A la chita callando y sin apenas eco en los medios de comunicación social, se inició el pasado mes de junio la fase final de las negociaciones para la elaboración de los nuevos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y los 77 países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Hasta […]
A la chita callando y sin apenas eco en los medios de comunicación social, se inició el pasado mes de junio la fase final de las negociaciones para la elaboración de los nuevos Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y los 77 países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Hasta ahora, las relaciones económicas entre esos dos bloques han estado regidas por los Acuerdos de Cotonú, firmados en junio del año 2000 y cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2007.
El resultado de las actuales negociaciones será determinante para el desarrollo de un buen número de países africanos en los próximos diez años, porque la mayor parte de sus operaciones comerciales se lleva a cabo con miembros de la Unión Europea (UE) y muchas de las ayudas para el desarrollo que reciben proceden, asimismo, de los Estados europeos.
La Red África-Europa Fe y Justicia (AEFJN, en siglas inglesas) acaba de publicar un informe que descubre los intereses, nada altruistas, que mueven a la Comisión europea en la negociación de los nuevos acuerdos económicos con los países ACP.
El principal objetivo de los Acuerdos de Cotonú fue «mejorar las perspectivas de desarrollo socioeconómico de los países de África, del Caribe y del Pacífico» para erradicar la pobreza y promover el progreso de sus poblaciones; se quiso dejar claro, desde el principio, que no se trataba de una estratagema de parte de la UE para conseguir ventajas comerciales en sus relaciones con ese grupo de países pobres.
Negociadores de los países ACP, muchas ONGs que trabajan en el campo de la cooperación internacional y el informe de AEFJN coinciden en denunciar que la Comisión europea está ahora más interesada en imponer una política de liberalización comercial sobre esas 77 naciones menos avanzadas que en facilitar el desarrollo económico que, al menos, les permita cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.
La Comisión europea presiona a los países ACP para que acepten la eliminación de aranceles a las importaciones. Esta medida supondría para muchas de estas naciones una grave pérdida de los ingresos que necesitan para impulsar su desarrollo. Además, la entrada libre de productos importados de la UE provocaría la ruina de la producción local, incapaz de competir con la agricultura y la industria europeas.
La experiencia confirma que la liberalización del comercio entre socios tan desiguales como son la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico tan sólo beneficia a la parte más rica.
Los negociadores europeos saben muy bien que las relaciones comerciales sin trabas que buscan introducir en los nuevos Acuerdos de Asociación Económica no van a facilitar el desarrollo socioeconómico de los 77 países ACP, ni contribuirán a paliar las precarias condiciones de vida que sufren sus poblaciones.
La Red África-Europa Fe y Justicia ha lanzado una campaña -a la que nos unimos- para concienciar a las sociedades civiles, tanto de Europa como de los países ACP, sobre la importancia de los acuerdos económicos que se están negociando. Una amplia oposición social podría evitar que, una vez más, las ventajistas leyes del mercado sofoquen el espíritu de solidaridad necesario para solucionar los graves problemas de supervivencia que sufre una importante porción de la humanidad.