Unas 150 personas convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se concentraron el 25 de febrero en la puerta de la sede central del Banco de Santander en Valencia, en protesta por la falta de interlocución directa con la entidad financiera y contra la falta de solución en las negociaciones por los […]
Unas 150 personas convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se concentraron el 25 de febrero en la puerta de la sede central del Banco de Santander en Valencia, en protesta por la falta de interlocución directa con la entidad financiera y contra la falta de solución en las negociaciones por los préstamos hipotecarios. Durante la concentración se exhibieron carteles y pancartas contra las prácticas del Banco de Santander, ante la entrada y salida de clientes, la presencia de dos furgones y una docena de agentes de la policía nacional, y el paso de automóviles privados y los autobuses municipales, que saludaban solidariamente con el claxon.
Las personas afectadas por las hipotecas reivindicaron una negociación directa con el banco, y no con gestores externos en manos de fondos de capital riesgo, a los que el Banco de Santander vendió sus activos inmobiliarios «tóxicos» y de «dudoso cobro». PAH-Valencia se refiere, en concreto, a la empresa Aktua, cuyo propietario es el fondo de inversión Centerbridge Partners, y a la empresa Altamira, en manos del fondo estadounidense Apolo. Estos son los intermediarios con los que en el día a día ha de lidiar la plataforma antidesahucios.
Según la coordinadora del grupo de afectados del Banco de Santander en PAH-Valencia, Gema Giménez, «Aktua y Altamira no hacen ninguna concesión; suelen ofrecer daciones parciales con deudas altísimas, que pueden alcanzar los 50.000 euros; además, plantean nuevas tasaciones de las viviendas por cantidades menores». Otro de los problemas que se plantea es la demora de seis meses en las negociaciones, lo que la portavoz califica como «estrategia de desgaste» por parte de los acreedores. Recuerda que la fusión entre el Banco de Santander y Banesto en mayo de 2013 (realmente una absorción por parte de la primera entidad) dejó a los afectados en un «limbo»: «se pasaban la pelota de unos bancos a otros». En general, se observa en el Santander «bastante prepotencia en las oficinas».
Entre las reivindicaciones de los concentrados, figura el trato «correcto» a los coordinadores de la PAH y afectados por parte de los gestores (Aktua y Altamira) y los directores de sucursal; la «flexibilidad» en los criterios a la hora de reconocer la dación en pago; la celeridad en la concesión del alquiler social, que debería valorarse en función de los ingresos y descontando los gastos básicos; y la fijación por escrito de los acuerdos entre afectados e interlocutores, para garantizar el cumplimiento.
La venta de las gestoras de activos inmobiliarios de los bancos españoles a fondos de capital riesgo ha sido una constante en los últimos años. En diciembre de 2012 Banesto vendió, antes de su absorción por el Banco de Santander, su filial de recobro de hipotecas y venta de pisos adjudicados Aktua, a Centerbridge Partners por 100 millones de euros. El Banco de Santander procedió a la venta del 85% de su filial inmobiliaria Altamira a Apollo, en abril de 2014, por 664 millones de euros. CatalunyaBanc vendió su plataforma inmobiliaria a Blackstone-TPG por 4.187 millones de euros (julio de 2014); Bankia realizó la misma operación con el fondo Cerberus (90 millones de euros), el Banco Popular con Kennedy Wilson y Värde Partners; y Kutxabank la cartera de activos inmobiliarios a Lone Star por 930 millones de euros.
Según informa en su página Web, Aktua es «uno de los expertos en gestión de deuda en situación irregular líder de España». Añade, en jerga financiera, el objeto de su actividad: «apoyamos a nuestros clientes en todas las etapas de gestión de negociación de la deuda, ofreciendo soluciones amistosas integrales de gran valor añadido». En julio de 2014 Aktua fue calificada con la calificación «Above Average» por la agencia Standard & Poor’s, como compañía líder en España en «Special Servicer» hipotecario. Standard & Poor’s es una de las principales agencias de calificación de riesgo del mundo, muy criticada por las altas notas con las que evaluó a Lehman Brothers y sus «productos tóxicos», antes de que la empresa quebrara en 2008. Las calificaciones de la agencia a la banca islandesa tampoco hacían presagiar el colapso bancario de 2008 en este país.
