Traducción de Ana Atienza y Manuel Talens
Ama Biney escribe para Pambazuka News sobre la nueva avalancha de acaparamientos de tierras en África por parte de gobiernos extranjeros e inversores privados, movidos por el temor a una escasez mundial de alimentos provocada por el cambio climático y a una volatilidad en los precios de éstos en el mercado internacional. La autora advierte que «los riesgos políticos y económicos de estos acaparamientos son colosales y exceden con mucho cualquier beneficio» y alega que «la prioridad de los gobiernos africanos es la seguridad y la suficiencia alimentaria de sus poblaciones».
¿Cómo es posible que en el siglo XXI el mundo haya alcanzado la capacidad de alimentar a todos los seres humanos del planeta y, sin embargo, la mayoría de los africanos y el resto de los países del sur -que son pobres, mientras que la obesidad hace estragos en Occidente- cada vez pasen más hambre? Además, ¿por qué en fechas recientes los países ricos «adquieren» terrenos en África? La respuesta a la primera pregunta se basa en la desigual distribución y control de la riqueza mundial y de su propiedad, que está en pocas manos. La respuesta a la segunda está ligada a la primera y este artículo trata de explicarla.
La reciente avalancha que se ha observado durante los últimos 12 meses por adquirir tierras en África se debe a una serie de factores relacionados con las inquietudes surgidas ante una posible escasez de alimentos en el mundo, en particular tras el aumento de los precios de los cereales entre 2007 y 1008, que dio lugar a graves altercados en más de 20 países, entre ellos Haití, Senegal, Yemen, Egipto y Camerún.
A esto se añade la volatilidad de los precios de los alimentos en el mercado internacional y la especulación en los precios futuros. Las naciones productoras de alimentos básicos impusieron tarifas a sus cosechas para disminuir la exportación, pero ello ha empeorado la situación. Los países del Golfo, Arabia Saudí, Bahrein, Omán, Qatar (que controlan el 45% de la producción petrolera mundial) se han dado cuenta de que ya no pueden confiar en los mercados regionales y mundiales para alimentar a sus poblaciones y, por ello, han vuelto sus ojos hacia África con el fin de adquirir tierras, convirtiéndose de este modo en los pioneros de este nuevo agrocolonialismo. Este fenómeno probablemente convertirá a los alimentos en la segunda materia prima más codiciada, tras el petróleo. Entre los demás factores causales se encuentra el hecho de no haber tenido en cuenta tendencias medioambientales como el cambio climático, que genera penurias de agua y sequía en numerosas regiones.
La sequía que han sufrido los masais del valle del Rift, en Kenia, y los campesinos del Punjab, en Pakistán, ha sido desastrosa. Estos elementos han conducido a países como China, Corea del Sur, Arabia Saudita y Kuwait, cuyas tierras arables son escasas, a invertir en la agricultura de África. A ellos se les han unido Malasia, Qatar, Bahrein, India, Suecia, Libia, Brasil, Rusia y Ucrania. Las proyecciones demográficas, según las cuales la población mundial aumentará desde 6000 millones a 9000 millones de habitantes entre ahora mismo y el año 2050 hacen pensar que la producción alimentaria alcanzará sus límites físicos. A menos que se cambie la manera de producir alimentos, se disminuya el consumo de los países ricos y se ralenticen los efectos perversos de la superproducción sobre el medio ambiente, nos dirigimos hacia una crisis alimentaria generada por un aumento de la demanda imposible de satisfacer. Esto ya ha sucedido en países como Arabia Saudí, que es hoy incapaz de alimentar a su propia población y se esfuerza por todos los medios por adquirir tierras en otros países para remediar el problema.
Food Rebellions, de Eric Holt-Giménez y Raj Patel, Pambazuka Press, 12,95 libras esterlinas «Un libro que se ocupa de problemas reales. De lectura obligada para todos aquellos preocupados por el derecho a los alimentos» (Olivier De Schutter)
¿Simple alarmismo?
