go en la mañana El buen cine siempre ha sido una ventana que ha mostrado la realidad que vivimos -debajo de la alfombra- o la realidad que vamos a vivir. Están en cartelera en estos momentos dos buenas muestras de ello, Los hijos de los hombres, espejo del futuro, sino presente, desesperanzador que va […]
go en la mañana El buen cine siempre ha sido una ventana que ha mostrado la realidad que vivimos -debajo de la alfombra- o la realidad que vamos a vivir. Están en cartelera en estos momentos dos buenas muestras de ello, Los hijos de los hombres, espejo del futuro, sino presente, desesperanzador que va siendo una realidad a cada fin de década, e Infiltrados del maestro Scorsese, espejo ambiguo entre el bien y el mal donde todos tienen un precio y todos mienten, horizontes de incertidumbres hoy muy presentes, no ya a nivel global, sino aquí mismo, en nuestra propia casa, barrio, municipio, ciudad, país.
Apocalíptica podredumbre
Vivimos un clima de desconfianza donde ya no podemos distinguir funcionarios de mafiosos a sueldo del gran Padrino en el que se está convirtiendo el sector inmobiliario y urbanístico. Quizás hayamos comenzado a mover los primerísimo resortes del mecanismo que nos llevará a la autodestrucción a través de la construcción, a esa Apocalipsis siempre temida por el hombre desde su entrada en el universo humano, parada final en su viaje evolutivo.
Porque nada produce más desolación que este viscoso mundo de tramas corruptelas inmobiliarias que están surgiendo como setas, bien regadas por el sudor de la avaricia. Pueblos enteros están alzando la voz, para que su paisaje no se convierta en adosados prefabricados y espacios verdes cerrados a unos pocos cuya única actividad y productividad sea darle a sus pelotas, desposeyendo a sus habitantes de agua y de una vida de calidad.
Es tal la expansión de la bestia que espacios protegidos están siendo eliminados con una rapidez pasmosa, por medio de las redes establecidas de corrupción, que saltan de un lugar a otro con sus informadores. Juan A. Roca (operación Malasia) venía de Murcia, donde todavía sus socios controlan el suelo. Rafael Gómez, el constructor imputado (Malasia de nuevo) tiene cinco fincas en el entorno protegido de Medina Azahara, si bien las normas autonómicas le tienen prohibido edificar allí, el PP presentó una moción en la que instaba a la Junta de Andalucía a que redujera el BIC (Bien de Interés Cultural), imaginamos que para convertirlo en pelotazo de interés múltiple.
La proliferación de viviendas ilegales, virus que infecta toda la piel de toro y convierte nuestro paisaje en un basurero de residuos incontrolados, se ha producido bajo la connivencia de esa peste de corrupción urbanística, que afecta a todos los partidos porque la ley confiere poderes casi absolutos a simples Alcaldías y porque una decisión administrativa genera millonarios beneficios privados.
Las pruebas hablan
De verdadera provocación son las declaraciones del secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, declaraciones que se vuelven en su contra, ante la avalancha de pruebas (imitando a un imaginario CSI) que le rebotan y le desmienten. Parece esta práctica, la negación, habitual en su partido, insultando con ello la inteligencia del ciudadano, ignorando que tenga capacidad para informarse. Si bien la corrupción afecta a todos los partidos, no es menos cierto que los socialistas imputados en corrupción han sido rápidamente expulsados, y la reacción de su partido ha sido pronta y firme, no solo en la condena de la corrupción (como también hace el PP), aunque con una importante diferencia y es la invitación a enfilar la dimisión de los cargos implicados en casos comprometedores: Pedro Torrejón en Ciempozuelos, el alcalde de Aldea del Fresno y el de Morata en Madrid, y ha forzado la salida del alcalde de Los Alcázares en Murcia, anteriormente ya había echado al de Humanes, y en Cádiz rompió su alianza en El puerto de Santa María por una condena al alcalde, aunque aún mantiene en su cargo al alcalde de Carboneras (Almería) por delito electoral.
