Desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977 hasta diciembre de 2007 habían sido ejecutadas en Estados Unidos 1.099 personas. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución. En algunos […]
Desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977 hasta diciembre de 2007 habían sido ejecutadas en Estados Unidos 1.099 personas. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.
En algunos casos la enfermedad mental era hereditaria, en otros el diagnóstico fue de trastornos mentales causados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus experiencias como soldados enviados a combatir por su gobierno.
A algunos de los ejecutados los años vividos en el corredor de la muerte les habían provocado problemas de salud mental o pronunciado los que ya tenían. Entre las personas que han retirado sus apelaciones y dado «consentimiento» a su propia ejecución, hay varias con enfermedades mentales.
En algunos casos hubo serias dudas sobre la aptitud del procesado para ser juzgado, si entendía realmente la naturaleza y la gravedad de las actuaciones que se seguían contra él o tenía capacidad para colaborar en su defensa. También hay dudas en ciertos casos sobre la aptitud del procesado para declararse culpable o renunciar al abogado del juicio y a defenderse a sí mismo; de hecho, algunos procesados con enfermedad mental han pedido la pena de muerte en lo que parece ser un intento de suicidio.
En el informe de Amnistía Internacional Estados Unidos: la ejecución de personas con enfermedad mental, hecho público a finales de enero de 2006, se incluye un listado ilustrativo de 100 hombres y mujeres con algún tipo de enfermedad mental, que han sido ejecutados en Estados Unidos. Sin embargo, es imposible saber cuántas personas con problemas mentales graves están condenadas a muerte o han sido ejecutadas.
Un caso representativo es el de Scott Panetti, condenado a muerte en Texas en 1995 por haber matado a sus suegros en 1992. Incluso antes del delito ya tenía un largo y documentado historial de hospitalizaciones por problemas mentales, incluida esquizofrenia, debido a los cuales sufría alucinaciones visuales y auditivas. Scott Panetti renunció a su derecho a un abogado y se defendió a sí mismo en el juicio vestido de cowboy. Numerosas personas, incluidos abogados, médicos y testigos, calificaron el juicio de «farsa», «burla», «broma» y «circo».
El 28 de junio de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una resolución que impidió la ejecución de Scott Panetti. En la resolución se definía con mayor precisión el criterio para determinar si una persona reclusa está mentalmente enferma desde un punto de vista legal. Al hacerlo, el tribunal reconocía también la dificultad de formular un juicio al respecto.
A esto se suma, además, el profundo debate suscitado en la sociedad de Estados Unidos sobre la utilización de la inyección letal como método de ejecución, así como sobre la ejecución de inocentes y de personas con enfermedades mentales.
Estados Unidos debe abolir la pena de muerte y, como primer paso mínimo, debe librarse de uno de los aspectos más vergonzosos de este castigo indecente: la ejecución de personas con enfermedades mentales.
Amnistía Internacional colabora con la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) en la campaña por la abolición de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales en Estados Unidos.