Las claves
Más de cien entidades solicitan al Gobierno que el Sáhara Occidental se incorpore en la Ley de Memoria Democrática con el objetivo de alcanzar verdad, justicia y reparación.
Las organizaciones exigen que la Comisión de la Verdad indague sobre los delitos cometidos contra la población saharaui durante la guerra de Ifni y la dictadura franquista.
El manifiesto pone en evidencia que el abandono de España y la ocupación marroquí dejaron a los saharauis en situación de extrema vulnerabilidad, expuestos a graves violaciones de derechos humanos.
Las asociaciones también demandan que el colonialismo español en el Sáhara se integre en los currículos escolares y que España asuma su responsabilidad como potencia administradora.
Más de un centenar de organizaciones españolas y saharauis han reclamado al Gobierno incluir el Sáhara Occidental en la Ley de Memoria Democrática con la finalidad de lograr «verdad, justicia y reparación».
Así se refleja en un manifiesto al que ha tenido acceso este diario, donde se pide a la Comisión de la Verdad la apertura de archivos oficiales, la investigación de los hechos y la participación de las víctimas en el proceso.
Dicha Comisión de la Verdad es la entidad establecida por la ley para documentar y examinar los abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Este jueves, estas asociaciones darán un paso decisivo: presentarán una denuncia ante el Ministerio de Memoria Democrática por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra de Ifni (1957) y el periodo dictatorial.
La denuncia será promovida por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara).
El propósito, según las entidades, es que las conclusiones de la Comisión de la Verdad incluyan medidas específicas que «reparen la memoria de quienes sufrieron la represión en el Sáhara Occidental, garantizando su reconocimiento oficial y la asunción de responsabilidades por parte del Estado español».
«Esto complementaría el proceso español de memoria democrática y reconocería que el abandono dejó a la población saharaui expuesta a graves violaciones de sus derechos humanos«, señala en declaraciones a EL ESPAÑOL Abdeslam Aomar Lahsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis.
«La retirada española y la posterior ocupación marroquí pusieron a los saharauis en una situación de vulnerabilidad extrema, con decenas de miles de refugiados que huyeron hacia campamentos en Tinduf (Argelia) y muchos otros enfrentando la represión en los territorios ocupados», denuncia Lahsen.
Las demandas actuales se basan en un informe elaborado por este activista en 2025, titulado «Saharauis, las otras víctimas del franquismo y el postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español«, que analiza la obligación de España y sostiene que el pueblo saharaui sigue bajo su responsabilidad como potencia administradora del Sáhara Occidental.
Durante la jornada del jueves, entregarán copias de este estudio a cada uno de los 20 integrantes que componen la Comisión de la Verdad.
Esta investigación, respaldada por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa), documenta diferentes episodios represivos sufridos por la comunidad saharaui.
Detalla hechos como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de protestas pacíficas como la de Zemla, y numerosas desapariciones producidas durante la retirada española, incluyendo la del líder saharaui Mohamed Basir, conocido como Basiri , considerado el primer gran mártir del movimiento de liberación saharaui y precursor del Frente Polisario.
«Marruecos ejecutó una campaña de exterminio sistemático contra la población saharaui, especialmente tras la invasión iniciada el 31 de octubre de 1975, que contempló ataques aéreos indiscriminados contra campamentos de refugiados en Um Draiga, Tifariti y Amgala», recoge el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, firmado por Fernando Grande-Marlaska, entonces juez y actualmente ministro del Interior.
El mismo documento jurídico reconoce que España «tenía la obligación de proteger a la población de ese territorio no autónomo del cual es potencia administradora de iure».
En las aulas
En noviembre de 1975, durante los últimos días de Francisco Franco, España firmó los Acuerdos Tripartitos con Marruecos y Mauritania para entregar el Sáhara Occidental, «aunque estas pactos nunca fueron aceptados por Naciones Unidas, como confirma el auto 40/2014», argumenta Abdeslam Aomar.
Por consiguiente, sostiene que España tiene las responsabilidades, «según los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas», de «fomentar el bienestar y la autodeterminación del pueblo saharaui y evidentemente proteger a la población saharaui de cualquier abuso».
No obstante, España se considera desligada de toda responsabilidad internacional relacionada con la administración del Sáhara Occidental «desde la carta enviada el 26 de febrero de 1976 por el representante permanente de España ante Naciones Unidas al secretario general de Naciones Unidas».
Así lo manifestó el Gobierno en 2020 en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por la entonces diputada Inés Sabanés, de Más País Equo.
Entre las reclamaciones relacionadas con la memoria histórica se incluye la solicitud de que el estudio del colonialismo español en el Sáhara se reintroduzca en los programas educativos, tras haberse eliminado de los manuales después de 1976.
En este sentido, el PSOE ha presentado una propuesta en la Comisión Constitucional del Congreso y una moción en el Senado para fortalecer la memoria democrática en el ámbito educativo.
El proyecto contempla una revisión de los contenidos formativos para abordar con mayor profundidad las consecuencias de vivir bajo regímenes dictatoriales y las diversas formas de violencia ejercidas durante el franquismo.
Abdeslam asegura que el nivel de reparación «dependerá en última instancia de la voluntad política española y, por ende, del equilibrio político y las fuerzas en el Estado español que actualmente muestran un apoyo claro al pueblo saharaui».