Las presiones, tanto de la UE como del Gobierno español, sobre los gobiernos africanos para la firma de acuerdos que aseguren las repatriaciones de inmigrantes indocumentados, siguen sin lograr, por ahora, resultados tangibles. El 23 de noviembre, en Trípoli, la Cumbre sobre Inmigración entre la Unión Africana y la UE acababa en fracaso. La petición […]
Las presiones, tanto de la UE como del Gobierno español, sobre los gobiernos africanos para la firma de acuerdos que aseguren las repatriaciones de inmigrantes indocumentados, siguen sin lograr, por ahora, resultados tangibles.
El 23 de noviembre, en Trípoli, la Cumbre sobre Inmigración entre la Unión Africana y la UE acababa en fracaso. La petición africana de aumento de los fondos europeos y su resistencia a aceptar las repatriaciones de sin papeles complicaron el final de una conferencia que reunió en la capital libia por vez primera a más de 70 gobiernos africanos y europeos. Capitaneados por Nigeria, Argelia, Egipto y Sudáfrica, los gobiernos africanos rehusaron firmar un compromiso claro. Por lo menos, hasta que la UE no llevara a la práctica la creación de un fondo de financiación específico para la emigración.
El 5 de diciembre, en su visita a Senegal (su primer viaje a un país del África subsahariana), el presidente Zapatero tampoco logró la firma de un acuerdo de segundo grado sobre inmigración. Más allá de las declaraciones, y del apoyo político de Zapatero al presidente senegalés, A. Wade, ante su cercana cita electoral, la visita no ha tenido muchos resultados concretos: la petición conjunta ante la UE de prorrogar por otros seis meses el dispositivo Frontex de control de los cayucos y pateras. Además está la firma de acuerdos sobre repatriación de menores no acompañados y la cooperación judicial frente a la delincuencia. Pero, ante el rechazo de la población a las repatriaciones, el Gobierno senegalés esperará a que pasen las elecciones antes de firmar ningún acuerdo serio. Es en este contexto en el que hay que entender la decisión del Consejo de Ministros español del 7 de diciembre de lanzar una campaña publicitaria, tanto en Senegal como en los países del entorno, contra la inmigración ilegal por importe de un millón de euros.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos denunciaron que tras la firma con el Gobierno de Gambia de un acuerdo de cooperación contra la inmigración de indocumentados, el Gobierno español podría acabar financiando a una agencia policial acusada de torturas. Según el acuerdo del 9 de octubre, Madrid va a cofinanciar el organismo responsable de la lucha contra la migración ilegal que en el caso de Gambia es la Agencia Nacional de Inteligencia, servicio secreto conocido por el uso sistemático de torturas, secuestros y asesinatos en sus centros secretos de detención.