En Estados Unidos hay diecinueve estados donde está permitido el castigo físico a niños y niñas en las escuelas. La noticia no es de principios del siglo pasado: azotes, nalgadas, reglazos siguen siendo una práctica aplicada a “estudiantes rebeldes” en estos lugares, la mayoría en el sur del país. Hay más: en Oklahoma se presentó un proyecto de ley para eximir de estos castigos a niños y niñas con discapacidades. La Cámara de Representantes del estado acaba de rechazarlo.
Parece imposible que en pleno año 2023 se plantee que se azote a los niños para corregir sus conductas. Sin embargo, los alumnos podrían enfrentarse a un «castigo corporal» como sanción disciplinaria. En Cassville, estado de Misuri, los administradores notificaron a los padres sobre la nueva política en una reunión abierta y entregaron formularios de consentimiento para que los firmaran.
«Al final del día, esto le da a la escuela una herramienta más para disciplinar a un niño sin tener que enviarlo a casa suspendido donde solo jugarían videojuegos», dijo Dylan Burns, de 28 años, un agricultor local que favorece el opción del castigo corporal, que fue un medio ampliamente aceptado para mantener la disciplina en las escuelas estadounidenses durante el siglo XIX y principios del XX, pero la práctica había desaparecido en las últimas décadas.
El superintendente escolar de Cassville, Merlyn Johnson, ha tratado de justificar la controvertida decisión: “Las quejas que hemos escuchado de algunos de los padres es que no quieren que sus estudiantes sean suspendidos (ante una falta disciplinaria grave). Quieren otra opción”. “Entonces, esta es solo otra opción que podríamos usar antes de llegar a ese punto”, señala.
Añade que esta medida se aplica “cuando todos los demás medios alternativos de disciplina hayan fallado, y solo en forma razonable con la recomendación del director” de cada escuela.
Ese castigo corporal solo se llevará a cabo delante de un testigo certificado, y nunca en presencia de otros estudiantes, aclara.
Al parecer, todo comenzó con una encuesta enviada el año pasado, en la que los padres señalaron que la disciplina era una de sus mayores preocupaciones. “Empezamos a generar ideas sobre lo que podíamos hacer y el castigo corporal fue una de ellas”, afirma en USA Today, donde añade que entre las medidas también se contempló la creación de una ‘Academia de Éxito’ y una restricción de los teléfonos móviles y otros dispositivos con conexión a internet.
El castigo corporal está prohibido en los centros de entrenamiento militar de Estados Unidos y ya no puede utilizarse como condena para un delito. Está prohibido en los programas de educación temprana para familias de bajos ingresos, conocidos como Head Start, así como en la mayoría de los centros de detención juvenil.
Sin embargo, en muchos estados de Estados Unidos hay un lugar donde está permitido dar golpes, nalgadas o cachetadas: la escuela.
De acuerdo con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, más de 106.000 niños fueron físicamente disciplinados en escuelas públicas durante el año escolar 2013-2014, el año más reciente del que se tienen estimaciones de datos a nivel nacional.
Los estados donde actualmente se permiten los castigos físicos por parte de las directivas escolares son: Mississippi, Texas, Alabama, Arkansas, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Missouri, Louisiana, Florida, Kentucky, Indiana, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Idaho, Kansas y Wyoming.
Las investigaciones apuntan a que los estudiantes de raza negra, los varones y los alumnos con alguna discapacidad siguen recibiendo castigos físicos con mayor frecuencia que el resto de sus compañeros.
Los castigos corporales, que se definen como pegar con una palmeta, dar nalgadas u otras formas de disciplina física, son legales en las escuelas públicas de diecinueve estados, principalmente los del sur, y también están permitidos en las escuelas privadas de 48 estados. Los estudiantes normalmente reciben nalgadas administradas con palmetas de madera, que pueden medir hasta 60 centímetros de largo y varios centímetros de ancho.
Esta práctica mantiene su legalidad gracias a una decisión que la Corte Suprema tomó hace más de cuarenta años. En el caso de Ingraham contra Wright de 1977, la corte dictaminó que el castigo corporal en las escuelas públicas era constitucional, lo que implicaba que cada estado podía establecer sus propias reglas con respecto a las medidas físicas para disciplinar a los estudiantes. Ningún otro caso de castigo físico ha llegado a los tribunales supremos desde entonces.
Los proyectos de ley que proponen una prohibición absoluta del castigo corporal no han cobrado mucho impulso; sin embargo, en los últimos dos años Tennessee y Luisiana han modificado sus leyes con el fin de proteger a los niños con discapacidad, quienes son algunas de las personas más vulnerables en esos estados.
“Los distritos que todavía implementan el castigo corporal realmente lo defienden y están convencidos de que ‘funciona’ para cambiar la conducta de los alumnos” a pesar de que “no existe ninguna investigación que respalde ese argumento”, dijo Elizabeth T. Gershoff, profesora de Desarrollo Humano y Ciencia Familiar en la Universidad de Texas, campus Austin, que ha estudiado los métodos físicos de disciplina en las escuelas públicas.
*Politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)