Argelia, movilización medioambiental y represión

Esta represión es una forma de mantener al país bajo el yugo en un momento en el que se agudizan sus contradicciones, entre la inflación, que lleva al empobrecimiento de la población, y los preparativos para las elecciones presidenciales de 2024, de las que el Gobierno espera obtener la legitimidad de la que actualmente carece. En este difícil contexto para las luchas sociales, centramos nuestra atención en la movilización ecologista de Bejaia (Cabilia) contra el proyecto de la mina de zinc y plomo en Oued Amizour. Este tipo de movilización muestra como es posible construir una relación de fuerzas frente a la autoridades a pesar de la feroz represión contra los activistas.

Antoine Larrache: ¿Puedes decirnos qué está en juego en la construcción de la mina de Oued Amizour?

Jamel Bisset: En la región de Amizour y Tala-Hamza (cerca de Bejaia, en Cabilia) la prospección del yacimiento comenzó en los años setenta. En 2005, en el marco de la venta de los recursos nacionales iniciada en 2001, el Gobierno concedió la licencia de explotación a la multinacional australiana Terramin, a la que se adjudicó una participación del 75% en la sociedad explotadora WMZ, frente al 25% de Argelia.

Previamente se habían realizado estudios sobre la viabilidad del proyecto: una consultora canadiense había realizado un estudio bastante riguroso, pero tenía el defecto de hablar de una inversión de más de 500 millones de dólares sólo para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, el estudio se archivó. En 2005, se inició un nuevo estudio, con altibajos, perforaciones e investigaciones, que nunca llegó a completarse. Incluso hubo la tentación de cancelar el proyecto. Pero en 2020, bajo la presidencia de Abdelmadjid-Tebboune, se relanzó el proyecto con la cesión de la mayoría de las acciones (51%) que actualmente están en manos de las empresas estatales ENOF y ORGM, quedando el 49% en manos de Terramin (la mayoría de cuyas acciones fueron compradas por un consorcio chino). Todo ello debido a la reintroducción de una norma, que ya existía en tiempos de Bouteflika, aunque no afectaba a todos los sectores, que exige que al menos el 51% del capital de una empresa sea argelino y que el extranjero no detente más del 49%. 

La explotación de este yacimiento será un desastre para la salud humana y medioambiental por varias razones:

En primer lugar, el estudio de impacto de 2020, realizado por una consultora local que no tiene ninguna competencia, fue una chapuza e indicaba que la empresa explotadora dispondría de todas las tecnologías, cumpliría las normas, sería competente, etc. El estudio ni siquiera abordaba las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y protegerse de una posible contaminación. Pero este estudio no se hizo público, como exige la ley, por lo que se desconocen sus conclusiones más detalladas.

Este proyecto tiene la particularidad de estar situado en una zona densamente poblada, próxima a tres municipios también densamente poblados. Amizour tiene una población de 45.000 habitantes, Tala-Hamza 15.000 y, justo al otro lado de la carretera, a dos o tres kilómetros, se encuentra la nueva ciudad de Bejaia, Oued-Ghir, una zona de viviendas urbanas que espera acoger a 20.000 personas. Nunca ha habido una mina en una zona tan residencial.

En segundo lugar, se encuentra en una importante zona agrícola, que en su día fue tomada por los colonos y cuyas tierras son muy fértiles.

En tercer lugar, es una zona clasificada y protegida internacionalmente como humedal Ramsar. Está clasificada desde 2009 en función de tres criterios clave: la existencia de determinadas especies de peces, la presencia de una especie en peligro de extinción, la nutria europea, y, lo que es más importante, la existencia de una de las mayores capas freáticas de Argelia. Estudios realizados por organismos públicos han demostrado que su capacidad ronda los 1.600 billones de metros cúbicos. Y se trata de una capa freática renovable, lo que significa que recibe agua de los montes Djurdjura y Babors. Se alimenta de todos los afluentes. La región de Bejaia es conocida por sus recursos hídricos desde la antigüedad. Y desde el punto de vista económico, el departamento de Bejaia se estructura naturalmente en torno a la industria agroalimentaria, ya que existe una importante industria, con unidades de producción de agua mineral, limonada, cerveza, yogur, leche, etc. Todo ello está situado muy cerca de la capa freática. Por eso está protegida desde 2009.