Entre las personas que participan en la concentración, se multiplican los dramas personales. L.R., de 76 años, sumaba préstamos con el Banco de Santander (dos viviendas y seis locales para diferentes negocios) por valor de un millón de euros. Al quebrar su actividad económica, empezó a negociar con el banco y logró la dación en pago por los locales. Asocia la fusión del Banco de Santander y Banesto con un viraje en la relación contractual con la entidad. «Me comunicaron que también querían quedarse con los pisos, y en mayo de 2013 me dieron dos años de plazo para permanecer en la vivienda», explica L.R. Se acerca el vencimiento, y -mientras su abogado negocia con el banco- éste afectado revela que en noviembre y enero recibió la llamada de firmas de gestión inmobiliaria ubicadas en Madrid. «Quieren presionar, pero hasta que no nos llegue una orden judicial, no nos moveremos».
Juan Carlos Durán, de 55 años, porta un cartel en el que se resumen los siete reclamos básicos de la plataforma al Banco de Santander. En 2003 firmó un primer préstamo hipotecario de 40.000 euros, al que se sumó un segundo crédito tres años después. «Entonces trabajaba de taxista, con licencia propia, y podía pagar». Cumplía como podía con la cuota mensual de la hipoteca hasta 2013, pero a partir de ese año le fue imposible satisfacer pagos. Ha pedido al Banco de Santander la dación en pago. El banco le ha comunicado que ha perdido la escritura del piso y que necesita una copia del notario. La deuda de Juan Carlos Durán asciende hoy a 196.500 euros. Como en otros casos, se reiteran las llamadas telefónicas: «Me comunicaron de una inmobiliaria que el banco no quería pisos, sino dinero; también me llamaron en nombre del Banco de Santander para decir que me tenían que tasar el piso de nuevo».
El balance del Banco de Santander en 2014 arrojó unos beneficios de 5.816 millones de euros, lo que supone un incremento del 39% respecto a 2013. Elegida presidenta de la entidad financiera en septiembre de 2014 (a la muerte de su progenitor, Emilio Botín), Ana Patricia Botín figura (con sus hermanos) en la séptima posición dentro la lista de diez mayores fortunas españolas, según la revista Forbes, con un patrimonio que asciende a 3.450 millones de euros. En cuanto a Emilio Botín, su nombre ha aparecido recientemente en la llamada «Lista Falciani». Según reveló El Confidencial el 8 de febrero, la familia Botín tenía oculta una fortuna de unos 2.000 millones de euros en el HSBC suizo, además de urdir una trama con numerosos testaferros en sociedades opacas de Panamá e Islas Vírgenes. En diciembre de 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero indultó al entonces consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, decisión que en 2013 tumbó el Tribunal Supremo. En abril de 2013 Sáenz dimitió de su cargo y se retiró con una pensión de 88 millones de euros.
El 16 de febrero la PAH Valencia inició la campaña «Prepárate Bankia», en solidaridad con otras plataformas de afectados por las hipotecas como la de Alicante, que denuncian la falta de un interlocutor «válido» para las negociaciones con los afectados. La plataforma antidesahucios de Valencia logró esta contraparte negociadora, según Carlos Montalvo, coordinador del grupo de afectados de Bankia en PAH-Valencia, años atrás, después de protestas y acampadas en la puerta de la central de esta entidad financiera. Los puntos reivindicativos de la campaña son la solidaridad con todos los grupos antidesahucios del País Valenciano que no disponen de interlocutor para las negociaciones (sólo existe en Valencia y Castellón); las mejoras en la mesa de diálogo, ya que «algunos acuerdos sobre condonación de la deuda, dación en pago y alquiler social no se están cumpliendo, pues no figuran por escrito», explica Montalvo; y que a todas las personas a quienes el banco subaste y adjudique sus viviendas, se les condone la deuda y conceda el alquiler social
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