Durante los últimos cuatro meses, una serie de artículos publicados en los medios occidentales, con títulos como «La precipitación sobre los productos alimenticios: el aumento de las necesidades de China y de Occidente aceleran el acaparamiento de las tierras africanas» [1], «El acaparamiento mundial de las tierras» [2], «Las inversiones en África provocan el miedo al acaparamiento de las tierras» [3], han arrojado luz sobre una tendencia que va en aumento. Dejando de lado el sensacionalismo de los títulos, dicha tendencia es perturbadora, porque implica tanto a la política como a la economía. La preocupación entre los africanos está justificada por eso que el director de la FAO, Jacques Diouf, ha calificado de «sistema neocolonial». David Hallam, vicedirector de la FAO, estima que «puede tratarse de una situación en la que todo el mundo gane o, por el contrario, de una forma de neocolonialismo de consecuencias desastrosas para algunos de los países implicados. El riesgo, para algunos de tales países, en particular aquellos que son políticamente sensibles y están desprovistos de seguridad alimentaria, es que pierdan el control de su propio abastecimiento alimentario cuando más lo necesitan.»
Otros han hablado de «nuevo colonialismo» o de «colonialismo agrario». La realidad es que durante el año pasado, países como Ghana, Etiopía, Malí, Tanzania, Kenia y Sudán arrendaron millones de hectáreas de su territorio para producción agrícola o de biocarburantes. Por ejemplo, en abril de 2008 Arabia Saudí se puso en contacto con el gobierno de Tanzania para arrendar 500.000 hectáreas de tierras agrícolas y producir arroz y trigo en ellas [4].
En fechas recientes, los pros y los contras de estos acaparamientos de tierras a gran escala han sido debatidas en un documento titulado «¿Acaparamiento de tierras u oportunidad de desarrollo? La inversión en la agricultura y las transacciones agrarias internacionales en África«, publicado en junio por la FAO, el Instituto para el desarrollo y el medio ambiente (IIED) y el Fondo internacional para el desarrollo de la agricultura (FIDA). La posición liberal de los autores los lleva a decir «que su objetivo no consiste en proporcionar respuestas definitivas, sino en facilitar un debate vigoroso entre gobiernos y sector privado y los grupos de interés de la sociedad civil) [5]. Subrayan que «entre el anuncio de un plan (de venta o de arrendamiento de tierras) y el adquisición de dicha tierra hay un abismo, por no hablar de su cultivo». Mantienen que «algunas de estas adquisiciones no tienen precedentes y concuerdan con la revista The Economist, la cual afirma que la inversión en granjas extranjeras no es algo nuevo» [6].
Lo que no tiene precedentes es, en primer lugar, la escala de dichas transacciones agrarias. El gabinete estratégico International Food Policy Research Institute (IFRI) (Instituto internacional de investigación sobre políticas alimentarias), con sede en Washington, DC, estima que las transacciones se elevan a entre 20 y 30 mil millones de dólares e implican entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras arables en los países pobres de África, Camboya, Pakistán y Filipinas. Según la FAO, estas enormes transacciones podrían ser solamente la punta del iceberg. Ya durante los últimos cinco años 2,5 millones de hectáreas de tierras arables en cinco países subsaharianos han sido compradas o arrendadas, a cambio de un montante total de 920.000 millones de dólares [7].
La segunda característica de estos nuevos acaparamientos de tierras es que se centran en cultivos específicos (por ejemplo, trigo, maíz, arroz, jatrofa) o en la producción de biocarburantes. Por ejemplo, en 2002, Sudán firmó con Siria un acuerdo especial de inversión en agricultura, el cual implica un arrendamiento de 50 años entre los gobiernos sudanés y sirio. Según la FAO, «la compañía sudanesa Hadco ha comprado a Sudán 25.000 hectáreas de tierras arables, el 60% de cuyo costo corrió a cargo del fondo gubernamental saudí de desarrollo industrial [8]. En Etiopía, el gobierno de Meles Zenawi ha aceptado recientemente una transacción de 100 millones de dólares, según la cual se permite a la Arabia Saudí que cultive cebada y trigo.
