Nuevamente, un verano más, vuelven a repetirse los sucesos dramáticos que son los incendios. Muchas son las razones que alegan los expertos, combinadas con otras circunstancias políticas concretas que determinan que estos acontecimientos sean cada vez más frecuentes, con más intensidad y con una mayor afección a las poblaciones. Ahí está el abandono de los trabajadores, bomberos forestales, y de los montes privados.
Algunos partidos políticos como VOX y el PP vienen desde hace años despreciando el fenómeno del cambio climático y su influencia en un aumento del riesgo potencial de incendios. Estos gobiernos llevan a cabo un abandono de la prevención en el cuidado de los montes, en su inmensa mayoría privados, con una repercusión práctica en unas políticas de abandono de lo público, y centradas en el beneficio privado.
Los presupuestos públicos no responden a las inversiones que son necesarias para la prevención y lucha contra los incendios, y tampoco son suficientes para evitar el abandono del mundo rural. En Extremadura, los bomberos forestales llevan tiempo reclamando condiciones laborales dignas, denunciando la falta de recursos humanos y de medios materiales, denunciando la paralización del Plan INFOEX, la falta de creación de nuevas unidades y la escasez de medios preventivos estables. Como siempre son los trabajadores quienes sufren la presión y el desprecio de las instituciones del Estado.
En la región extremeña, una cuestión de la máxima importancia debieran ser las acciones de la Administración Regional para el mantenimiento adecuado de los montes, teniendo en cuenta que tenemos un total de 2.872.238,00 hectáreas de superficie forestal, siendo 2.610.099 hectáreas, el 90 % del total de esta superficie forestal de titularidad privada y el 7 % restante, unas 262.139 hectáreas son de carácter público.
En este orden de cosas, el gobierno extremeño debe utilizar al máximo las medidas legales para actuar en montes privados abandonados o sin gestionar que supongan un riesgo de incendio. La normativa autonómica permite a la administración regional entrar en fincas privadas para limpiar y retirar vegetación sobrante en zonas de alto riesgo si el propietario no cumple con sus obligaciones. Según la Ley Agraria de Extremadura, si un terreno agroforestal lleva más de diez años sin actividad y acumula masa forestal peligrosa, la Junta de Extremadura puede realizar una ejecución subsidiaria de los trabajos preventivos (como desbroces o limpieza de maleza) tras declarar el terreno en estado de abandono o de interés general.
No obstante, consideramos que en estos casos de abandono continuado la expropiación del monte privado es el método más efectivo como medida de prevención ante el riesgo potencial de incendios. No existe una ley autonómica específica en Extremadura para expropiar un monte privado simplemente por serlo. La expropiación en la región se rige por la Ley de Expropiación Forzosa estatal y la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura, exigiendo una causa justificada de utilidad pública o interés social.
Desde nuestro punto de vista el gobierno de Extremadura no puede dudar de llevar a cabo una expropiación de un monte privado bajo los supuestos y garantías establecidos en la legislación española de expropiación forzosa y la normativa autonómica agraria y forestal. En ciertos casos, no cabe duda que esta acción ejecutoria reduciría o anularía las posibles causas de un incendio y sus consecuencias sobre la población.
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