Las mujeres de Costa de Marfil cada vez abortan más, a pesar de la ilegalidad de estas intervenciones y del riesgo de vida que corren quienes se someten a ellas, advierten médicos y expertos. En este país de África occidental están presentes casi todos los factores que llevan a las mujeres a abortar, como la […]
Las mujeres de Costa de Marfil cada vez abortan más, a pesar de la ilegalidad de estas intervenciones y del riesgo de vida que corren quienes se someten a ellas, advierten médicos y expertos.
Una ley vigente desde 1981 condena a quienes interrumpan voluntariamente su embarazo y a quienes las ayuden a hacerlo a cinco años de prisión y multas que van de 300 a 3.000 dólares.
Korotoumou Bakayoko, de 16 años, fue apenas una víctima más. Sus padres y amigos se reunieron para el acto de sepultura, en el cementerio municipal de la occidental ciudad de Séguéla.
«Murió a causa de un aborto. Llevaba en secreto un embarazo de tres meses y decidió interrumpirlo sin que sus padres supieran», dijo a IPS su prima, Massandjè Bakayoko.
Korotoumou, la mayor de cinco hermanos, temió avergonzar a su familia, pues quedar embarazada o tener un hijo fuera del matrimonio está muy mal visto por los musulmanes.
Siguiendo los consejos de sus amigas, Korotoumou decidió abortar utilizando cortezas de árbol, raíces y vidrio en polvo. Sufrió una hemorragia interna que la dejó en coma.
Su situación empeoró porque no recibió la atención médica adecuada en el hospital de Séguéla.
«Su estado ya era grave y, para colmo, el hospital no tenía los implementos médicos necesarios para atenderla. No pudimos evitar lo peor», dijo a IPS François Ignace Kobénan, uno de los enfermeros que atendió a Korotoumou.
La falta de equipamiento, añadió, es consecuencia de la incertidumbre que siguió al levantamiento armado de 2002, que dividió Costa de Marfil en dos: el norte, controlado por los rebeldes, y el sur, por el gobierno.
Los insurgentes tomaron las armas para luchar contra la discriminación que sufren por parte de la población del sur, que domina la política y la economía del país.
«Los abortos clandestinos alcanzaron niveles preocupantes en nuestros hospitales en los cuatros años de crisis», señaló el médico general Lassina Sanogo, del hospital central de la ciudad de Bouaké, bastión de los rebeldes.
Una investigación realizada en 2005 por Objetivo Salud, organización no gubernamental marfileña con sede en la septentrional ciudad de Korhogo, indicó que 34 por ciento de 2.400 mujeres entrevistadas se habían sometido al menos a un aborto.
En el norte, añadió, 70 por ciento de las interrupciones de embarazo en mujeres de entre 13 y 24 años se realizaron en condiciones sanitarias seguras y con el consentimiento de sus padres o parejas.
«Hay formas discretas y seguras de terminar un embarazo, a cargo de médicos, enfermeras y parteras y en hospitales y salas de maternidad de nuestro país y de otros países de África occidental, por grandes sumas de dinero», dijo a IPS Zana Sanogo, de Operación Salud.
El médico Logozeni Diabaté, que trabaja en un sanatorio de la región de Séguéla, calcula que este procedimiento clandestino tiene un costo de entre 50 y 100 dólares.
«Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar de eso porque la legislación marfileña, al igual que la de otros países de la región, prohíbe el aborto. Sólo cuando algo sale mal la gente se entera», indicó.
Pero el restante 30 por ciento de mujeres que se practicaron un aborto en el norte del país siguieron métodos más inseguros y sin asistencia médica adecuada. Muchas sufren complicaciones, e incluso la muerte.
En promedio, tres de cada 10 mujeres tratadas por curanderos y enfermeros –que es el recurso más habitual en estos casos– murieron, quedaron estériles o sufrieron otros problemas derivados de la intervención.
La pobreza tiene un vínculo estrecho con el aborto en condiciones de riesgo, aseguró Aristide Kouamé Kobénan, de la organización no gubernamental Salud para Todos, con sede en la ciudad de Toumodi, que se encuentra en la zona de contención que separa a las fuerzas insurgentes de las gubernamentales.
«Una joven rechazada por su pareja y sus padres y sin apoyo psicológico, no duda en practicarse un aborto clandestino», afirmó Kobénan.
Consideraciones similares expresó Amadou Sidibé, asistente del ministro de Asuntos Sociales.
Por su parte, Amadou Sidibé, colaborador del ministro de Asuntos Sociales, indicó a IPS que en «vertederos de basura» de la meridional ciudad de Abidjan, capital económica del país, suelen aparecer «fetos y recién nacidos muertos envueltos en bolsas de plástico».
La gran cantidad de desplazados desde el norte hacia el sur del país a causa del conflicto elevó la cantidad de abortos clandestinos y de recién nacidos abandonados en basureros y lugares públicos, según algunas parteras.
«Sería mejor legalizar el aborto, aunque esté prohibido por algunas religiones, para que se pueda realizar en mejores condiciones médicas y así evitar la muerte y la esterilidad de niñas y jóvenes», dijo una de ellas, Zana Sanogo.