Tras los intensos combates que tuvieron lugar en fechas recientes en la provincia de Kivu Septentrional entre fuerzas gubernamentales y combatientes leales al general renegado Laurent Nkunda, Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional de haber faltado a sus obligaciones con la población del este […]
Tras los intensos combates que tuvieron lugar en fechas recientes en la provincia de Kivu Septentrional entre fuerzas gubernamentales y combatientes leales al general renegado Laurent Nkunda, Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional de haber faltado a sus obligaciones con la población del este de este país.
«A pesar de los acuerdos de paz, de las históricas elecciones generales y de la continuidad del despliegue de más de 17.000 soldados de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, la población de las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional no ha conocido el final del conflicto que lleva más de un decenio arruinando sus vidas», ha declarado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
La organización ha advertido del creciente peligro de que la violencia pueda degenerar en la reanudación de los homicidios masivos por motivos étnicos y otros abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional está recibiendo informes de personas que huyen de los combates que hablan de violaciones y de homicidios de civiles. El reclutamiento y la utilización de menores por los grupos armados en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional han continuado.
Amnistía Internacional ha pedido a todas las fuerzas implicadas en los combates que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pongan fin a los ataques contra la población civil y permitan el acceso de los organismos de ayuda humanitaria a todos los civiles atrapados en la violencia. La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) debe dar prioridad a la protección de las vidas de la población civil sobre la prestación de apoyo a las operaciones militares del gobierno de la República Democrática del Congo.
La organización ha pedido asimismo al gobierno de Ruanda que actúe de inmediato para poner fin al reclutamiento de personas en su territorio, incluidos menores, como combatientes para las fuerzas de Laurent Nkunda, y que cumpla el embargo de armas decretado por la ONU garantizando que no cruza su frontera material militar con destino a la República Democrática del Congo.
«Los informes según los cuales el gobierno de Ruanda está siendo, como mínimo, cómplice del suministro de recursos humanos, armas y municiones a un presunto criminal de guerra como Laurent Nkunda son profundamente preocupantes», ha afirmado Erwin van der Borght.
Amnistía Internacional considera que la continuidad de la violencia en el este de la República Democrática del Congo es una consecuencia directa de la inacción del gobierno y de la comunidad internacional a la hora de abordar la impunidad arraigada para los delitos relacionados con violaciones de derechos humanos.
«Hace casi dos años se dictó una orden internacional de detención contra Laurent Nkunda; si se hubiera cumplido, tal vez no estaríamos viendo las terribles violaciones de derechos humanos que hoy vemos», ha manifestado van der Borght. «Ahora la comunidad internacional, el gobierno de la República Democrática del Congo y el gobierno de Ruanda deben adquirir un compromiso claro de ponerlo a disposición de la justicia y colaborar con este fin.»
«El gobierno de la República Democrática del Congo ha premiado a otros presuntos criminales de guerra con altos puestos de mando en su ejército. No puede haber mucha confianza en que el ejército del gobierno será capaz de proteger a la población civil con profesionalidad e imparcialidad mientras no se adopten medidas para apartar a esos individuos de sus cargos y ponerlos a disposición de la justicia. La comunidad internacional, que está proporcionando una asistencia económica y técnica considerable para el programa de reforma del sector de la seguridad del país, debe insistir en este aspecto.»
Información complementaria Desde hace más de una semana se libran combates entre el ejército de la República Democrática del Congo y las fuerzas de Laurent Nkunda en los territorios de Masisi y Rutshuru, provincia de Kivu Septentrional. Se ha negociado un precario alto el fuego pero es muy posible que no se respete. En los últimos días, más de 40.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, que se suman a las más de 200.000 personas desplazadas por la inseguridad en esa provincia desde que comenzó el presente año.
Laurent Nkunda, ex alto dirigente de la Unión Congoleña para la Democracia-Goma (RCD-Goma), está acusado de haber cometido crímenes de guerra, como en Kisangani en 2002 y en Bukavu en 2004. El gobierno de la República Democrática del Congo dictó una orden internacional de detención en su contra en septiembre de 2005. La ONU lo ha acusado de no respetar el embargo de armas decretado contra la República Democrática del Congo. Hasta la fecha, ni el gobierno de este país ni la ONU han llevado a cabo operación alguna para detenerlo. Laurent Nkunda ha podido moverse libremente en algunas zonas de la provincia de Kivu Septentrional y en Ruanda.
Laurent Nkunda afirma que sus fuerzas protegen a la población de etnia tutsi de la provincia contra los ataques de un grupo armado insurgente ruandés, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, FDLR), y acusa al gobierno de la República Democrática del Congo de no esforzarse lo suficiente para expulsar a las FDLR del este del país. Las FDLR también han sido responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la República Democrática del Congo.
El gobierno de la República Democrática del Congo ha seguido la política de nombrar para puestos de mando en el ejército y la fuerza policial gubernamentales a individuos que son sospechosos de estar implicados en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos. Entre esos crímenes se cuentan las matanzas por motivos étnicos, el reclutamiento y uso generalizados de niños y niñas soldados, la violación en masa y la tortura.
A finales de 2006, el gobierno llegó a un acuerdo con Laurent Nkunda que contemplaba el despliegue en Kivu Septentrional de «brigadas mixtas», integradas conjuntamente por combatientes de Nkunda y soldados gubernamentales regulares. Sin embargo, las brigadas mixtas, cuya creación constituía supuestamente una medida para generar confianza, han sido responsables de numerosas violaciones de derechos humanos y sólo han servido para aumentar la inseguridad y la crisis humanitaria en la provincia.
En junio y julio de 2007, investigadores de la ONU informaron de que combatientes de las fuerzas de Laurent Nkunda habían sido reclutados en Ruanda por «redes que simpatizan con Nkunda». Muchas de las personas reclutadas eran menores.