En el pasado, las inversiones en agricultura provenían de inversores privados. Ahora, las nuevas transacciones se hacen a menudo entre gobiernos. A veces, los compradores son empresas extranjeras y los vendedores son los gobiernos de los países donde se encuentran las tierras, como Camboya, que en agosto de 2008 arrendó tierras a inversores de Kuwait. El mismo año, los gobiernos de Qatar y Sudán crearon una empresa conjunta en Sudán.
En general, la tierra se cede mediante contratos de arrendamiento o concesiones, pero a veces se compra. La FAO señala que «para complicar un poco más las cosas, no existe un modelo dominante único para las transacciones financieras o de propiedad, sino más bien una gran variedad de transacciones específicas locales entre el gobierno y el sector privado» [9].
¿Una situación en la que todo el mundo gana?
El documento de la FAO trata de guardar la equidistancia entre los elogios y la crítica de tales transacciones agrarias. Los autores escriben: «Esta situación de rápida evolución crea oportunidades, retos y riesgos. Un aumento de las inversiones puede llevar los beneficios hasta un grado macroeconómico (crecimiento del PIB y beneficios para el gobierno) y generar oportunidades para la mejora del nivel de vida local. Para los países más pobres, con una relativa abundancia de tierras, estos nuevos inversores pueden aportar capital, tecnología, conocimientos, acceso a los mercados y también jugar el importante papel de catalizadores del desarrollo económico rural. Por otra parte, las acaparamientos a gran escala pueden suponer para la población local la pérdida del acceso a los recursos de los que depende para su seguridad alimentaria y su supervivencia.» [10]
Lo que estas transacciones no mencionan es el costo para el medio ambiente de la agricultura intensiva, es decir, la devastación del suelo, el agotamiento de las capas freáticas y un entorno destruido por la contaminación química. Ese costo deberán pagarlo los países huéspedes y no será diferente de las devastaciones provocadas por la compañía Shell en el delta del Níger, en Nigeria.
La doctora Vandana Shiva, directora de la Research Foundation for Science, Technology and Ecology, en India, pone en entredicho el entusiasmo occidental por los biocarburantes, cuyo cultivo no sólo exige millones de hectáreas, sino que también son, como lo subraya, «muy centralizados e industriales» [11]. Los biocarburantes han sido un elemento oculto del aumento de los precios de los productos alimentarios en 2007-2008. La producción de biocarburantes como alternativa a las energías fósiles ha obligado a numerosos campesinos a cambiar su producción en tierras que de otro modo habrían producido alimentos. En la región de Chattisgarh, en el centro de India, los campesinos han arrancado campos enteros de jatrofa (un arbusto que sirve para producir biocarburantes). Una mujer que fue encarcelada por haber arrancado jatrofa lo dijo claramente: «El problema que tenemos con la jatrofa es que no nos la podemos comer. No podemos quemarla. No nos sirve para nada. Los pobres deben vivir de su tierra. La jatrofa sólo sirve para hacer carburante, pero como nosotros no tenemos vehículos, carece de valor. Otro gran problema es que si nuestros animales se lo comen, se mueren.» [12]
En fechas recientes se ha sabido que en el norte de Ghana se ofrecieron tierras a una empresa noruega productora de biocarburantes, la cual desea instalar allí una inmensa plantación de jatrofa. La población local debería tomar como ejemplo la experiencia de los campesinos desposeídos de Chattisgarh, que aspiran a la autosuficiencia alimentaria, pero cuyas tierras han sido cedidas para el cultivo de jatrofa con fines lucrativos.
Walden Bello sostiene con razón que en el momento de su independencia muchos países africanos eran autosuficientes desde el punto de vista alimentario y exportaban los excedentes. Esta situación ha cambiado dramáticamente. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI y el Banco Mundial durante las décadas de los ochenta y noventa contribuyeron a destruir la agricultura al imponer unas condiciones de devolución de la deuda que eran el precio a pagar a cambio de su ayuda.
