Barak Obama accedió al poder posicionando mensajes de una nueva esperanza y cambios en la política estadounidense. Casi dos años después, la sociedad norteamericana expresa cada vez mayores síntomas de decepción y desencanto. La pérdida de las mayorías en las dos cámaras, situación similar a la que vivió Bill Clinton en 1994, a la par que ver reducido el número de gobernadores demócratas, podría significar el fin de la carrera política de Obama, al cual le quedarían todavía dos años de «via crucis» en la Casa Blanca.
Desde que el 3 de junio de 2008 concluyeron las elecciones primarias del Partido Demócrata con la proclamación del legislador afroamericano Barack Obama como candidato para las presidenciales de noviembre de ese mismo año, el hasta entonces senador por Illinois, no ha dejado de estar presente en los medios de comunicación del planeta como una referencia de esperanza tras la senda de terror, guerras y muertes dejadas por George Bush durante las dos legislaturas de su mandato.
Durante el primer semestre de 2008, Obama había tenido como rival a Hillary Clinton, la cual dispuso de ocho años para prepararse de cara a esta contienda electoral. La Clinton había creado bases de apoyo financiero, redes de voluntarios, apoyo en los estados y a pesar de ello, Obama terminó las primarias con una mejor organización, recaudó más dinero, más gente trabajando por él en las calles, y realizó un trabajo de creación y organización semi perfecta en los cincuenta estados.
Posteriormente, en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008, derrotó a su rival republicano, John McCain, el cual no era mal candidato teniendo en cuenta los valores del pueblo estadounidense. McClain gozaba de ciertas ventajas: era considerado héroe de guerra, pasó cinco años preso en Vietnam, tenía reputación de hombre honesto e independiente, se había caracterizado por un trabajo democrático y no era demasiado partidario, aunque claramente posicionado con las políticas xenófobas al interior de los EEUU.
La victoria de Obama y su investidura como el 44 presidente de los EEUU el 20 de enero de 2009 significó un halo de esperanza que se proyectaba en dos sentidos al interior de los EEUU: por un lado, como la posibilidad de reunificar un país que había quedado dividido políticamente entre partidarios y no partidarios de una lógica militarista que tenía rasgos de «demencia» (guerra global permanente, Guantánamo convertido en el mayor campo de concentración del mundo occidental con permanentes violaciones de los derechos humanos, Abu Ghraib, las detenciones y vuelos secretos con secuestrados por los servicios secretos estadounidenses, las cárceles clandestinas para la detención e interrogatorio de sospechosos de pertenecer a la Yihad…), y por otro lado, como la posibilidad de cambiar estructuras básicas en una economía interna que recibía el azote de una crisis sin precedentes desde la época de la Gran Depresión en 1929.
El gobierno de dos legislaturas encabezado por George W. Bush había sido un fracaso absoluto para los EEUU como país, para los estándares de vida de la sociedad estadounidense y sus valores éticos y morales, y también para el propio Partido Republicano (McCain se cuidó y mucho de no aparecer junto a Bush durante la campaña electoral).
Con la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se encarnaba un casi imposible, para muchos era la posibilidad de cambiar tanto interna como externamente las políticas desde dentro del «corazón de la bestia».
Este artículo pretende recoger un análisis de la situación política interna estadounidense y valorar, a falta de tres meses para que Obama cumpla su segundo año de mandato, la situación real en la que se encuentran su gobierno y su imagen pública.
La popularidad del presidente Obama, caracterizada por una fluctuación con permanentes descensos abruptos combinados con austeras recuperaciones parciales, es el fruto de una situación compleja: aún persiste una estructura de la cual el mismo Barak Obama forma parte, que ha restringido notablemente la capacidad de generar rupturas en las formas de hacer política desde la Casa Blanca, lo cual hace que a pesar del discurso de «cambio» que el actual presidente estadounidense mantiene, en realidad se desarrolle en la práctica una «continuidad» sostenida con el período anterior.
El análisis de la realidad política interna actual de los EEUU, permite afirmar que la popularidad de Obama en estos momentos tiene importantes implicaciones respecto a tres temas de carácter interno y que son los que de alguna manera han definido estos 21 meses de gobierno: las consecuencias del manejo de la crisis financiera, las políticas migratorias, y la reforma del sistema de salud.
