El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este miércoles la conducta «ejemplar y admirable» de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ante la corrupción. Vamos a hacer un pequeño repaso por las polémicas de la vida política de Aguirre ante tales alabanzas.
Primero, pongámonos en situación. Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y ostentó el de condesa consorte de Murillo (hasta la renuncia de su marido en 2013), es Grande de España, la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, pues está situada inmediatamente después de la de príncipe de Asturias y de la de infante de España. Esto podría tener cierta importancia hace 100 o 200 años, pero Aguirre es en 2021 una ciudadana más que puede ser juzgada por sus actos polémicos, que no son pocos.
Tras obtener la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1974, en 1976 accedió al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo por oposición. Ocupó la jefatura de servicio de Publicidad de Turismo de la Secretaría de Estado de Turismo, donde permaneció hasta 1979. Posteriormente se hizo cargo de diversos cargos administrativos de designación directa en el Ministerio de Cultura, con varios ministros, durante los gobiernos de Unión de Centro Democrático; así, fue nombrada sucesivamente jefe del Gabinete Técnico del director general del Libro y la Cinematografía del Ministerio de Cultura (1979), subdirectora General de Estudios en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura (1980), subdirectora general jefe del Gabinete Técnico del subsecretario de Cultura (1981) y subdirectora general de Fundaciones y Asociaciones Culturales (1982).
Perteneciente desde muy joven al Club Liberal de Madrid, su presidente, Pedro Schwartz, impulsor de la Unión Liberal, propició en 1983 la entrada en política de Aguirre de la mano de este partido con la agrupación política Coalición Popular, en la que se integraba la el partido de Schwartz. Fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 1983 en Madrid. En la oposición, fue miembro de la Comisión Permanente del Ayuntamiento y de portavoz de Coalición Popular en el Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes y en el Distrito de Moncloa-Aravaca.
En diciembre de 1984, al fusionarse Unión Liberal con el Partido Liberal (PL), Aguirre ocupó diferentes cargos en la ejecutiva nacional y secretaría del Consejo Político del Partido Liberal de José Antonio Segurado. En 1987 abandonó el Partido Liberal e ingresó en Alianza Popular (AP). Renovó su acta de concejala en el Ayuntamiento de Madrid.
La primera polémica de Aguirre llega por su forma de acceder al poder: mediante una moción de censura del ya denominado Partido Popular y del Centro Democrático y Social contra el alcalde del Partido Socialista Obrero Español, Juan Barranco, ambos partidos pasan a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, en 1989. Esperanza Aguirre fue nombrada concejala de Medio Ambiente.
La lista del PP obtuvo una mayoría absoluta de concejales en las elecciones municipales de 1991 en Madrid con mayoría absoluta y Esperanza Aguirre, repitiendo como concejala, fue nombrada tercera teniente de Alcalde y concejala de Medio Ambiente. Dos años después fue designada además concejala de Cultura. Asimismo, pasó a dirigir las concejalías de Limpieza y de Educación y Deportes.
Tras la segunda victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales de 1995 en Madrid (a las que Aguirre concurrió como número 2 de la lista del PP), tuvo lugar el nombramiento de Aguirre como primera teniente de alcalde y como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. En ese año fue nombrada consejera de Caja Madrid, en representación del Partido Popular.
En las elecciones generales de 1996 fue candidata del Partido Popular al Senado por Madrid. Aguirre, que había sido designada como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, resultó elegida senadora. El nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, le confió la cartera Educación y Cultura. Desempeñó el cargo de ministra hasta 1999, cuando fue sucedida por Mariano Rajoy.
En febrero de 1999, fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para el cargo de presidenta del Senado. En marzo de 2000 repitió como presidenta en un segundo mandato. Renunció a su escaño para concurrir como cabeza de lista del PP en las elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de 2003. Tenía otros planes.
2003, el tamayazo
Aguirre había ampliado sus miras y quería más poder, sin embargo, tuvo que usar métodos oscuros para lograrlo. Tas elecciones autonómicas de Madridel 25 de mayo de 2003, el Partido Popular fue el partido más votado pero quedó a un escaño de la mayoría absoluta. El PP se quedó con el 46,67 % de los votos en la Comunidad de Madrid (55 diputados) y a un escaño de los sumados por el Partido Socialista Obrero Español-Federación Socialista Madrileña (39,99 %, 47 escaños) e Izquierda Unida (7,68 %, nueve escaños).
Sin embargo, la elección de un gobierno bipartito de izquierdas no se consumó debido al abandono de su militancia en el partido socialista, por parte de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que pasaron al grupo mixto sin apoyar a ningún candidato. Este cambio en su posición generó una gran polémica y se conoció popularmente como el caso “Tamayazo”.
Mariano Fernández Bermejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante la campaña electoral de 2007 que la investigación judicial respecto al caso fue bloqueada por el Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar, sin que se retomase tras la ascensión del PSOE al poder.
Se acabó descubriendo que los tránsfugas habían llamado desde su escaño a un conocido abogado del Partido Popular para concertar sus movimientos, que las habitaciones de hotel en las que se refugiaron, protegidos por guardaespaldas colaboradores habituales de Intereconomia, fueron pagadas por dos conocidos militantes y constructores del PP, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y que se habían reunido con el responsable de las finanzas del Partido Popular en la comunidad, Ricardo Romero de Tejada. os dos constructores implicados obtuvieron poco después una recalificación de sus terrenos del municipio de Villaviciosa de Odón que permitió aumentar su edificabilidad y la comisión de investigación fue suspendida con los votos del Partido Popular. Aguirre, gracias a la situación, convocó nuevas elecciones y se convirtió en presidenta de la comunidad autónoma de Madrid.