Los gobiernos africanos fueron obligados a abandonar el control y los mecanismos de sostén y de crecimiento, «renunciando a controlar el precio de los abonos al mismo tiempo que se veían obligados a reducir los sistemas de crédito agrícola. Esto condujo a una disminución de las inversiones y a la reducción de las cosechas.» [13] El FMI y el Banco Mundial insistieron en que sus políticas favorecerían las inversiones extranjeras directas. Pero las predicciones neoliberales terminaron por ser falsas en todos los países. Ha sucedido exactamente lo contrario. La retirada del Estado dio lugar a la desaparición de los inversores privados. En resumidas cuentas, al igual que en numerosas otras regiones, los ajustes estructurales no sólo han dado lugar a una menor inversión estatal, sino a la desaparición de las inversiones del Estado.
En la actualidad, algunos gobiernos africanos, como los de Etiopía y Sudán, alegan que su invitación a países ricos para que vengan a adquirir tierras es una manera de atraer inversiones directas. Incluso antes de estos acaparmientos sin precedentes, los campesinos en África estaban obligados a producir los alimentos que demandaba el mercado si querían sobrevivir. Pocos de ellos podían elegir. A menudo se endeudaron para comprar o alquilar maquinaria, obtener un crédito para adquirir semillas y abonos o incluso debieron abandonar sus granjas para emigrar a centros urbanos a la búsqueda de una alternativa económica.
De manera general, los riesgos políticos y económicos de estos acaparamientos son colosales y exceden con mucho cualquier beneficio. Esto se explica por diversas razones. En primer lugar, la asimetría de las relaciones de poder en tales transacciones pone en peligro la subsistencia de los pobres. Por definición, los inversores extranjeros poseen los medios de comprar a las elites gubernamentales y locales con el poder de su dinero. De esta manera, los pequeños campesinos se verán legalmente desplazados, si no expoliados de sus tierras. Ruth Meizen-Dick, una investigadora del IFPR, señala que «el poder de las negociaciones de estos acuerdos está en el lado de los inversores extranjeros, en particular cuando sus aspiraciones las comparten los países huéspedes y las elites locales».
Con frecuencia estos pequeños propietarios poseen escasa formación cultural y no comprenden todas las implicaciones de la letra pequeña que aparece en los documentos legales. Por otra parte, la ONU y otros organismos advierten de que, en muchos casos, los campesinos africanos no poseen derechos formales sobre las tierras que cultivan y, por lo tanto, se los desplaza para dar prioridad al inversor.
En segundo lugar, muchos países africanos carecen de mecanismos o procedimientos legales que velen por los derechos de estos pequeños propietarios. A todo ello se suma que a menudo existe falta de transparencia, con cheques y balances de por medio en estas negociaciones contractuales. Todo ello se convierte en terreno abonado para la corrupción, más aún debido a las grandes diferencias que suele haber entre lo que figura en los libros reglamentarios y la realidad sobre el terreno, que se puede manipular para favorecer intereses particulares.
¿Es sólo cuestión de falta de transparencia o de la necesidad de un código de conducta? La reunión del G8 celebrada en julio, a la que asistieron los países ricos en el norte de Italia, prometió desarrollar una propuesta basada en principios y buenas prácticas para la adquisición de tierras en los países en desarrollo. Dicho código de conducta contará con el respaldo del IFPRI y de la Unión Africana (UA).
El lenguaje de las empresas agrarias occidentales oculta el hecho de que, como señala Raj Patel, «con la caída de estas tierras en manos de los bancos y los subsiguientes cambios de propietario y acaparamientos se han disparado los índices de suicidio de los agricultores en todo el mundo» [14]. Aunque se desconocen las cifras de suicidios entre los agricultores africanos, según P. Sainath, el número oficial de agricultores que se suicidaron en India fue de 182.936 entre 1997 y 2007. Añade: «Los que se han quitado la vida tenían grandes deudas: la cifra de campesinos endeudados se duplicó en la primera década de las ‘reformas económicas’ neoliberales» [15]. Entretanto, resulta irónico que mientras los campesinos indios se suicidan, su gobierno trate de comprar tierras para cultivos alimentarios en Etiopía y Sudán.
