimiento sobre los impactos ambientales, territoriales y sociales que genera esta actividad. Las comunidades no entran en conflicto porque sí. Hay fundamentos, hay experiencia acumulada y hay razones muy concretas para desconfiar.
GoldQuest defendía que la de Romero sería una minería subterránea, moderna y de bajo impacto ambiental. ¿Qué piensa de ese discurso?
Hay cuestiones esenciales de la minería que no se pueden cambiar. Ya sea minería a cielo abierto o subterránea, sigue necesitando enormes cantidades de agua y energía. Y todo el material que se extrae de la montaña tiene que depositarse en alguna parte.
Muchas veces se presenta la minería subterránea como si eliminara los riesgos, pero eso no es cierto. Una cosa es tener la roca confinada dentro de la montaña y otra muy distinta es triturarla y dejarla expuesta al aire libre. Ahí aparecen procesos de contaminación, erosión y lixiviación que pueden afectar el agua y los suelos.
En la llamada transición energética, América Latina continúa siendo tratada como proveedora de materias primas
¿Cree que existe una estrategia de “rebranding” de la industria minera?
Totalmente. Después de la enorme pérdida de legitimidad que sufrió la minería en América Latina, especialmente tras los conflictos de los años 2000, vino esta etapa donde la minería se “revistió de verde”.
Ahora se habla de minería responsable, minería sostenible, pero en esencia las operaciones siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue el relato. La llamada transición energética sigue respondiendo a las necesidades de los países industrializados del norte global, mientras América Latina continúa siendo tratada como proveedora de materias primas.
¿Qué papel juega el agua dentro de estos conflictos?
Hoy el agua se ha transformado en uno de los principales límites del extractivismo. Es muy difícil pensar en una convivencia de largo plazo entre una actividad minera que consume y contamina enormes cantidades de agua y una actividad agrícola que también necesita agua de buena calidad. Si el agua se contamina, se contaminan también los alimentos. Por eso creo que, tarde o temprano, minería y agricultura terminan siendo incompatibles en muchos territorios.
Usted menciona mucho el caso chileno como advertencia regional. ¿Por qué?
Porque Chile muestra hacia dónde pueden conducir estos modelos extractivos.
En Antofagasta, donde se concentra gran parte de la minería chilena, hoy la población consume agua desalinizada mientras las empresas siguen utilizando agua dulce proveniente de la cordillera.
Eso significa que las comunidades terminan dependiendo de infraestructuras artificiales para acceder al agua, mientras se prioriza el uso del recurso natural para la minería. Y el costo económico termina asumiéndolo la población.
En San Juan de la Maguana, la empresa hablaba incluso de abastecerse con agua de lluvia. ¿Ese tipo de argumentos tienen sentido?
Ahí se fragmenta artificialmente el ciclo del agua. Se presenta el agua de lluvia como si estuviera separada del resto del sistema hídrico, cuando en realidad todo forma parte del mismo ciclo: lluvia, ríos, acuíferos y aguas subterráneas están conectados. Capturar agua de lluvia también afecta el sistema hídrico del cual dependen las comunidades. Decirle a la gente que eso no tiene impacto es casi un insulto a la inteligencia colectiva.
Decirle a la gente que capturar agua de lluvia no tiene impacto es casi un insulto a la inteligencia colectiva
¿Por qué cree que el discurso del “progreso minero” ha perdido legitimidad en muchas comunidades latinoamericanas?
Porque mucha gente empezó a darse cuenta de que las promesas no siempre se traducen en bienestar real. Existe toda una mitología alrededor de la minería como motor automático de desarrollo. Pero cuando uno analiza los territorios mineros, encuentra altos niveles de contaminación, problemas sanitarios y beneficios sociales mucho más limitados de lo que se promete. En Chile, por ejemplo, la minería representa alrededor del 50% de las exportaciones, pero genera apenas cerca del 1% del empleo directo. Y gran parte del trabajo indirecto es empleo precarizado.
También ha cuestionado la distribución de la riqueza minera.
Así es. Muchas veces la gran renta minera termina fuera de nuestros países. Las empresas operan desde paraísos fiscales, utilizan mecanismos financieros complejos y logran reducir artificialmente las utilidades que declaran localmente. Eso debilita muchísimo la capacidad de fiscalización de los Estados latinoamericanos.
¿Considera que estos conflictos son más políticos que técnicos?
Sin duda. Muchas veces se presentan como discusiones exclusivamente técnicas o ambientales, pero en realidad expresan disputas mucho más profundas sobre soberanía, territorio y modelos de desarrollo. El poder corporativo que tienen estas empresas en nuestros países es enorme y afecta seriamente la capacidad de decisión democrática.
Las discusiones que se presentan como técnicas o ambientales en realidad expresan disputas más profundas sobre soberanía, territorio y desarrollo
La suspensión del proyecto Romero también abrió un debate sobre seguridad jurídica y posibles arbitrajes internacionales. ¿Cómo interpreta eso?
Muchos países latinoamericanos firmaron tratados de libre comercio o acuerdos de protección de inversiones que hoy terminan limitando su soberanía. Cuando un gobierno intenta detener un proyecto extractivo puede exponerse a demandas internacionales en tribunales de arbitraje. Por eso me parece una buena señal que un gobernante tome medidas incluso sabiendo que puede enfrentar acciones legales.
¿Cree que la suspensión de Romero significa realmente el final del conflicto?
No necesariamente. El yacimiento sigue ahí. Eso lo hemos visto muchas veces en América Latina. Cambian los gobiernos, cambian las empresas o aparecen nuevos proyectos con otro nombre. El caso Pascua Lama, de Barrick Gold, es un buen ejemplo. Fue un conflicto de casi veinte años. El proyecto terminó clausurado, pero la empresa sigue intentando volver al territorio.
¿Qué revela el caso dominicano sobre el momento que vive América Latina?
Me llama mucho la atención el nivel de adhesión social que alcanzó este conflicto. Muchas veces las empresas logran aislar estos debates a nivel local, pero en República Dominicana el tema terminó convirtiéndose en una discusión nacional. Eso habla de una conciencia social mucho más amplia sobre el agua, el territorio y el futuro de las comunidades.
Después de décadas observando conflictos mineros en la región, ¿qué sensación le deja el caso Romero?
Creo que mucha gente ya entendió que no siempre compensa poner en riesgo el agua y el territorio a cambio de promesas de desarrollo. Y también entendió que detrás de muchas empresas mineras existe una estructura política y financiera internacional muy poderosa. En el caso canadiense, por ejemplo, el respaldo estatal a las compañías mineras es enorme. Por eso estos conflictos ya no son solamente locales. Son discusiones globales sobre soberanía, recursos naturales y democracia.