La lluvia cae a raudales sobre la capital de República Democrática de Congo y el caudal de agua corre hacia al este a través del río que la atraviesa, aumentando su caudal. Es mediodía, pero el cielo se vuelve negro y, en instantes, las calles perforadas de baches de esta decrépita pero aún vibrante metrópoli […]
En abril comienza la temporada de lluvias en las provincias orientales del país. Es una época en la que cada vez más agua se vuelca sobre una región ya «empapada» de antemano.
Sin embargo, a pesar de las abundantes lluvias y los caudalosos ríos, el acceso al agua potable ha sido un persistente problema en esta nación centroafricana.
La República Democrática de Congo (RDC), tan extensa como Europa occidental, está aún tratando de recuperarse de una década de guerra civil, que costó la vida de más de un millón de personas, según el no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés).
El dictador Mobutu Sese Seko, quien se aferró al poder por más de 30 años hasta 1997, poco hizo para desarrollar la infraestructura del país.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas de 2001, el último año para el que existen datos estadísticos, destacó que sólo 46 por ciento de la población tiene acceso al agua potable.
En las áreas rurales, donde 60 por ciento de los habitantes pueden contar con agua fresca de manantiales, apenas menos de un tercio de ellos están protegidos de la contaminación potencial.
Kinshasa, la capital, en la que viven casi ocho millones de personas, no tiene un sistema central de alcantarillado. En las áreas rurales es común ver a mujeres y niños recogiendo agua de una bomba comunal y llevarla a sus casas en baldes.
A pesar de los enfrentamientos que actualmente tienen lugar en la zona oriental del país, un estudio del IRC y el no gubernamental Instituto Burnet, con sede en Melbourne, concluyó que menos de uno por ciento de las muertes en la RDC pueden ser atribuidas directamente a la violencia.
«La mayoría se debieron a enfermedades infecciosas, desnutrición y complicaciones neonatales o relacionadas con el embarazo», señaló el informe.
Muy frecuentemente, la causa de las enfermedades infecciosas es el consumo de agua contaminada.
Se estima que, de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en 2000 por la ONU, que buscan entre otros aspectos reducir la pobreza extrema, el analfabetismo y la mortalidad materna e infantil para 2015 respecto de sus niveles de 1990, la RDC sólo podría cumplir con el referido a la sustentabilidad ambiental, que incluye como elemento principal el acceso al agua potable.
Con este fin, en colaboración con el gobierno del presidente Joseph Kabila, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), comenzó a implementar el programa Village Assaini (Aldea Saludable), que no sólo busca la provisión de agua potable sino también la promoción de prácticas sanitarias e higiénicas.
«Si se promociona el agua potable, pero la gente no se lava las manos correctamente, no se reducirán los casos de diarrea. Por eso creemos que es importante desarrollar un ‘paquete’ exhaustivo que comprenda los diversos componentes del tema», señaló Rinko Kinoshita, funcionario de planeamiento de la Unicef en la RDC.
El programa requiere que las comunidades pidan participar en él. Luego, el gobierno, las agencias internacionales y la comunidad buscarán alcanzar objetivos como proveer a 80 por ciento de los hogares con retretes adecuados y garantizar a 70 por ciento de las viviendas acceso al agua potable.
Adicionalmente, el no gubernamental Servicio Internacional de Población (PSI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, se ha centrado en la provisión de dos tipos de tabletas para tratamiento del agua, por las que los receptores pagarán un arancel nominal.
Una de ellas reduce significativamente el riesgo de diarrea, removiendo del agua la suciedad y bacterias intestinales. La otra limita las posibilidades de contraer enfermedades como el cólera.
«Reducen el costo de la potabilización del agua y son mucho más fáciles de transportar que el cloro», dijo Theresa Gruber-Tapsoba, del PSI.