El barómetro del malestar social lo encontramos en el incremento de los índices de suicidio en países como Sri Lanka, China y Corea del Sur. Como indica Patel: «No se trata sólo de tragedias individuales, sino sociales» [16]. Ponen de manifiesto la indefensión política y económica de una comunidad. Constituyen un claro síntoma de la incapacidad de esa sociedad para garantizar no sólo la soberanía alimentaria, sino también la seguridad económica del pueblo. También revelan hasta qué punto resulta absurda la lógica del libre comercio capitalista que propugna la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la cual la competencia es algo positivo que erradicará a los productores ineficientes. Mientras tanto, los agricultores occidentales siguen recibiendo subsidios para mantenerse en cabeza en el juego capitalista y consiguen desbancar por precio a los agricultores africanos.
¿Por qué el asunto del acaparamiento de tierras es tan crucial para los africanos?
Para la mayoría de los africanos la tierra sigue siendo a la vez una cuestión emotiva y política. No hay más que mirar la historia de asentamientos y colonialismo de países africanos como Zimbabue, Kenia y Sudáfrica para ver que la tierra no es sólo una cuestión de recursos económicos -y, por lo tanto, un medio de vida-, sino que también está vinculada a la identidad. El continuo acaparamiento de tierra africana es un asunto vital para África, puesto que constituye un elemento que forma parte de la asociación neocolonial que existe entre la elite de los países africanos por un lado y los gobiernos occidentales y las corporaciones transnacionales por el otro.
Esta clase social sigue desempeñando el papel de guardián del estado rentista, es decir, el que alquila recursos (ya sea petróleo, diamantes, coltán o tierras) que deberían utilizarse en beneficio de la mayoría de los africanos, con el fin de consolidar su propia base política y económica y de apuntalar sus regímenes ilegítimos en cuanto a defensa y seguridad. Frantz Fanon describió acertadamente a esta elite como personas que consideraban que no tenían «nada que ver con transformar la nación; consiste, desde un punto de vista prosaico, en ejercer de correa de transmisión entre la nación y un capitalismo, desenfrenado pero camuflado, que en la actualidad se cubre con la máscara del neocolonialismo [17].
Conociendo esta máscara, cabría preguntarse en qué difieren los líderes de Sudán y Etiopía de los jefes y reyes africanos que durante la época del colonialismo cedieron sus tierras sin saber exactamente lo que estaban firmando. En la actualidad, a diferencia de los jefes de la era colonial, líderes africanos como Meles Zenawi y Omar Bashir firman esta clase de contratos de forma deliberada y calculada. Más aún, ¿hasta qué punto se habrían desarrollado Europa, Gran Bretaña o USA si hubieran vendido o arrendado grandes hectáreas de sus tierras a otros países? Esta contratación externa de tierras africanas es una faceta profundamente negativa de la globalización y debemos impedir a nuestros gobernantes que sigan convirtiéndonos voluntariamente en colonias. Estas alianzas neocoloniales suponen una recolonización indirecta de los recursos de África, la cual es poco probable que vaya a beneficiar a todos por igual.
