– Las fuerzas de seguridad reprimieron la disidencia y el derecho de reunión pacífica en el Sáhara Occidental y agredieron físicamente a manifestantes.
– En Marruecos se dictaron sentencias condenatorias contra al menos seis personas -activistas, periodistas y un abogado- por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
– Las autoridades siguen sin pedir cuentas por la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de 76 más por el uso excesivo de la fuerza contra unas 2.000 migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla.
Las autoridades marroquíes agredieron a manifestantes y reprimieron la disidencia en el Sáhara Occidental, la excolonia española que Marruecos ocupa desde finales de 1975 tras ser entregada por España y que está pendiente de descolonización, según el último informe anual de Amnistía Internacional (AI), correspondiente a 2023.
El estudio “La situación de los derechos humanos en el mundo”, hecho público el 24 de abril, detalla que en Marruecos se dictaron sentencias condenatorias contra al menos seis personas -entre ellas activistas, periodistas y un abogado- por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y se infligieron tortura o malos tratos a algunas personas consideradas críticas con las autoridades.
Amnistía Internacional, que analiza en su informe la situación de los DDHH en 155 países, expone, entre otras, las siguientes observaciones sobre Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado:
El 19 de enero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de quienes ejercían el periodismo en Marruecos, en la que instaba a las autoridades a respetarla libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.
Los tribunales siguieron mostrando intolerancia hacia la libertad de expresión al condenar al menos a seis personas por expresar sus opiniones.
El 20 de febrero, un tribunal de apelación condenó al defensor de los derechos humanos Rida Benotmane a 18 meses de prisión por cargos relacionados con publicaciones en redes sociales y vídeos de YouTube de 2021 en los que criticaba los abusos de las fuerzas de seguridad, pedía la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y acusaba al gobierno de reprimir la libertad de expresión.
En mayo, un tribunal de primera instancia condenó a la activista Saida El Alami a dos años de prisión y al pago de una multa por “ofender al rey”, algo que ella negaba. El 17 de mayo, el mismo tribunal confirmó en apelación una condena a tres años de prisión impuesta al abogado Mohamed Ziane por “insultar” a funcionarios e instituciones públicas, en relación con un vídeo publicado en YouTube en el que criticaba al jefe de las fuerzas de seguridad.
El 20 de julio, el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial marroquí, rechazó los recursos de los periodistas Omar Radi y Soulaiman Raissouni, confirmando así sus penas de seis y cinco años de prisión, respectivamente.
El 27 de noviembre, el Tribunal de Apelación de Casablanca condenó a Said Boukiouda a tres años de prisión y al pago de una multa por unos mensajes que había publicado en Facebook en diciembre de 2020 criticando las relaciones del gobierno con Israel.
SÁHARA OCCIDENTAL
En varias ocasiones, las autoridades reprimieron la disidencia y el derecho de reunión pacífica en el Sáhara Occidental.
Entre el 4 de mayo y el 20 de junio, la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad. Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella.
El 14 de mayo, las autoridades expulsaron sin garantías procesales, de El Aaiún a Agadir -ciudad costera del sur del país-, al ciudadano italiano Roberto Cantoni, investigador que estudiaba el uso de energías renovables en Marruecos y el Sáhara Occidental.
El 4 de septiembre, primer día de la primera visita de Staffan De Mistura, enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, al territorio, los agentes encargados de hacer cumplir la ley dispersaron por la fuerza una protesta pacífica en El Aaiún. Agredieron física y verbalmente al menos a 23 manifestantes saharauis, entre quienes figuraban dos mujeres –Salha Boutenkiza y Mahfouda Lefkir- y Bouchri Ben Taleb. Arrastraron por el suelo a las personas que se manifestaban y las golpearon y amenazaron. El 7 de septiembre, agentes cargados de hacer cumplir la ley detuvieron arbitrariamente en Dajla al menos a 4 activistas saharauis -entre ellos Hassan Zerouali y Rachid Sghayer- y los retuvieron en la comisaría de policía de OumBir durante 7 horas, lo que les impidió reunirse con Staffan De Mistura.
El 21 de octubre, los agentes encargados de hacer cumplir la ley impidieron que la organización saharaui de derechos humanos CODESA (Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos) celebrara su primer congreso nacional en El Aaiún. Según contaron a Amnistía Internacional personas que iban a asistir al acto, las fuerzas del orden emplearon violencia física contra ellas.
Las autoridades mantuvieron el cierre físico de la sede de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí en El Aaiún, impuesto en 2022.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Se infligieron tortura o malos tratos a algunas personas consideradas críticas con las autoridades.
El 18 de abril, en el Aaiún, agentes encargados de hacer cumplir la ley detuvieron arbitrariamente durante 90 minutos a Abd El Tawab El Terkzi a raíz de que éste hubiera aparecido en un vídeo de un turista español diciendo que se sentía orgulloso de ser saharaui y estaba a favor de la autodeterminación de su pueblo. Los agentes lo sometieron tortura y otros malos tratos, consistentes en esposarlo, abofetearlo, escupirle y amenazar con violarlo y matarlo con ácido.
A fecha de mayo de 2023, se había negado el derecho a leer y escribir en prisión al menos a 5 personas, a saber: Rida Benotmane, escritor y miembro de la Asociación Marroquí por la Defensa de los Derechos Humanos; Mohamed Ziane, de 80 años, abogado de derechos humanos y personalidad académica, y los periodistas Taoufik Bouachrine, Omar Radi y Soulaiman Raissouni.
En febrero, Marruecos devolvió a su país sin el debido proceso al ciudadano saudí Hassan Al Rabea, que corría peligro de sufrir allí tortura y otras violaciones de derechos humanos. Agentes de seguridad marroquíes lo habían detenido el 14 de enero en el aeropuerto de Marrakech a petición de Arabia Saudí, que lo acusaba de delitos de terrorismo.
MUJERES Y PERSONAS LGTBI
La legislación nacional consolidaba la desigualdad de género, incluso en relación con el derecho de las mujeres a la herencia y a la custodia de hijos e hijas. El Código Penal castigaba el aborto a menos que fuera necesario para preservar “la saludo la vida de la madre” y lo practicaran profesionales de la medicina o la cirugía. Las mujeres que abortaran o intentaran abortar fuera de estas excepciones legales se enfrentaban a penas de entre seis meses y dos años de prisión y a una multa. El Código Penal también castigaba a toda persona implicada en la práctica de un aborto con penas de entre uno y cinco años de prisión (el doble si lo hacía de forma habitual) y una multa.
El artículo 489 del Código Penal castigaba la conducta sexual entre adultos del mismo sexo, o actos “contra natura”, con penas de entre seis meses y tres años de prisión y multas.
En abril, Le Desk, medio de noticias digital marroquí, informó de que un colegio francés de Kenitra, ciudad del noroeste de Marruecos, había despedido a una profesora después de que un grupo de padres hubiera presentado una denuncia en febrero por “apología de la homosexualidad” debido a que la docente animaba al alumnado a aceptar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Las autoridades siguieron sin pedir cuentas a nadie por la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de 76 más el 24 de junio de 2022, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas habían hecho uso excesivo de la fuerza contra unas 2.000 personas migrantes subsaharianas que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. La última ejecución había tenido lugar en 1993.