Una legislación represiva contra los opositores, una represión especialmente brutal en los territorios ocupados ilegalmente del Sáhara Occidental, presiones y grandes limitaciones a la libertad de prensa, procesos judiciales irregulares, arrestos sin garantías… Marruecos es un país en el que las autoridades no brillan por su respeto a los derechos humanos. La organización pro Derechos […]
Una legislación represiva contra los opositores, una represión especialmente brutal en los territorios ocupados ilegalmente del Sáhara Occidental, presiones y grandes limitaciones a la libertad de prensa, procesos judiciales irregulares, arrestos sin garantías… Marruecos es un país en el que las autoridades no brillan por su respeto a los derechos humanos.
La organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch presenta una panorámica irregular de la situación de los Derechos Humanos en Marruecos, un país que ha realizado «grandes progresos» a la hora de responder de abusos en el pasado, pero que hoy en día emplea «una legislación represiva» contra aquellos «opositores pacíficos» que se manifiestan contra los «tabúes» que perduran en el reino alauí, según un último informe en el que se menciona los excesivos niveles de control ejercidos por Rabat en el Sáhara Occidental, «una región que Marruecos administra como si fuera parte de su territorio nacional». El grupo estima que varios cientos de milicianos islamistas arrestados tras los atentados de Casablanca en mayo de 2003 siguen cumpliendo penas de cárcel, a pesar de los perdones monárquicos que decretaron la liberación de parte de los condenados. De entre ellos, al menos 20 se encuentran entre los más de 100 prisioneros sobre los que pesa una sentencia de muerte, según señala la organización. Además, HRW estima que muchos de los detenidos en 2003 han sido hechos cautivos «durante días o semanas», además de ser sujetos a «maltratos y torturas», durante su interrogatorio.
Finalmente, la organización elogia la creación en 2005 de la Comisión para la Igualdad y la Reconciliación (CIR), que ha estimulado discusiones que «favorecen la ruptura de los tabúes» a la hora de informar sobre «los graves abusos contra los Derechos Humanos cometidos en el pasado». Sin embargo, la organización lamenta que «la falta de cooperación las autoridades» haya impedido la resolución de otros casos, ya que el Gobierno marroquí «no ha emprendido medidas a la hora de juzgar a altos cargos de Gobierno implicados en abusos pasados», ni se ha atendido a la petición del ERC de ratificar los estatutos del Tribunal Penal Internacional, y la abolición de la pena de muerte.
La organización critica que, en los casos con «matices políticos», los tribunales marroquíes suelen ignorar las peticiones de los acusados para someterse a exámenes médicos que demuestren que han sido sometidos a prácticas de tortura, y emitiendo condenas basadas en «confesiones aparentemente forzadas». HRW cita el caso concreto de siete miembros de la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos (AMDH), «encarcelados por atacar valores sagrados», es decir, «corear consignas contra el Rey». Ante esta situación, HRW pide al Gobierno marroquí que asegure «un estándar judicial garantizado internacionalmente» y que los tribunales se comprometan con sus obligaciones para «emprender acciones que eviten la tortura y el maltrato».
En este sentido, la organización aplaude la «tolerancia» exhibida por las autoridades marroquíes sobre el trabajo de las ONG con sede en Rabat y Casablanca. Del mismo modo, estima que «tampoco intoxica el trabajo de las organizaciones que visitan Marruecos, a las que en ocasiones contesta sus cartas donde expresan su preocupación».
No obstante, en el Sáhara Occidental, donde los saharauis reclaman la autodeterminación del territorio, «la vigilancia es más estrecha, y el acoso a los defensores de los derechos humanos, más común». Del mismo modo, HRW lamenta que «la mayoría de las reuniones públicas requieren de la autorización necesaria del Ministerio de Interior» que siempre puede denegar dicho permiso si entiende que el encuentro «vulnera el orden público». En determinados casos, la organización critica el uso de la fuerza empleada por la Policía marroquí en incidentes como el sucedido en una manifestación organizada el pasado 15 de junio enfrente del Parlamento de Rabat, y en la que se instaba a la liberación de los miembros de AMDH antes mencionados.