Por ejemplo, la Unión Europea (UE) pagó a los países en desarrollo 125 millones de libras esterlinas en 2008 para que las modernas flotas europeas faenaran en aguas de países en desarrollo. Sin embargo, estos acuerdos fueron y siguen siendo controvertidos. Durante años, arrastreros de todo el mundo, en particular de Europa, han pescado en las costas de Senegal, algunos legalmente y otros no. Cada año se exportan a la UE cerca de 25.000 toneladas de pescado. Muchos grandes arrastreros llevan bandera senegalesa y supuestamente pertenecen a ese país. Sin embargo, como apunta inocentemente Moussa Faye, de Actionaid, que realiza campañas contra la sobrexplotación pesquera, «Están engañando al gobierno y al pueblo senegaleses, porque en realidad se trata de empresas europeas que vienen por nuestros recursos y después exportan el pescado y los beneficios que obtienen. Creo que esto debería destinarse al pueblo senegalés y proporcionar un medio de vida a esta gente. Existen asimismo grandes limitaciones en cuanto al número de arrastreros autorizados a faenar. En Senegal dependemos principalmente del pescado como fuente de proteínas animales, lo cual significa que así dispondremos de menos proteínas animales para las personas que no pueden permitirse comprar carne. Esto desembocará en malnutrición.» [18]
Al igual que sucede con los arrastreros europeos que se dedican a pescar en aguas africanas para abastecer a su población, no cabe duda de que los países implicados en el acaparamiento de tierras en África, como los Estados del Golfo, India, Corea del Sur y China, lo que tratan es de garantizar alimento barato a sus propios ciudadanos. De modo similar, durante la época del comercio de esclavos y colonial en África, las naciones europeas se las arreglaron para mantener un contrato social implícito con sus clases trabajadoras: la clase gobernante mantendría el hambre y las privaciones a un bajo nivel en la medida de lo posible garantizando la disponibilidad de cantidades suficientes de comida. Este contrato se ha mantenido a expensas de millones de esclavos africanos en el Nuevo Mundo y de los súbditos de las colonias africanas, que producían azúcar, té, algodón, caucho, estaño o aceite de palma a bajo precio para después enviarlos a la metrópolis colonial. Después, igual que ahora, ese azúcar y otros productos agrícolas baratos se destinaban a satisfacer las necesidades físicas de los obreros europeos. A la luz de los disturbios que se produjeron en más de 20 países entre 2007 y 2008, la avalancha de nuevos contratos sobre tierras desempeña un papel similar en el apaciguamiento de estos ciudadanos a expensas de los pobres africanos y de sus comunidades agrícolas en particular. Dada la situación, ¿quién va a calmar el hambre de África?
Qué se puede hacer
Recientemente, los agricultores malgaches han mostrado a los del resto del mundo lo que hay que hacer. De hecho, su ejemplo requiere una mayor cobertura de los medios para difundir la resistencia y las victorias obtenidas frente a estos contratos. Los agricultores de Madagascar se resistieron al acuerdo neocolonialista entre la compañía surcoreana Daewoo Logistics y el gobierno de Marc Ravalomana. El anuncio del acuerdo dio lugar a la caída del gobierno de Ravalomana cuando se comunicó al pueblo que el Estado había llegado a un acuerdo para arrendar 1,3 millones de hectáreas a Daewoo Logistics durante un periodo de 99 años en el este y en el oeste de Madagascar. Este contrato permitía a la empresa cultivar y exportar maíz y aceite de palma a Corea del Sur por la friolera de 6.000 millones de dólares.
El nuevo presidente malgache, de 34 años de edad, declaró que en su país la tierra no estaba en venta. La Confederación de Agricultores Malgaches (Fekritana) movilizó a sus trabajadores para oponerse al contrato. El líder del programa, Rihatiana Rasonarivo, dijo que Madagascar no estaba interesado en vender tierra por comida: «No estamos de acuerdo con la idea de que los extranjeros vengan a comprar tierras a Madagascar. Lo que queremos es que, en primer lugar, el gobierno facilite a los agricultores locales el acceso a las tierras antes de negociar con extranjeros. Uno de los principales problemas de los agricultores malgaches está en la propiedad de la tierra, por lo que creemos que es injusto que el gobierno venda o arriende tierras a extranjeros cuando los campesinos locales no disponen de tierra suficiente.»
Algo similar sucede en Filipinas, país pobre del sureste asiático que cuenta con 90 millones de habitantes, donde el político Rafael Mariano, en representación de los agricultores filipinos, exigió una investigación inmediata sobre lo que denominó «gran acaparamiento de tierras por parte de extranjeros». Según dijo, «Para nuestro país es el colmo de la estupidez que ofrezcamos nuestras tierras con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de otra nación cuando dependemos de las importaciones para atender nuestras propias necesidades». Así pues, habría que preguntarse cómo es posible que Etiopía, un país durante mucho tiempo asociado a la hambruna y al Live Aid, haya podido firmar contratos de tierras con Arabia Saudí; no es capaz de alimentar a su propia población y, sin embargo, promete alimentar al pueblo saudí. Asimismo, por qué el gobierno keniano se está planteando arrendar parcelas en las ricas tierras costeras del delta del río Tana, en las que viven comunidades agrícolas y ganaderas, cuando Kenia se enfrenta actualmente no sólo a una enorme escasez de alimentos y a precios elevados, sino también a un tercer año consecutivo de sequía.