Consecuencias del manejo de la crisis financiera y el tema del desempleo
La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en EEUU en el año 2006, lo que provocó en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de forma grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, generando como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional.
Esta crisis financiera se ha manifestado fuertemente sobre de la economía estadounidense, la cual se ha evidenciado a través de varios indicadores, entre los que cabe mencionar que:
a.) El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo un 6,2% en el cuarto trimestre de 2008 (momentos en que la crisis se agudizó) con respecto al trimestre anterior; en 2009 la economía estadounidense registró una contracción del 2,4%, su peor lectura desde 1946.
b.) La producción industrial en EEUU en términos anuales resultó 10% menor a la observada en enero de 2008; la tasa de crecimiento de la producción industrial da el porcentaje de incremento anual en la producción industrial (incluye manufactura, minería y construcción), en 2007 fue del 4,2%, en 2008 fue de -1,7% y en 2009 fue de -2%.
c.) La tasa de desempleo llegó en septiembre de 2010 a alcanzar un 9,6%, lo que implica que en los últimos doce meses el número de desempleados aumentó en torno a los 5,3 millones de personas, de ellas, aproximadamente 4,4 millones de personas reciben ayuda estatal de algún tipo.
d.) Las ventas de autos y camionetas se contrajeron un 37% en el primer mes del 2009 (Chrysler vendió 55% menos con respecto a enero de 2008, mientras en General Motors la caída fue de 49% y para la Ford de 40%); de igual manera, para las empresas japonesas tampoco fue un buen mes (las ventas de Toyota, Nissan y Honda se redujeron 35%, 29% y 28%, respectivamente); con la caída de enero, las ventas de la industria acumulan 15 meses a la baja; y actualmente la tendencia ha aumentado pero sigue demorando su recuperación;
e.) El mercado de la vivienda aún no ha recuperado su fuerza original, la actividad crediticia aún no ha aumentado y la disponibilidad de crédito sigue siendo escasa.
– La gestión de la crisis por parte del gobierno de Obama:
Sectores cada vez mayores de la población estadounidense cuestionan la polarización existente entre los beneficiarios directos de las políticas económicas emanadas de la Casa Blanca y los afectados por la crisis económica desde la recesión de 2008. Según las diversas encuestas que se realizan en los Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses piensa que estas políticas han ayudado a grandes bancos, grandes corporaciones y a los ciudadanos más ricos, al tiempo que se proporciona poca o ninguna ayuda a los pobres, las clases media o pequeñas empresas.
En este sentido una de las condiciones que determinan en gran medida la caída de popularidad del presidente Obama son los elevados índices de desempleo.
Después de cuatro trimestres consecutivos de contracción, la economía de EEUU retornó al crecimiento a mediados de 2009, pero a pesar de ello, más de un año después persisten las altas tasas de desempleo. Según el gobierno, aunque la reactivación sigue se ha aminorado el ritmo de crecimiento, de una tasa del 3,7% entre enero y marzo a una del 1,6% entre abril y junio. Desde el comienzo de esta crisis, considerada la peor recesión en siete décadas, EEUU ha tenido una pérdida neta de 8,4 millones de empleos, y los analistas economicos calculan que la economía debería crear por lo menos 150.000 empleos mensuales para absorber el crecimiento natural de la fuerza laboral, cosa que está muy lejos de suceder en estos momentos.
Al respecto el presidente Obama dijo: «Hay una gran preocupación por los ocho millones de empleos que se perdieron en el transcurso de estos últimos dos años, y tenemos que fomentar continuamente el ritmo del crecimiento económico para que las personas puedan volver a trabajar. En definitiva, para la mayoría de los estadounidenses, ésa es la medida para saber cómo está la economía«.
La sociedad estadounidense percibe según estudios sociales desarrollados que la administración Obama ha beneficiado a través de sus políticas económicas, en primera instancia a las grandes bancos e instituciones financieras, en segunda instancia a las corporaciones comerciales de diversa índole; y en último lugar, se reconoce que las acciones de política económica han sido beneficiosas para los pequeños negocios, para la clase media y para la gente más pobre.
