Dejando a un lado el nuevo talante de sus promesas electorales, el presidente de EEUU, Barack Obama ha optado por seguir los pasos de su antecesor, George Bush, y recurrir a las mismas prácticas en la denominada «lucha contra el terrorismo». De este modo, Obama ha resucitado los tribunales militares de excepción para juzgar a […]
Dejando a un lado el nuevo talante de sus promesas electorales, el presidente de EEUU, Barack Obama ha optado por seguir los pasos de su antecesor, George Bush, y recurrir a las mismas prácticas en la denominada «lucha contra el terrorismo». De este modo, Obama ha resucitado los tribunales militares de excepción para juzgar a los detenidos en el campo de Guantánamo. Todo un símbolo.
El anterior presidente estadounidense, George Bush, previno a su sucesor, Barack Obama: el poder someterá a la prueba de la realidad el compromiso de romper con las prácticas prohibidos que su Administración empleó en la «lucha contra el terrorismo».
Los colaboradores de Obama aseguran que éste no ha renegado de su promesa. Pero decisiones como la de oponerse a la publicación de las fotos que muestran los malos tratos que soldados estadounidenses practicaron contra presos en Irak, Afganistán u otras zonas del mundo confirman que la herencia dejada por Bush será difícil de liquidar.
Poco antes de ceder el mando, Bush explicó que había tomado estas decisiones sin tener en cuenta el escándalo que podrían provocar. «Obama se encontrará también en la misma situación. Tendrá que hacer aquello que considere justo», predijo Bush.
Dos días después de su investidura, Obama hizo una de estas cosas que creía justas y ordenó el cierre del campo de Guantánamo, prohibiendo los métodos de interrogatorio autorizados por la Administración Bush para hacer hablar a los sopechosos de «terrorismo» y denunciados como actos de tortura.
Sin embargo, desde entonces, la Presidencia de Obama tiene que hacer frente a los fantasmas de la Presidencia de Bush.
Con la decisión de Obama de bloquear una decisión de la Justicia que ordenaba al Pentágono que publicase decenas de fotos de malos tratos, la realidad es que la nueva era de justicia y de transparencia que prometió el nuevo presidente está en cuestión.
Otra nueva polémica surge con el anuncio, realizado ayer, del restablecimiento de los tribunales militares de excepción que Bush puso en marcha para juzgar a algunos sospechosos de «terrorismo», aunque prevé mejorar las garantías legales de los presos.
Críticas a izquierda y derecha
La izquierda que se alineó con Obama, considerado como el liquidador de la «guerra mundial contra el terrorismo» de Bush, comienza a dudar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acaba de explicar que conocía el tipo de interrogatorios que hacía la CIA. Es decir, que sabía que torturaban a los detenidos.
Sus adversarios republicanos vuelven a alzar la voz y utilizan contra los demócratas los mismos argumentos que éstos emplearon para vencerles en las urnas.
Una gran organización de defensa de las libertades acusa abiertamente a la Administración Obama de adoptar las «políticas opacas» de la Administración Bush al negarse a difundir las fotos de los malos tratos.
La decepción ha sido especialmente profunda teniendo en cuenta que el Gobierno anunció previamente que publicaría las fotos. Mientras tanto, los generales manifestaron su inquietud en las más altas instancias del Estado.
Obama se ha convertido en el «comandante en jefe», explica su portavoz, Robert Gibbs. Es un título al que Bush recorría constantemente para justificar sus decisiones más polémicas.
«Obama es transparente en su posición, que es fuerte y bien conocida, pero tiene límites», dijo a la cadena PBS su consejero David Axelrod.
La publicación en abril de notas secretas que reforzaron el argumentario legal para justificar la tortura empleada durante la Presidencia de Bush ha provocado confusión y emoción.
La izquierda reprochó a Obama que se opusiera a la persecución de los mandos que habían autorizado la práctica de la tortura. La derecha le acusó de proporcionar armas a los «terroristas». El antiguo vicepresidente, Dick Cheney, ha salido a la palestra para reclamar la publicación de otras notas que muestran la eficacia de los interrorogatorios realizados con la tortura.
Irónicamente, la decisión de Obama de detener la publicación de las fotos que mostraban los malos tratos le ha servido para recoger las alabanzas de sus adversarios.
«La Administración de Bush y Cheney ha concluido, pero irónicamente gobierna desde la tumba», dijo a Efe Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar.
Dicha administración «puso en marcha una sucesión de acontecimientos que ha limitado las opciones del Ejecutivo de Obama», añadió Fidell.
Los tribunales militares de excepción vuelven a la vida
Obama anunció ayer que mantendrá los tribunales militares de excepción de Bush para juzgar a algunos sospechosos de «terrorismo» encarcelados en Guantánamo, aunque prometió que introducirá reformas en un sistema que él mismo criticó duramente antes de ser presidente.
En un comunicado, Obama anunció un cambio de las reglas de funcionamiento de los tribunales de excepción para reforzar los derechos de los sospechosos, comenzando por la prohibición de utilizar las pruebas obtenidas mediante tortura.
Estas reformas contribuirán a restablecer «el papel que los tribunales militares deben desempeñar para alcanzar la Justicia, situándose siempre bajo la autoridad de la Ley», señaló Obama
Con estas modificaciones, unidas a otras que la Administración Obama presentará en el Congreso, constituyen «el mejor modo de proteger nuestra país respetando los valores que tenemos».
Los consejeros de Obama parecen haber llegado a la conclusión de que no es posible juzgar a todos los sospechosos de «terrorismo» en tribunales civiles debido a dificultades legales a las que tendrían que enfrentarse». Concretamente, la Administración Obama va a solicitar una prórroga de la suspensión, ordenada e enero, de nueve procedimientos que actualmente se encuentran en los tribunales para poder disponer del tiempo necesario para proceder a reformar las reglas. Además de prohibir las pruebas obtenidas bajo tortura, los presos dispondrán de libertad para elegir a su abogado.