AI denuncia arrestos domiciliarios arbitrarios, malos tratos, hostigamiento, condenas y falta de atención médica a presos.
Las autoridades marroquíes siguieron violando durante el año 2021 los derechos de activistas independentistas saharauis mediante arrestos domiciliarios arbitrarios, malos tratos y hostigamiento, según el Informe 2021/22 de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.
En su análisis global, AI afirma que “desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición en las estancias del poder”, que las promesas de `reconstruir mejor` tras la pandemia de COVID-19 “se quedaron en poco más que palabras huecas” y que “las esperanzas de cooperación global se desvanecieron ante el acaparamiento de vacunas y la avaricia empresarial”.
En ese año –continúa- “los gobiernos reprimieron las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Surgieron nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos. Las personas obligadas a huir se vieron sometidas a una cadena de abusos, tales como expulsiones sumarias ejecutadas por los países del Norte global”.
En lo que respecta al Sáhara Occidental, bajo ocupación marroquí, Amnistía Internacional relata los siguientes casos:
– En octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero siguió sin tener un mandato de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos continuaron sin poder acceder al Sáhara Occidental y a los campos del Frente Polisario.
– Durante todo el año, las autoridades marroquíes siguieron violando los derechos de activistas independentistas saharauis mediante malos tratos, detenciones y hostigamiento. En mayo, las autoridades detuvieron a Essabi Yahdih, periodista saharaui y director de la empresa online Algargarat Media, en su lugar de trabajo en el Sáhara Occidental. Lo interrogaron en relación con su labor periodística y lo acusaron de filmar cuarteles militares en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental. El 29 de julio fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa. En la prisión de Dajla se le negó atención médica para tratar problemas de la vista y el oído que ya padecía.
– En julio, junto con la coalición Forbidden Stories, Amnistía Internacional reveló que las autoridades marroquíes usaban ampliamente el software espía Pegasus de NSO Group, del que habían sido blanco periodistas, activistas y figuras políticas de origen francés y marroquí. Los dispositivos de Hicham Mansouri, periodista marroquí que vivía exiliado en Francia; Claude Mangin, pareja de Naama Asfari, activista saharaui encarcelado en Marruecos; y Mahjoub Maliha, defensor de los derechos humanos saharaui, estaban infectados con el software Pegasus, lo que violaba su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
– Mohamed Lamine Haddi, condenado en relación con la protesta de Gdeim Izik, seguía recluido en régimen de aislamiento desde 2017. En marzo, guardias penitenciarios pusieron fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo para protestar por los malos tratos recibidos, alimentándolo por la fuerza, una medida constitutiva de tortura en virtud del derecho internacional.
– Durante el año, miembros de las fuerzas de seguridad asaltaron la casa de la activista saharaui Sultana Khaya en Bojador al menos tres veces. Según su testimonio, durante un allanamiento que tuvo lugar en mayo, miembros de las fuerzas de seguridad la golpearon e intentaron violarla con sus porras, y atacaron y violaron a su hermana. El 15 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa, la violaron y abusaron sexualmente de sus dos hermanas y de su madre de 80 años.