Algunas de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman sanciones contra Jartum ante la inminencia de otra crisis humanitaria ocasionada por el ejército sudanés en la occidental región de Darfur. El reclamo es resultado de denuncias de observadores internacionales sobre decenas de personas inocentes asesinadas por el ejército y el bombardeo sobre áreas civiles […]
Algunas de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman sanciones contra Jartum ante la inminencia de otra crisis humanitaria ocasionada por el ejército sudanés en la occidental región de Darfur.
El reclamo es resultado de denuncias de observadores internacionales sobre decenas de personas inocentes asesinadas por el ejército y el bombardeo sobre áreas civiles en el norte de Darfur, con el consecuente desplazamiento de más de 1.000 aldeanos.
«El castigo por bombardear indiscriminadamente Darfur es una sanción del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que debería ser adoptada ya», dijo Peter Takirambudde, director para África de la no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Otras organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Africa Action, localizada en Washington, apoyaron la solicitud de sanciones.
El gobierno de Sudán negó haber bombardeado áreas civiles y describió esas denuncias como «exageraciones». Sin embargo, varias agencias de la ONU reportaron varias muertes de civiles y advirtieron sobre una «catástrofe mayor».
«Millones de personas están actualmente corriendo graves riesgos», dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el portugués Antonio Guterres. «Cientos están muriendo y miles son obligados a desplazarse».
El gobierno sudanés, según diversas denuncias, alienta a las milicias árabes Janjaweed (hombres a caballo) que asolan a la mayoría negra de la región y que han matado a 400.000 personas desde 2003.
Jartum había anunciado que permitiría el ingreso de una misión de evaluación en el área para planificar el despliegue de cascos azules.
Esto ocurrió luego de la firma, el 5 de mayo, de un acuerdo de paz entre Sudán y la principal facción del mayor grupo rebelde de Darfur, el Ejército de Liberación de Sudán. Otra organización insurgente, el Movimiento de Justicia e Igualdad, se marginó del pacto.
Pero desde agosto, tres meses después de la firma del acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos y la ONU, la violencia y el caos azotan de nuevo a esta región del occidente de Sudán, según organizaciones humanitarias y expertos locales.
En vez de pacificar la región, el acuerdo de mayo entre el gobierno sudanés y un grupo insurgente fracturó el bando rebelde, cuyas facciones ahora combaten entre sí.
La semana pasada, el Consejo de Seguridad, de 15 miembros, aprobó una resolución para enviar a la zona unos 17.000 efectivos de paz (cascos azules), pero el gobierno de Sudán rechazó la medida de plano argumentando que podía manejar la violencia de Darfur con sus propias fuerzas armadas.
La resolución, que no fue votada por Rusia, China ni Qatar, no incluía sanciones, y buscaba el «consentimiento» de Jartum para llevar a cabo el plan de la ONU de desplegar sus fuerzas en Darfur.
A principios de esta semana, Jartum aclaró que no sólo rechazaba cualquier fuerza de la ONU en Darfur, sino que también deseaba que a fines de este mes las tropas de paz de la Unión Africana finalizaran sus operaciones allí.
Ante la gravedad de la situación, el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, intentó convencer al gobierno de Sudán de aceptar las fuerzas de paz. Pero sus esfuerzos fueron en vano.
«Los cascos azules estarían allí para ayudar», dijo Annan el martes 4 a la prensa en Alejandría, Egipto. «No vamos allá a invadir. No tenemos otras intenciones».
Visiblemente frustrado con la respuesta de Sudán, el viernes Annan dejó ver la posibilidad de tomar medidas punitivas contra los gobernantes sudaneses si mantenían esa posición desafiante.
«La situación en el terreno es seria, es desesperada», dijo Annan a IPS.
«La Unión Africana ha dejado en claro que no tiene capacidad para continuar y saluda el traspaso de la responsabilidad a la ONU. Entonces, si (Jartum) rechaza la presencia de las Naciones Unidas, desalienta a la Unión Africana y permite que la situación se vuelva realmente desesperada, con miles de personas o inclusos muchas más sufriendo o asesinadas», sostuvo Annan.
Los funcionarios sudaneses «se están colocando en una situación en la que serán responsables, tanto individual como colectivamente, por lo que pueda suceder a la población de Darfur», añadió.
Annan dijo haber intentado, con apoyo de «unos pocos gobiernos», que Sudán se «mostrara flexible», pero reconoció su fracaso. «Estuvimos lejos de lograrlo».
En respuesta a la aseveración de Jartum de que podía manejar la situación con sus propios medios, Annan agregó que «si el gobierno de Sudán hubiera sido capaz de hacerlo por sí mismo, no creo que estaríamos hablando de esto».
El Consejo de Seguridad debe reunirse este lunes para tratar la respuesta del gobierno de Sudán al envío de fuerzas de paz, y la situación de la misión de la Unión Africana, cuyo mandato expira a fines de este mes.
Sin embargo, un alto funcionario de la ONU próximo a Annan dijo a IPS que nada concreto se espera del encuentro de este lunes, dado que los miembros del Consejo aún tienen diferentes opiniones sobre la crisis en Darfur.
Varias veces en los últimos tres años, diplomáticos de Rusia y de China expresaron sus reservas a las sanciones contra Jartum, y muchos creen que ambos países, miembros con poder de veto del Consejo de Seguridad, continúan opuestos a ese enfoque como medio para detener la violencia en Darfur.
«La única cosa que podemos hacer en este momento es mantener a la Unión Africana viva», dijo un funcionario que prefirió guardar el anonimato. «Esta es la única jugada que tenemos».
Las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales han señalado que en los últimos dos meses, cientos de personas inocentes fueron muertas en Darfur, unas 50.000 desplazadas y más de 200 mujeres y niñas violadas.
«Nuestras pesadillas se hicieron realidad», dijo Jan Egeland, jefe de operaciones humanitarias de la ONU, en una declaración en la que también advirtió al Consejo de Seguridad sobre una amenaza de desastre humanitario en la región.