Las leyes argelinas son bastante correctas en sí mismas: están al día de la evolución de los conocimientos científicos y de las normas internacionales de protección del medio ambiente. En concreto, el artículo 3 de la Ley de Minas prohíbe la construcción de una mina en una zona protegida por un convenio internacional o por la legislación argelina. Esto es exactamente lo que ocurre en este caso. Y el agua es un reto importante para la humanidad, sobre todo a causa del cambio climático. 

En este caso no se ha respetado la ley: la legislación medioambiental estipula que es necesario implicar a las poblaciones locales, que hay que debatir con ellas y convencerlas para que el proyecto sea viable. No se ha hecho nada en este aspecto. Oficialmente, el wali (representante del Estado) recibe delegaciones de las poblaciones locales, pero en realidad las delegaciones suelen estar elegidas en función de su lealtad o con la promesa de una compensación.

Por otra parte, las poblaciones de los dos pueblos afectados han firmado peticiones rechazando el proyecto en su totalidad. Se trata de peticiones ciudadanas, y hay que comprender el valor que se necesita para firmar una petición oponiéndose a un proyecto presentado como una iniciativa del presidente, supuestamente necesaria para el desarrollo del país.

A. L.: ¿Cuáles son exactamente los riesgos?

J. B.: Cualquier amenaza para el agua de la región repercute en el conjunto del país, ya que este departamento alimenta prácticamente a toda Argelia. La mina que quieren construir no es inofensiva, ya que contiene plomo y zinc. No hemos tenido acceso a la composición geoquímica exacta para ver si hay otros materiales: hablamos de tierras raras, uranio, etc. Es más, no hemos tenido acceso al proyecto en sí, ni a los estudios ni a los resultados, lo que no es aceptable para las poblaciones locales.

El plomo es un metal peligroso; fue uno de los primeros metales que causó daños en la historia de la humanidad, sobre todo entre las clases trabajadoras, entre los mineros, con la primera enfermedad profesional reconocida: la intoxicación por plomo. Ahora sabemos que el plomo se transmite a través del aire, el agua, los alimentos, etc. Se trata de que donde ha habido minas de plomo, incluso en las Cevenas, en Francia, varias décadas después sigue habiendo problemas con la contaminación de ciertos suelos. Por no hablar de Kenia, Zambia, la región de Valencia en España y Perú. 

A. L.: ¿Por qué el Gobierno apuesta tanto por esta mina?

J. B.: No es sólo esta mina lo que está en juego: se trata de una huida hacia adelante que no tiene en cuenta los efectos sobre el medio ambiente, que no tiene en cuenta los intereses de las futuras generaciones. El Gobierno aspira a unirse a los BRICS, sabiendo que estos países prestan poca atención a las cuestiones medioambientales. Argelia busca una legitimidad internacional que el Gobierno no ha conseguido a nivel electoral. En el actual conflicto interimperialista, intenta posicionarse de un modo u otro. Y el potencial de Argelia reside en su subsuelo, el gas, las tierras raras, etc. Quiere diversificar a sus socios, así que está en proceso de ofrecer el subsuelo, porque no hay industria de transformación ni en Bejaia ni en ningún otro lugar. Se va a extraer el mineral, que representa millones de toneladas, del que el 7% se procesará in situ mediante productos químicos y flotación y después será transportado en contenedores para ser enviado por barco a los países que lo procesarán. Sin embargo, el 93% restante, que es tóxico, quedará aquí. ¡Y, además, importaremos plomo y zinc refinados!

Es un poco lo que ocurre desde hace años con el petróleo que exportamos y que luego importamos como gasolina y gasóleo para la calefacción desde Francia o Italia. Es un despilfarro de recursos naturales.

Tenemos que plantearnos la pregunta legítima del interés de esta política para Argelia: ¿estamos al servicio del mercado mundial o al servicio del pueblo, del desarrollo nacional?

A. L.: ¿Crees que hay elementos de autonomía o de competencia entre los diferentes sectores del aparato del Estado en este asunto?

J. B.: Es difícil decirlo. El régimen argelino siempre ha funcionado con facciones que en lo fundamental no difieren, pero con grandes conflictos entre ellas. En este proyecto, creo que las diferencias están ligadas al hecho de que no es rentable. Sólo el plomo es interesante y se utiliza para almacenar residuos nucleares. El resto no es necesariamente rentable en el mercado mundial porque el precio del zinc no es muy elevado.

