Ignoro cuál fue la respuesta que recibió Israel Torralba, presunto miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)- al que se le acusa de haber colocado un artefacto explosivo en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) en el año 2000- cuando hace unas semanas se quejaba en la Audiencia Nacional, de haberse […]
Ignoro cuál fue la respuesta que recibió Israel Torralba, presunto miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)- al que se le acusa de haber colocado un artefacto explosivo en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) en el año 2000- cuando hace unas semanas se quejaba en la Audiencia Nacional, de haberse enterado el mismo día, que iba a ser juzgado, pues, supongo, perjudicaba los intereses de su defensa. El caso es que se enfadó tanto, que tildó de fascista al Tribunal y llamó nazi a la presidenta, quien ordenó a la policía que lo encerrasen en la sala blindada, una especie de jaula de cristal a prueba de balas.
La reacción de la presidenta del Tribunal, demuestra el mimbre del que están hechos los jueces de la plutocracia española, siempre prestos a realizar numeritos, si hay cámaras delante. A mi entender, la presidenta no actuó con la dignidad y el decoro que se le supone a un miembro de la Judicatura. Con una actitud altanera, intentó humillar al acusado con la frase «ahí es donde tiene que estar» cuando aquel fue encerrado en la jaula, algo que la descalifica ante los ojos de cualquier observador imparcial. Hasta el peor de los reos debe ser tratado con dignidad.
Estos espectáculos grotescos parecen una enfermedad propia de la Audiencia Nacional, lo que no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que esa Sala es la heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Aún recordamos el recital de aspavientos, malos modos y despropósitos del juez Bermúdez, presidente de la Corte que enjuició a 29 acusados por el atentado del 11-M, quienes, por cierto, están en libertad en su mayoría, porque nunca existieron pruebas concluyentes contra ellos.
Por poner un petardo (dicen que el artefacto era de fabricación casera), el fiscal pidió para Torralba 10 años de cárcel. Evidentemente la militancia pesa mucho a la hora de solicitar penas, – basta con recordar el linchamiento jurídico a los dirigentes de las Gestoras pro Amnistía- y está en consonancia con la línea política de un país que mantiene, desde hace años, una estrategia de contrarrevolución preventiva que se recrudece en tiempos de crisis. Y no es ningún cuento. Vean cómo los politiqueros liman diferencias sobre «política de seguridad» en los Presupuestos Generales del Estado. Varias partidas económicas serán suprimidas, pero entre ellas no está la destinada a la represión.
En España llueve sobre mojado, encima de las espaldas de los magistrados. Según el periódico Diagonal (en noticia recogida por rebelión.org), el Foro Económico Mundial publicó un estudio donde el Estado español ocupaba el puesto 56 en independencia judicial, por detrás de Egipto o Arabia Saudita, ésta última, una dictadura medieval. La falta de neutralidad judicial ha provocado protestas del relator especial de la ONU, quien ha mostrado su preocupación porque la falta de independencia de jueces y funcionarios judiciales aumenta de manera incesante en más de 50 países, entre los que se encuentra España. Ahí queda eso.
Falta de independencia, implica parcialidad a la hora de tomar decisiones y, como es lógico en un sistema fabricado a la medida de los oligarcas, la Judicatura debe proteger sociedades indeseables que se enriquecen a costa de las necesidades vitales de la gente. Quizás por ello, el acusado Torralba tildara de fascista a un Tribunal que se afanaba en esa tarea, no lo sé. Lo que sí sé, es que, tarde o temprano se sentarán en el banquillo quienes dieron carta blanca a todos esos usureros. Y ese día no habrá jaulas, numeritos mediáticos ni jueces que amparen explotadores.