Enriquecimiento familiar
La familia política de Esperanza Aguirre se enriqueció por la recalificación y venta de sus terrenos para urbanizar la Ciudad Valdeluz, y que el entonces ministro de Fomento del gobierno del Partido Popular creara allí un apeadero del AVE, Guadalajara-Yebes, en vez de situarlo en Guadalajara a 13 km de distancia.
Aguirre señaló que ni ella ni su familia tenían terrenos en Yebes, y que el competente para la recalificación de los terrenos era José Bono, entonces presidente de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que el dueño de Reyal, principal promotora de Ciudad Valdeluz, es el promotor y hotelero Rafael Santamaría, amigo de José Bono.
En Tres Cantos, la familia de Aguirre compró terrenos por 3,1 millones de euros en 2001 y en 2004 los venden por 11,2 millones de euros, ganando ocho millones de euros.
En Villanueva de la Cañada los tíos maternos de Esperanza Aguirre ganaron dos millones de euros en seis años por una recalificación de terrenos en Villanueva de la Cañada ordenada por Enrique Porto director general de urbanismo, nombrado por Aguirre. Compraron 24 326 m² de terrenos no urbanizables en el año 2000 por 419 995 euros, al 50 % con otra empresa, y los venden en 2006 por 4,6 millones de euros.
Enrique Porto dimitió en 2006 por haberse lucrado él mismo tras esta misma recalificación, vendiendo por 4,3 millones de euros terrenos por los que había pagado 87 000 euros en 1999.
Esperanza Aguirre no asumió ninguna responsabilidad política por el enriquecimiento de sus familiares.
Espionaje
En 2010, el gobierno de Aguirre se ha visto envuelto en investigaciones y acusaciones en torno a casos de espionaje presuntamente realizado por empleados de seguridad de la Comunidad de Madrid sobre miembros del mismo gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente y exconsejero regional Alfredo Prada.
La Audiencia Provincial abrió diligencias por malversación de caudales públicos, ya que en sí mismo, «seguir a una persona no constituye infracción penal alguna». El 15 de julio de 2010, el juzgado de instrucción n.º 5 de Madrid sobreseyó el caso, al considerar que no podía comprobarse si habían usado o no medios públicos para los seguimientos. 7
El caso fue reabierto en marzo de 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que existían «indicios suficientes de la comisión de delito».
Aguirre y la Gürtel
Aguirre, como todo el Partido Popular, se ha visto implicado también en el Caso Gürtel, escándalo que afecta a municipios de Valencia y de la Comunidad de Madrid, como Majadahonda, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, donde gobernaban alcaldes del Partido Popular.
Según la investigación judicial, esos alcaldes presuntamente adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la red de Francisco Correa y a sus empresas afines a cambio de comisiones ilegales.
El principal imputado en la trama, Alberto López Viejo, colaboraba con Esperanza Aguirre ya en el Ayuntamiento de Madrid, desde donde la presidenta se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo viceconsejero de presidencia y consejero de deportes.
Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, destituyó al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y aceptó la dimisión de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, por estar ambos presuntamente relacionados con empresas investigadas.
Aguirre y la Púnica
Entre 120 000 y 140 000 euros de dinero público fueron ilegalmente dedicados a trabajos de reputación en línea de altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Esperanza Aguirre e Ignacio González, y también para mejorar la imagen pública de Borja Sarasola, Salvador Victoria y José Manuel Berzal; según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado al juzgado que investiga el Caso Púnica.
Isabel Gallego, directora general de Medios de Aguirre, era la interlocutora con la Púnica en nombre de la presidenta. Para Ignacio González, las funciones de contacto las realizaba Isabel Díaz Ayuso, entonces vicesecretaria de Comunicación del PP y en la actualidad es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los trabajos incluían medidas proactivas de “posicionamiento online de las noticias relativas a su persona, creación de espacios web, contrarrestar noticias negativas o creación de perfiles falsos para influir en campañas en redes sociales. El informe recoge emails en los que hablan de trabajos concretos como: “contra el boicot que se difundía en la red para la inauguración del curso en la UAM en las que se anunciaba la presencia de Esperanza Aguirre”; o como usaron perfiles falsos en Twitter, para contrarrestar un Trending Topic “porque le han lanzado un ‘tupper’ durante la inauguración del curso escolar”; o la difusión masiva de noticias en las que Mario Vargas Llosa alababa a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
En el marco de la instrucción del caso Púnica, uno de los principales investigados, Francisco Granados, declaró ante el juez el 12 de febrero de 2018 descargando la responsabilidad en terceras personas entre las que, según su versión, se hallaba la expresidenta madrileña.
Financiación ilegal
Esperanza Aguirre financió de forma irregular su campaña electoral del 2003 y 2004 con donaciones de empresarios que contrataban con el gobierno del PP y a los que su gobierno posteriormente adjudicaría más de 200 contratos, la mayoría de forma directa.
Lo hicieron mediante donaciones a una fundación fantasma, Fundescam, de la que ella era presidenta, y que se encontraba en una situación irregular, ya que nunca había presentado sus cuentas.
En 2012, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó un informe ante el juez de la Audiencia Nacional en el que según sus investigaciones se aportaban pruebas de una posible financiación ilegal, y de la existencia de facturas falsas extendidas por empresas de la trama Gurtel a la fundación Fundescam por servicios prestados al partido en las campañas.
La Fiscalía Anticorrupción no continuó la investigación al estar ya prescrito el presunto delito.