El PP mantiene en sus puertos a más de una decena de altos cargos imputados por corrupción urbanística como los alcaldes de Alicante (Luis Díaz Alperi), Orihuela (José Manuel Medina), Torrevieja (Pedro Hernández), Tui (Pontevedra, Antonio Fernández). También obvió que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal; que el concejal de Urbanismo de Rota, Antonio Peña, está imputado, y que la concejal popular Antonia Torres de Telde (Gran Canaria) ha estado en prisión por cohecho, tráfico de información privilegiada, cobro de comisiones, entre otros delitos. Además, el ex director de Industria de Canarias del PP, Celso Perdomo, cumplió prisión por cuatro delitos, y el director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto, dimitió tras aprobarse una recalificación de suelo a sí mismo. El caso del empresario de Orihuela afín al PP Ángel Fenoll y sus grabaciones comprometidas de las que aún hay mucho que exprimir, su afinidad delincuencial con Luis Fernando Cartagena, ex multilabores del PP valenciano devenido en empresario, y con una condena por malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil. El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, del PP, está procesado por un presunto delito de prevaricación y la concejal popular de Alicante, Sonia Castedo, está imputada por el caso de las concesiones. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia compatibilizó la Concejalía de Fomento con un puesto en una promotora que apoyó un proyecto prohibido por Medio Ambiente. No consiste nada más que en hacer la cuenta de la vieja. Extraña ética la del partido de la oposición, que mira la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio. Tal vez la respuesta esté en su propia percepción del heredado término privilegio, al que consideran de su absoluto disfrute desde siglos pasados, a través de ramas terratenientes.
Soluciones y devoluciones
Transparencia Internacional, Organización No Gubernamental y expertos en corrupción aseguran que estamos ante una consecuencia del sistema urbanístico heredado del siglo XIX, en el que los terratenientes pactaron con el Gobierno que ellos ganarían dinero con las plusvalías. España es el único país en el que una decisión de recalificación genera plusvalías millonarias, y el único donde las urbanizaciones las hacen promotores privados.
Es absolutamente necesario recuperar la figura del interventor municipal, independiente del propio Ayuntamiento, imponer mecanismos inmediatos de control y veto sobre los planes urbanísticos, controlar las financiaciones de los partidos y de los Ayuntamientos, que gastan más de lo que ingresan, y exigir la devolución de las riquezas obtenidas mediante soborno, y comisiones. Ya se demostró hace unos días el apoyo al juez Torres en Marbella, con la manifestación de su pueblo pidiendo el dinero robado, (aunque solo sea para parchear las calles y carreteras) y el cumplimiento de las penas a todos los implicados. Implicados que mantienen la desfachatez y desvergüenza propia de ladronzuelos de baja estopa (pobres presas políticas), puede que al verse ahora más acompañadas ante el desentierro de sus socios regionales.
Aumenta el número de asociaciones de vecinos que se levantan contra estas tropelías, con este atraco brutal que enviará un tercio de nuestra riqueza durante los próximos 15 años o más a promotores, bancos, dueños de suelo, especuladores, y corruptos en general, generando una destrucción medioambiental sin precedentes, condenando especies protegidas, y con ello produciéndose una perdida de calidad de vida.
Permanecen en suspenso los polémicos tejemanes en Las Navas del Marqués y en Villanueva de Gómez (Ávila) sobre las nuevas promoción de miles de chaléts y campos de golf, donde en 2001 la Junta de Castilla y León rechazó los proyectos por falta de agua, y por el grave daño que causaría al ecosistema forestal de la zona. Hoy, 2006, señala la Junta con nuevos argumentos que es compatible construir tres campos de golf, ante la opinión de los técnicos de que es una barbaridad.
Y mientras nos concienciamos sobre la escasez de agua por venir, la alarma social parece estar produciendo cierto reparo en alias rapaces, luego que el pocero, estandarte del nuevo rico, de nombre Francisco Hernando, ha visto como le han desaprobado un segundo plan para la construcción de un polígono de 1,6 millones de m2, en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo), gracias a la oposición de IU y la abstención del PP. De los concejales, dos (los socialistas) trabajan para la promotora del pocero.
Hace dos años el trazado de la línea AVE Madrid-Barcelona que pasa por Yebes, una localidad de Guadalajara donde Teresa Micaela Valdés Ozores, tía del marido de Esperanza Aguirre, le cayó en bendición ferroviaria con un beneficio de más de 8.000 millones de las antiguas pesetas en concepto de recalificaciones. La historia se repite y otra rama de la familia Aguirre, primos y tíos son los que han visto crecer su patrimonio tras la venta de parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid). Tanto Enrique Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) obtuvieron pingues beneficios. Viva el árbol genealógico del pelotazo.
Etimológicamente la palabra corrupción procede de la voz latina corrompiere, que a su vez está formada a partir de la partícula «cum» y del verbo «rumpo, rumpere, rupsi, ruptum», que literalmente significa romper. . Sin embargo, en la realidad se le da el significado de «echar a perder» o «pudrir».
El término cohecho proviene del verbo cohechar, que a su vez deriva del latín coactare, es decir, forzar, obligar.