MSF ha contabilizado 4.370 migrantes expulsados desde Argelia y que han llegado a la localidad de Assamaka, en Agadez, Níger, desde principios de año hasta el 19 de abril, lo que muestra una cierta continuidad con las cifras de los últimos años
Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Agadez han recogido el testimonio de cientos de personas migrantes que fueron asistidas o rescatadas en el desierto por la organización tras haber sido expulsadas de Argelia. Sus historias arrojan luz sobre la violencia a la que se enfrentan durante el arresto y detención en Argelia, y posterior expulsión a Níger.
Según sus testimonios, son arrestados y confinados en centros de detención durante días, semanas o incluso meses, antes de que las fuerzas de seguridad argelinas les obliguen a subir a autobuses o camiones y les abandonen en el denominado “Punto cero”, un lugar en medio de la nada situado en la desértica frontera entre Argelia y Níger, a menudo de madrugada. Entre las personas expulsadas en los últimos meses hay incluso un herido de bala y otro herido con una pierna fracturada.
Sin nada en los bolsillos, ni mapa ni indicaciones, la única opción que les queda a estas personas es caminar 15 kilómetros hasta Assamaka, la localidad más cercana. Según varias fuentes, se han dado casos de personas que se han perdido por el camino y de las que no se vuelto a tener noticias.
La mayoría de estos migrantes procede de países de África Occidental, pero también de Oriente Medio y Asia, y entre ellos se incluyen mujeres y jóvenes, niños y personas de la tercera edad. Algunas de estas personas habían vivido en Argelia durante años antes de ser expulsadas, y otras estaban de paso por el país de camino a Europa.
Violación de derechos humanos
“Estos arrestos, detenciones y expulsiones por parte del Gobierno argelino no respetan el principio fundamental de «no devolución» y son contrarios a la legislación internacional sobre derechos humanos y a la legislación internacional sobre refugiados”, afirma Jamal Mrrouch, coordinador general de MSF en Níger. “Es fundamental garantizar la asistencia humanitaria y protección de forma incondicional para las personas migrantes y asegurarse de que las estructuras locales en los países de tránsito, como Níger, puedan satisfacer las necesidades de todos”.
Desde la revolución libia de 2011, la ruta a través de Níger y Libia o Argelia ha sido la principal ruta migratoria hacia Europa. Las políticas destinadas a frenar el flujo de personas no han impedido que la gente busque un camino hacia la seguridad y/o mejores condiciones de vida. Por el contrario, han incrementado los riesgos para las personas migrantes al criminalizar sus acciones y violar sus derechos humanos.
En la Cumbre de La Valeta de 2015, los países europeos y africanos se comprometieron a reforzar sus sistemas de control de fronteras y acordaron facilitar el retorno, voluntario o no, de las personas migrantes en situación irregular. En consecuencia, las personas migrantes siguen siendo arrestadas arbitrariamente, maltratadas o repatriadas a países en los que corren el riesgo de ser perseguidas.
Según los datos recogidos por los equipos de MSF, durante el año 2020, 23.175 migrantes llegaron a la localidad de Assamaka. Un cifra ligeramente inferior a las 29.888 expulsiones registradas por los equipos de la organización en 2019, pero que sigue siendo elevada si se tiene en cuenta que las fronteras de Níger estuvieron cerradas entre marzo y octubre-noviembre de 2020.
Testimonios de migrantes expulsados por Argelia a Níger
Safi Keita, originaria de Mali, está embarazada de cuatro meses. Casada y madre de dos niños, se ganaba la vida vendiendo especias en Argelia, antes de que la policía irrumpiera en su casa y la detuviera. “Los gendarmes tiraron la puerta abajo”, afirma. “Se lo llevaron todo: dinero y teléfonos. Después, me llevaron a la comisaría”.
Al día siguiente, subieron a Safi a un camión y la llevaron a un centro de detención. “Nos metieron en camiones llenos de gente; estábamos muy apretados, éramos muchos y nadie llevaba mascarilla”, relata. Al llegar, la obligaron a saltar del camión al suelo. “Como estaba embarazada, el salto me causó dolor en la barriga”.
Durante cuatro días, la mantuvieron en el centro de detención en condiciones insalubres y solamente le dieron pan para comer. “Aunque estaba embarazada, no recibí ningún trato especial”, asegura. “Los guardias no tuvieron ninguna compasión conmigo ni con mi condición física”.
Cuando la liberaron, Safi fue enviada a la frontera, junto con otras personas migrantes, y fue allí en Assamaka donde finalmente se reencontró con su marido.
Traoré Ya Madou, oriundo de Mali, había trabajado durante seis años como pintor en Argelia antes de ser arrestado y expulsado. “Vivíamos y trabajábamos en el mismo lugar”, explica. “Una mañana llegó la policía argelina. Normalmente, les dábamos dinero o nos resistíamos y, al final, los agentes se marchaban, pero a la noche había unos 20 oficiales. Tiraron la puerta abajo y entraron. Nos esposaron y nos llevaron a la comisaría. Allí estuve 24 horas sin comer nada. Nos cachearon y nos quitaron la ropa interior: fue un trato inhumano. Yo llevaba 2.500 euros encima y los oficiales se lo llevaron todo. Además, me golpearon de una manera tan salvaje que terminé en el hospital”.
Como castigo por haber intentado resistirse al arresto, a Traoré lo dejaron mucho más adentro en el desierto que a muchos otros migrantes y tuvo que caminar unas cuatro horas para llegar a Assamaka.
MSF trabaja en la región de Agadez desde agosto de 2018, proporcionando asistencia sanitaria, apoyo psicosocial, evacuaciones de emergencia y servicios de búsqueda y rescate de personas migrantes pérdidas o abandonadas en el desierto. MSF también facilita a las personas migrantes artículos de primera necesidad como mosquiteras, mantas, kits de higiene y ropa interior.
En 2020, MSF realizó 41.801 consultas de atención primaria en Agadez. Además, los equipos de la organización prestaron asistencia médica a 989 personas migrantes víctimas de violencia, 21 de las cuales afirmaron haber sufrido torturas y trataron a 1.914 migrantes por problemas de salud mental.
Silvia Fernández. Press Officer, MSF España