Hoy en día, el régimen teme un levantamiento popular. Así que está bastante unido. Existe un consenso en torno a Tebboune y no ha surgido ninguna otra fuerza. El régimen no ha conseguido construir una base social, ni una nueva representación política, si bien ha desarrollado una política que no se puede pasar por alto: Tebboune ha hecho fijos a 50.000 profesores, ha concedido el subsidio de desempleo a millones de argelinos y muchas otras medidas. Aunque el salario mínimo no ha aumentado –está en torno a los 100 euros–, se han tomado algunas medidas. Dicho esto, se trata de medidas liberales populistas.

Existe una grave crisis política de legitimidad y los aparatos tradicionales del régimen, como el Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Agrupación Nacional Democrática (RND), están muy desacreditados. Por eso recurren al terror, a una política de represión sin cuartel. Pero deben estar preocupados, porque saben que no es una herramienta sostenible. Frente al terror, frente al amordazamiento, habrá explosiones, eso es evidente. Creo que hay diferentes interpretaciones entre las distintas facciones. Hay contradicciones.

A. L.: ¿Puedes contarnos cómo surgió la movilización en torno a las minas?

J. B.: Empezó en 2019, cuando relanzaron el proyecto. En relación con el Hirak, hubo debates públicos con científicos y activistas ecologistas. Hubo algunos debates en el departamento, en la subprefectura de Amizour. En nuestra sociedad la conciencia medioambiental es aún débil, y la movilización para rechazar este proyecto peligroso para la reserva de agua es menor que la del sur de Argelia, donde la población se unió en masa contra los riesgos asociados a la explotación del gas de esquisto. Cabe señalar que Mohad Gasmi, uno de los líderes de esta movilización, se encuentra detenido.

Las autoridades utilizan la fórmula clásica: prometen crear miles de puestos de trabajo. La gente quiere trabajar, sobrevivir, así que ponen en segundo plano el futuro de las generaciones venideras.

Pero el proyecto sólo puede crear 700 puestos de trabajo. Los expertos con experiencia en este tipo de proyectos afirman que la dificultad para que una multinacional se comprometa con una mina en un país es la falta de mano de obra cualificada y barata. Así que tendrán que traer mano de obra cualificada, y sólo tendremos empleos para el trabajo a 500 metros de profundidad y unos cuantos guardias de seguridad en el perímetro del yacimiento. Por lo tanto, no habrá más que un 15% o un 20% de mano de obra local. En los países del Sur, las multinacionales siempre han utilizado el chantaje del pleno empleo para apoderarse de nuestras riquezas; hay muchos ejemplos de ello en todo el mundo.

Realizaron un trabajo de sensibilización durante un año. Luego, el proyecto fue congelado para ser relanzado por Tebboune en 2021 como proyecto de interés nacional. Como el Gobierno prohibió las manifestaciones, la coordinadora de asociaciones ciudadanas organizó una excursión popular en mayo de 2022. Tuvo lugar en un pueblo que no está habitado, pero que cuenta con una asociación para la defensa de su patrimonio: cementerio, tumbas de mártires revolucionarios, casas que datan del siglo XVII, un poco de agricultura de montaña, etc. El objetivo de la caminata popular era dar a conocer el lugar, porque en realidad, según la normativa medioambiental, antes de construir un proyecto hay que estudiarlo, se mira quién vive allí, la historia del lugar, etc. La caminata atrajo entre 200 y 250 personas en un momento en que todas las reuniones estaban prohibidas. Los servicios de seguridad tenían un problema con esto. Acordonaron toda la región y fue publicitada por Radio M, que ahora está cerrada, y por el canal cabileño Berbère Télévision. Hubo bastante cobertura mediática. Médicos, farmacéuticos, académicos, agricultores, ancianos del pueblo que conocían la historia, etc., todos hablaron. Se grabaron testimonios y esto llegó a la opinión pública. En otro pueblo, con 80 casas, se creó un comité. La tierra también pertenece a esas personas que viven cerca. Han redactado una petición rechazando el proyecto y han sido recibidos por el wali.

En la población hay mucho miedo. La gente tiene miedo de ser encarcelada arbitrariamente, porque en Argelia se detiene a la gente durante dos o tres años y luego se les pone en libertad alegando que son inocentes. Así que la existencia de la petición es un gran paso adelante.

La represión contra el profesor Kamel Aissat se inscribe en este contexto: se trata de un experto que anteriormente había sido nombrado por la administración para realizar peritajes relacionados con el desarrollo rural y la gobernanza local; acompañó a la población y dio explicaciones de todo tipo. Tuvo que hablar públicamente para proporcionar información científica. Se le acusó de hacer vídeos y de organizar marchas y reuniones secretas. Fue interrogado durante horas en la gendarmería de Bejaia y citado de nuevo unos días más tarde para que la gendarmería le tomara las huellas dactilares y lo fichara. Fue llevado ante el fiscal. 

