En lugar de tomar medidas decisivas para detener las violaciones de derechos humanos generalizadas en Darfur, el gobierno sudanés trata de hacer callar a quienes denuncian los abusos, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy 25 de agosto. Cada vez bajo mayor presión internacional, el gobierno sudanés ataca la libertad […]
En lugar de tomar medidas decisivas para detener las violaciones de derechos humanos generalizadas en Darfur, el gobierno sudanés trata de hacer callar a quienes denuncian los abusos, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy 25 de agosto.
Cada vez bajo mayor presión internacional, el gobierno sudanés ataca la libertad de expresión para controlar la información que revelaría si está cumpliendo o no sus compromisos.
«En lugar de detener a los que cometen violaciones de derechos humanos, las autoridades sudanesas detienen a quienes los ponen en evidencia», ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
A pesar de los riesgos que ello entraña, la gente denuncia y continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometen en Darfur, pues creen que ya no tienen nada que perder.
El 30 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá el informe del secretario general sobre la situación en Sudán: «Mientras se siga intimidando y deteniendo a quienes denuncian estas violaciones, los compromisos contraídos por el gobierno de Sudán ante la comunidad internacional seguirán siendo palabras vanas», ha dicho Irene Khan.
La libertad de expresión ha estado especialmente ausente de los debates políticos entre el gobierno sudanés y las Naciones Unidas u otros interlocutores. La libertad de expresión es fundamental, no sólo porque es un derecho en sí mismo, sino porque actúa en defensa de otros derechos. A menos que se permita a la gente hablar libremente, será difícil que los observadores de la ONU y de la Unión Africana evalúen de forma precisa los progresos que se hagan en Darfur.
Detenidos por hablar de la crisis
Entre los casos que figuran en el último informe de Amnistía Internacional están los de siete personas detenidas en Abu Dereja, cerca de Al Fasher, el 15 y el 17 de julio, por dar información a los enviados de la Unión Africana que actuaban como observadores del cumplimiento del Acuerdo de Alto el Fuego. Según los informes, estas personas seguían detenidas el día 20 de agosto en el Centro de Seguridad Nacional de Al Fasher.
Las autoridades sudanesas también están tratando de que la sociedad civil deje de debatir sobre las causas de la crisis y sus soluciones. Se ha detenido a gente por presentar peticiones, tratar de organizar reuniones públicas y oponerse al regreso de los desplazados por el conflicto a zonas no seguras.
La prensa sudanesa independiente está muy controlada, y la televisión y la radio estatales ofrecen una visión parcial de la crisis, calificando de «conspiración contra Sudán» los informes de los medios de comunicación extranjeros sobre las violaciones de derechos humanos de Darfur. Como dijo un abogado sudanés: «Uno de los problemas es la falta de información que hay en Jartum sobre el conflicto. La gente en Jartum desconoce lo que ocurre en Darfur. En la televisión y en la radio el gobierno dice que todo va bien en Darfur, que la gente recibe ayuda y que todo está bajo control».
El gobierno sudanés ha tratado también de controlar la información sobre la crisis negando, a pesar de las numerosas peticiones, el acceso a Darfur a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, al haber mostrado críticas hacia él.
El gobierno debe retirar todas las restricciones al derecho a la libertad de expresión y poner en libertad a todos los detenidos únicamente por expresar sus opiniones. El derecho a la libertad de expresión debe ser protegido en los compromisos sudaneses, en las conversaciones de paz y en toda labor de observación de la situación en Darfur.
España presidirá el Consejo de Seguridad durante el mes de septiembre
La Sección española de Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción en su página web: www.es.amnesty.org en la que insta a la ciudadanía a escribir al Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, que asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de septiembre de 2004, para solicitarle en relación con la crisis de Sudán que:
Impulse la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad incluida la violación a mujeres como arma de guerra.
Promueva la suspensión de transferencias de armas, equipos de seguridad y policía, y entrenamiento a Sudán, tanto a las milicias, al propio Gobierno y a los grupos armados de oposición, y garantice que España no exportará armamento de nuevo a este país.
Incremente su presión diplomática sobre Sudán para que ponga en práctica sus compromisos de proteger los derechos humanos, desarmando a las milicias y facilitando el acceso libre de observadores internacionales y periodistas.
Información General
La Crisis de Sudán comenzó en febrero de 2003 y se ha cobrado ya más de un millón de personas desplazadas, 170.000 refugiadas, al menos 50.000 muertos y miles de mujeres y niñas violadas. Asimismo es preocupante la falta de avances significativos para la población civil a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno sudanés y de la aprobación de la resolución 1556 del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto. Amnistía Internacional también ha denunciado el continúo uso de violación de mujeres como arma de guerra por parte de la milicia janjawid, la relación de ésta con el ejército sudanés y la exportación de armas al gobierno de Sudán cuando existen evidencias claras de participación directa de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos.