La crisis económica y la recuperación propalada por el Gobierno de Rajoy no se extienden de modo homogéneo, a la luz de la estadística. La Agencia Tributaria hizo públicos el cinco de septiembre los datos de la declaración del patrimonio correspondientes a 2015, de los que se desprende que 549 personas declararon por un valor […]
La crisis económica y la recuperación propalada por el Gobierno de Rajoy no se extienden de modo homogéneo, a la luz de la estadística. La Agencia Tributaria hizo públicos el cinco de septiembre los datos de la declaración del patrimonio correspondientes a 2015, de los que se desprende que 549 personas declararon por un valor patrimonial superior a 30 millones de euros (tramo de la base imponible). Es uno de los modos de cuantificar el número de grandes potentados.
Además del medio millar de megarricos situados en la cúspide, un total de 5.931 personas declararon a Hacienda en 2015 por un valor patrimonial entre los seis millones y los 30 millones de euros; y otras 50.738, por un patrimonio comprendido entre 1,5 y 6 millones de euros; según las cifras del Ministerio de Hacienda, en el tramo entre 300.000 y 1,5 millones de euros de patrimonio se situaron 127.215 declarantes. En resumen, y si se toma una horquilla amplia, 57.218 personas contribuyeron al fisco, en concepto de riqueza patrimonial, una cantidad igual o superior a 1,5 millones de euros.
Si se consideran los dos tramos superiores de la base imponible, es posible observar una tendencia sostenida al aumento de millonarios en el estado español. Hace más de una década y en plena bonanza, 2005, fueron 132 personas las que declararon por un patrimonio superior a los 30 millones de euros (549 en 2015); en el año 2007 fueron 233 personas; en el año 2011 -ya en plena recesión-, un total de 352; y 508 en el año 2014. En cuanto al tramo comprendido entre los seis y los 30 millones de euros de patrimonio, realizaron la declaración 2.525 personas en 2005 (5.931 en 2015); y a partir de ese año se mantuvo el incremento: 3.732 declarantes en 2007; 4.365 en el año 2011; y 5.833 en 2014.
No es la única estadística que subraya el esplendor de las grandes fortunas, antes o después de la crisis. En noviembre de 2016 la sociedad financiera Credit Suisse señaló en su Informe de Riqueza Mundial que la cifra de millonarios en el estado español alcanzó las 386.000 personas, 7.207 potentados más (1,8%) que en 2015. En la parte más elevada de la escala se sitúan 21 personas, con una riqueza neta superior a mil millones de dólares; sin llegar a esas sumas, 384.411 personas del estado español poseían patrimonios entre un millón y 50 millones de dólares en 2016; a partir de esta cantidad, se estrecha la pirámide: 932 españoles acumulan entre 50 y 100 millones de dólares; 499, entre 100 y 500 millones; y 35, entre 500 y mil millones de dólares.
Además las estimaciones de la entidad financiera suiza no apuntan a una reducción del selecto club; de hecho, la cifra de millonarios en España aumentará en un 41% (de 386.000 a 544.000 personas) con vistas al año 2021, según Credit Suisse. Sin embargo, España no es el único país con estas ratios doradas, ya que figura en la duodécima posición entre los países con mayor número de megarricos.
Ayer la agencia Servimedia se hizo eco de otra estadística que marca la dualidad. Entre enero y agosto de 2017 se vendieron en el estado español 1.526 vehículos de lujo, lo que supone un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), las firmas Maserati, Bentley, Ferrari, Lamborghini o Ashton Martin fueron algunas de las destacadas.
La misma tendencia hacia la estratificación de la sociedad en capas desiguales, y las prioridades en el uso del dinero público, se deduce de la reciente actualización del informe del Banco de España sobre «La crisis financiera y bancaria de España. 2008-2014». «El 75% de las ayudas públicas directas proporcionadas al sector financiero para que saliese de la crisis no es recuperable», recuerda el economista Joaquín Estefanía en un artículo publicado en el diario El País «Gran diluvio (por ahora)». Los medios informativos han señalado que hasta el momento sólo se ha recuperado el 7% de los 54.353 millones de euros de dinero público inyectado -en el sistema financiero- a través del FROB. Pero Estefanía aclara que todas estas sumas atañen a «una pequeña parte del total»; si se agregan ítems como garantías, avales, capital para el «banco malo» o los préstamos a tipo de interés mínimo del BCE, las cifras «son mucho mayores»; y difíciles de computar.
Estas cifras contrastan con la realidad del mercado laboral. El mismo día que la Agencia Tributaria publicaba los balances de la declaración del patrimonio, el Ministerio de Empleo y Seguridad daba cuenta de que en el pasado mes de agosto la afiliación media a la seguridad social había descendido en 179.485 ocupados; el comunicado de prensa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo atribuía al «patrón típico de los meses de agosto». Además, el pasado mes las cifras de parados registradas en el SEPE (antiguo INEM) aumentaron en 46.400 personas.
En otras ocasiones la precariedad canina un punto más allá y se cobra víctimas. El pasado 21 de agosto el sindicato UGT informó de la muerte de 300 trabajadores como consecuencia de un accidente laboral durante el primer semestre de 2017; la mayor parte (245) se produjeron en el desarrollo de la jornada laboral, mientras que los restantes 55 fueron «In itinere» (durante el desplazamiento al lugar de trabajo). Además de los fallecimientos, el sindicato destaca que en los seis primeros meses del año sucedieron 657.169 accidentes laborales, lo que supone un aumento del 2,7% (17.765 accidentes más) que en el primer semestre del pasado año. En cuanto a las causas del fallecimiento, la organización sindical señala que en la mayor parte de los casos se trata de infartos y derrames cerebrales (113), seguido por los accidentes de tráfico (39) y el hecho de resultar el trabajador atrapado, aplastado o sufrir una amputación (33).
«Muchos de estos accidentes podrían evitarse realizando una mayor prevención de riesgos psicosociales», advierte el sindicato. En el desglose por actividades, la mayor parte de fallecimientos (123) tuvo lugar en el sector servicios; además se constata un repunte de las muertes por accidente en el sector de la construcción: 14, lo que implica un aumento del 48%. Por otro lado, un total de 291.267 accidentes laborales implicaron la baja del trabajador (los mayores aumentos en este capítulo se registraron en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, seguido de la construcción). Ene l apartado de los accidentes con baja, se dan tres supuestos que representan el 67% de los casos: los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema músculo esquelético; los golpes contra objetos inmóviles, tropiezos o caídas; y el choque contra objetos en movimiento.
Pero las desigualdades no constituyen una abstracción macroeconómica, ni un objeto de estudio sin más: forman parte de la realidad cotidiana de la población. El siete de septiembre Save The Children alertó, en el retorno de las vacaciones estivales, que el 43% de la infancia más pobre abandona los estudios prematuramente. La ONG se hace eco de una encuesta hecha pública por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del 15 agosto, sobre el gasto escolar de las familias con infantes entre tres y 17 años. La cifra media que arroja el estudio para el curso 2017/2018 es de 1.212 euros, pero con matices. Si se trata de un centro público, el gasto familiar se sitúa en 841 euros anuales; en el caso de los privados-concertados, el coste se elevaría a 1.856 euros; y en el de los privados, a 4.086 euros.
El informe de Save The Children «Necesita mejorar» (septiembre de 2016) recoge los datos del Informe PISA (OCDE, 2013) en los que se asegura que el impacto de las condiciones socioeconómicas sobre los resultados escolares aumentaron en el estado español, en el periodo 2003-2012, un 24%. La condición de autóctono o migrante es otra de las variantes que influye en los resultados; la diferencia entre ambas categorías puede implicar una «brecha», en asignaturas como las Matemáticas, de 52 puntos. En esta asignatura, los alumnos de un estrato socioeconómico humilde obtienen 90 puntos menos que quienes provienen de un estatus elevado.
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