Tras la audiencia con el fiscal, los cargos cambiaron. Recurrieron a los artículos 79 y 46 del Código Penal argelino y le acusaron de delitos contra el interés nacional y la unidad territorial. Estos artículos datan de los años 70 e incluso son inconstitucionales en la medida en que el “interés nacional” es un concepto muy vago y depende de la clase social a la que sirvan las políticas económicas 2/. 

Así que, en realidad estamos ante una cuestión política. El único documento aportado al juez de instrucción era un decreto ministerial que validaba el proyecto de la mina. El juez no siguió al fiscal y puso a Kamel bajo control judicial. No se entregaron todas las pruebas del caso a los abogados, porque el nuevo Código Penal argelino permite a los jueces no entregar todos los documentos al abogado, lo que es realmente chocante. Necesariamente, las pruebas son muy débiles, ya que sólo hay un yacimiento, prácticamente no hay ningún proyecto concreto y ninguna construcción. Ni siquiera se sabe quién es el propietario del terreno. Es un poco un truco publicitario, sin duda relacionado con el deseo de unirse a los BRICS, pero también hay mucha mediocridad y corrupción en el proyecto.

A. L.: ¿Puedes situar todo esto en el contexto un poco más amplio de la situación en Argelia, sobre todo después del Hirak?

J. B.: Cuando el Gobierno elaboró las enmiendas a la ley de hidrocarburos, hubo grandes manifestaciones, sobre todo en Argel, ante la Asamblea del Pueblo, para rechazar la venta de la soberanía nacional. “No a la venta de la riqueza” fue un lema clave en el Hirak. Los argelinos plantearon claras reivindicaciones antiimperialistas y la necesidad de la soberanía popular para tomar las decisiones de desarrollo, económicas, etc.

Lo que más molesta a las autoridades es que pueda haber concentraciones populares, incluso en los funerales. No quieren que la gente se vea; cualquier reunión es subversiva, porque se dan las condiciones para una explosión. A pesar de los esfuerzos por redistribuir la economía, esto dista mucho de ser suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, que se encuentra en un nivel nunca visto en la historia de Argelia. Tenemos uno de los salarios mínimos más bajos del Mediterráneo, lo que no ocurría en 2010, cuando era uno de los más altos. Las clases medias se han visto muy afectadas por la inflación, que se ha visto exacerbada por la guerra de Ucrania, la crisis, etc. Hay escasez por todas partes y tenemos un presidente que está gestionando esta situación mediante la represión. Dice que es capaz de condenar a muerte a quienes acaparen.

Todo se presenta como un complot de los islamistas de Rachad, del Movimiento para la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), de Marruecos, de las fuerzas extranjeras…

A. L.: ¿Por qué crees que la situación puede estallar en cualquier momento y cuáles podrían ser las consecuencias?

J. B.: A pesar de algunas medidas, la pobreza se ha agravado mucho. Además, un experimento político colectivo ha hecho posible algo que era imposible: el Hirak provocó la expulsión de las figuras del régimen, con treinta generales y decenas de ministros en prisión. Entonces sacrificaron a una parte del régimen; ahora un movimiento popular atacaría su núcleo duro. La experiencia colectiva permanece en la memoria, las cosas no se repiten, hay un fenómeno de acumulación que acompaña a las revoluciones. Como dice Daniel Bensaïd, “hemos ganado el derecho a volver a empezar”. En la literatura marxista, vemos que los fracasos de los movimientos de masas no son fracasos en sí mismos, son etapas que atravesamos en términos de conciencia.

Hubo aumentos salariales en la función pública, pequeños, pero reales. Todo lo que conseguimos, lo aceptamos y lo seguimos exigiendo. Pero los pocos aumentos ni siquiera cubren la pérdida del poder adquisitivo. Tebboune ha anunciado aumentos salariales del 50% en tres años y también ha incluido algunos recortes fiscales para los trabajadores con salarios bajos. En términos absolutos, los salarios han subido, pero en términos concretos, dada la variación del tipo de cambio y la inflación, se ha producido una pérdida de poder adquisitivo muy importante: en torno a un 30%.