Otras protestas que han recibido escasa atención por parte de los medios occidentales y africanos es la campaña liderada por la Caravana por la Tierra y la Subsistencia, que organizaron entre julio y noviembre de 2009 la Coalición de Campesinos Asiáticos y la Liga Internacional Panasiática de Campesinos en diez países de ese continente. El lema de la Caravana de Campesinos es «¡Paremos el acaparamiento de la tierra! Luchemos por una verdadera reforma agraria y por la soberanía alimentaria de los pueblos.» Este movimiento de base pretende sacar a la luz las demandas de los campesinos pobres, cuyos medios de subsistencia se han visto empeorados por las políticas neoliberales de las corporaciones transnacionales, la OMC y la corporativización de la agricultura. Su objetivo consiste en «popularizar las victorias y los triunfos de los campesinos en la lucha por una verdadera reforma agraria que inspire y dé paso a un cambio favorable a los agricultores asiáticos.
A la hora de decidir qué puede hacerse, existen diversas acciones y puntos por donde empezar a luchar. En primer lugar, la prioridad de los gobiernos africanos es la seguridad y la suficiencia alimentaria de sus poblaciones. Las inversiones agrícolas constituyen una necesidad y la prioridad número uno, del mismo modo que ayudar a los pequeños campesinos a obtener mayores cosechas para acabar con el hambre en los entornos rural y urbano. Es preciso pagar salarios decentes a los agricultores africanos para que produzcan para la nación y no para los inversores extranjeros. En segundo lugar, la sociedad civil, incluidos los sindicatos y las cooperativas de agricultores africanos, tienen que educar a las poblaciones locales y a los pequeños agricultores para mostrarles que estos acuerdos sobre tierras no les interesan, incluso si parecen bienintencionados o se acompañan de un vocabulario de ventajas para todos. En tercer lugar, es necesario difundir la resistencia del sindicato de agricultores malgaches y de la coalición de campesinos asiáticos entre los sindicatos agrarios de todo el sur no sólo por solidaridad, sino también como prueba concreta de un cambio colectivo que se ha hecho posible y real frente a estos contratos sobre tierras. Por último, tenemos que luchar por el derecho del pueblo africano a controlar la tierra y otros recursos críticos y atraer su interés hacia estos aspectos.
Notas
[1] The Guardian, viernes, 3 de julio de 2009.
[2] http://farmlandgrab.org/6623
[3] http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/8150241.stm
[4] Christian Science Monitor, 8 de julio de 2009.
[5] Pág. 16.
[6] 21 de mayo de 2009.
[7] The Guardian, viernes, 3 de julio de 2009.
[8] Documento de la FAO, pág. 39.
[9] Ibid, pág. 35.
[10] Ibid, pág. 15.
[11] Future of Food, British Broadcasting Corporation, documental del canal BBC2 presentado por George Alagiah, 24 de agosto de 2009.
[12] Ibid.
[13] Walden Bello, «Destroying African Agriculture», en Global Research, 5 de junio de 2008.
[14] Raj Patel, Stuffed & Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World’s Food System, Portobello, 2007, pág. 15.
[15] P. Sainath, «The Largest Wave of Suicides in History», en CounterPunch, 12 de febrero de 2009.
[16] Raj Patel, Stuffed & Starved, pág. 27.
[17] Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, pág. 122.
[18] Future of Food, British Broadcasting Corporation, documental del canal BBC2 presentado por George Alagiah, 24 de agosto de 2009.
Fuente: Pambazuka News Nr. 448
Artículo original publicado el 17 de septiembe de 2009
Ana Atienza y Manuel Talens son miembros de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Talens pertenece asimismo al colectivo de Rebelión. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a los traductores y la fuente.