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Asociaciones de apoyo al Sáhara Occidental acusan a una empresa española de expoliar 500.000 toneladas anuales de fosfatos

Fuentes: Agencias

La empresa onubense FMC Foret importa ilegalmente alrededor de 500.000 toneladas de fosfatos cada año procedentes del Sáhara Occidental, según criticaron hoy la Western Sahara Resource Watch y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Ambas organizaciones obtuvieron estos datos mediante la constatación de la lista de embarques y las consultas realizadas en el […]

La empresa onubense FMC Foret importa ilegalmente alrededor de 500.000 toneladas de fosfatos cada año procedentes del Sáhara Occidental, según criticaron hoy la Western Sahara Resource Watch y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid.

Ambas organizaciones obtuvieron estos datos mediante la constatación de la lista de embarques y las consultas realizadas en el propio puerto de Huelva. Así, anunciaron que dos barcos, pertenecientes a la naviera Ership S.A., son los que más frecuentemente transportan los fosfatos ilegales desde el puerto de El Aaiun (Sáhara Occidental) hasta los muelles de la empresa afincada en Huelva. Se trata del ‘Sac Flix’, con 16.000 toneladas de capacidad y el ‘Sac Málaga’, con 30.000 toneladas.

Estas asociaciones de apoyo al Sáhara Occidental mantuvieron que las importaciones desde esta zona de África son «absolutamente ilegales y violan la Ley Internacional» puesto que los recursos naturales que se extraen en esta zona no son propiedad de Marruecos, «potencia ocupante del territorio», sino que se trata recursos naturales de un territorio «ilegalmente ocupado».

Western Sahara Resource Watch y la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui recordaron las declaraciones del sub-secretario general para Asuntos Legales de Naciones Unidas, Hans Corell, que en enero de 2002 hizo pública la repulsa y condena de la Asamblea General de la ONU hacia la explotación y el robo de los recursos naturales o hacia cualquier otra actividad económica que vaya en detrimento de los intereses de la población saharaui y prive a ésta de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales.

En el mismo sentido, las organizaciones explicaron que, según las palabras de Corell, «si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población saharaui, se estarían violando los principios de la ley internacional aplicable a las actividades de los recursos minerales en Territorios No Autonómos».