No hay mucha movilización porque hay miedo. El Hirak llegó en un momento en que el movimiento social había sido derrotado, en que la clase política había sido derrotada bajo Buteflika, en que los movimientos sociales y los partidos habían sido desacreditados porque todos se habían integrado en el juego institucional. Igual que los sindicatos. Los sectores combativos de los sindicatos fueron eliminados, tanto en la UGTA como en los sindicatos autónomos. La oposición organizada ha sido desacreditada y derrotada. Así que ya no hay ningún punto de referencia organizativo que represente la revuelta.

Con la represión, las organizaciones no se expresan. No hay huelgas. Prácticamente no hay protestas. Las organizaciones políticas han sido amordazadas: el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ha sido suspendido y el Movimiento Democrático y Social (MDS) también, por otros motivos. Los demás partidos no tienen derecho a reunirse con las ciudadanas y ciudadanos en sus oficinas. Todos los partidos miembros del Pacto por la Alternativa Democrática (PAD) han sido amordazados.

Los partidos tradicionales, que no son democráticamente consecuentes, las organizaciones liberales, buscan otra vía, una forma de gobernanza que les tenga en cuenta. No buscan reforzar la soberanía popular. La Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), el Partido de los Trabajadores (PT, de origen lambertista) y la Unión por el Cambio y el Progreso (UCP), que son miembros del PAD, no construyen una relación de fuerzas por abajo. Denuncian la situación, pero no tienen ningún impacto social ni político. Sociológicamente, el Hirak ha puesto de manifiesto el descrédito de todas las organizaciones. El Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS) es un partido que hace el juego al régimen, que participó en las elecciones; ya no es el FFS que conocíamos en cuanto a su funcionamiento democrático; ahora está desacreditado. Además, todas las instituciones fueron elegidas con una participación muy baja a todos los niveles.

El FLN sigue ahí, pero a las autoridades les resulta difícil mantener debates políticos con el FLN, el RND o el islamismo moderado, ¡porque sus líderes están en la cárcel!

A. L.: ¿Cómo se van a organizar las elecciones presidenciales para que tengan un barniz democrático?

J. B.: El régimen tiene un historial de golpes de Estado que se remonta a antes de la independencia. Siempre ha nombrado a los sucesores. Tebboune es visto como alguien que no tiene las manos libres: una marioneta en manos del régimen. Hay grandes luchas internas. El clan de Gaid Salah, el general fallecido que entronizó a Tebboune, está debilitado. También están los veteranos que están volviendo. Seguramente se irá hacia un segundo mandato de Tebboune, porque no es probable que surja ninguna otra personalidad. Les gustaría que este segundo mandato tuviera un poco más de legitimidad.

Sin duda, una parte del poder dominante considera que es necesario apaciguar la situación, pero a día de hoy las detenciones por delitos de opinión continúan, así como las detenciones arbitrarias por publicaciones en Facebook, etc. Hay decenas de personas presas en la cárcel. Hay decenas de presos de conciencia, algunos partidos han sido suspendidos, al igual que asociaciones como el Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) y la Ligue des Droits de l’Homme (Liga de Derechos Humanos), y así sucesivamente. Algunos partidos como el PT dicen que hay signos de apaciguamiento… ¡pero nosotros no los vemos!

Hay un desierto político, pero el potencial subversivo está ahí.

A. L.: Entonces, ¿cómo ves este potencial subversivo?

J. B.: Hay que preservar los sectores militantes, pero no se pueden preservar encerrándose en sí mismos. Es el vínculo con la realidad, con la sociedad, lo que permite que una organización exista. Historias como la de la mina, por ejemplo, son formas de estar en contacto con la sociedad, de difundir ideas; evidentemente, teniendo en cuenta la represión. También hay actividades culturales, asociativas; cualquier cosa en la que se pueda trabajar como actividad es muy valiosa hoy en día.

Ahora bien, ¿se reanudará el Hirak? El Hirak es una nueva experiencia colectiva para una nueva generación de activistas que necesitan un programa y perspectivas. Hoy en día, la situación de la juventud se parece más a la de los harragas: miles de jóvenes licenciados, técnicos, médicos, abandonan su país…, es impresionante. En eso consiste la inmigración selectiva. El reto que tenemos por delante es ser capaces de construir relevos organizativos con un programa real, cosas concretas que den esperanza a la gente joven. 

Antoine Larrache es redactor jefe de Inprecor

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/argelia-entrevista-a-jamel-bisset-movilizacion-medioambiental-y-represion/