Ante estas percepciones y conscientes de sus impactos negativos en el potencial electorado que constituye la clase media, el equipo económico de Obama ha planteado un reajuste de la reforma financiera teniendo en cuenta varios factores encaminados a potenciar la dinámica económica doméstica. En esa línea, el presidente Obama anunció recientemente recortes impositivos a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, en el marco de un plan para promover el crecimiento económico que se está diseñando. Tras reconocer que la economía estadounidense tiene ralentizado su ritmo de recuperación, Obama señaló que estas bonificaciones podrían extenderse a la inversión, a la reconstrucción de infraestructuras y al desarrollo de proyectos de energía renovable.
Obama ha asegurado que gran parte de las medidas irán destinadas a las pequeñas y medianas empresas, puesto que ha sido en este sector donde se ha producido el 60% de las pérdidas de empleo desde el inicio de la crisis. El plan busca generar facilidades para que los pequeños negocios contraten empleados mediante el recorte de ciertos impuestos y entrega de más créditos.
– El manejo financiero y las elecciones de noviembre:
Obama recibió las calificaciones más bajas por su manejo de la economía en una nueva encuesta realizada el pasado mes de agosto por la Associated Press-GfK. Según la encuesta, la gran mayoría de los estadounidenses considera malas las perspectivas económicas de EEUU.
Los electores descargarán su frustración contra el Partido Demócrata en las elecciones legislativas de noviembre. Cuando falta menos de una semana para los comicios del 2 de noviembre, el 54% de las personas entrevistadas desaprobó el desempeño del presidente en materia economía, y el 61% dijo que la economía ha empeorado.
Sin embargo, tres cuartas partes de los encuestados consideran ilusorio esperar una mejoría económica notable en los primeros 18 meses del mandato del presidente. El nivel de aprobación general sobre Obama permaneció sin cambio, en 49%. Estas encuestas, ponen nerviosos a los demócratas que intentan conservar sus mayorías cómodas en la Cámara de Representantes y en el Senado. «La verdad es que va a tomar algunos años para que salgamos totalmente de esta recesión. Va a tomar tiempo recuperar ocho millones de empleos«, admitió el presidente Obama recientemente mientras hacía campaña por los candidatos demócratas en Seattle. «Quien les diga otra cosa sólo está buscando su voto«.
Políticas Migratorias
Asistimos en la actualidad a importantes desencuentros públicos entre demócratas y republicanos con respecto a las políticas migratorias a implantar en los EEUU. Sin embargo, analizadas con seriedad, las posiciones sobre el tema migratorio entre republicanos y demócratas, estas no se muestran tan distantes. Hasta ahora, la administración Obama no ha mostrado ninguna diferencia con respecto a las políticas migratorias de las administraciones anteriores.
Entre los objetivos de la estrategia de seguridad nacional se contempla el de consolidar la reforma integral de la inmigración, lo que viene a indicar que las políticas migratorias siguen en el contexto de la «securización» diseñada en administraciones anteriores y agudizada en la gestión de George W. Bush.
El punto crítico de este proceso de reforma legislativa se encuentra en la imposibilidad de conciliar un régimen que concibe la seguridad nacional como un tema integral de prevención mediante acciones penitenciarias y persecutorias severas, frente a un gobierno que sin tomar partido en el tema con solvencia, admite al mismo tiempo que la reforma migratoria es un riesgo pero también una alternativa de futuro. La explicación de esta ambigüedad política vuelve a situar el tablero de juego en el ámbito electoral (que te da y que te puede quitar votos), lo que va conformando una lógica que hasta ahora tiene mucho que ver con el perfil que está caracterizando a la administración Obama.
– El efecto administrativo de la Ley Arizona SB 1070:
El estado de Arizona aprobó una ley que criminaliza a quienes se encuentren en este territorio en condición de indocumentados. La gobernadora de Arizona, Jean Brewer, firmó y por tanto promulgó esta ley que ya entró en vigencia. El nuevo ordenamiento legal SB 1070, cuya denominación formal es «Apoya a nuestras fuerzas del orden público y los vecindarios seguros» tiene varios efectos internos que deben tomarse en cuenta.
Cuando los demócratas y Obama hablan de inconstitucionalidad de la ley SB 1070, de lo que están hablando no es de la violación de los derechos de las personas migrantes. El asunto de la inconstitucionalidad radica en la violación de la precedencia de las leyes federales sobre las estatatales, dado que se legisla sobre materia que concierne al Congreso Federal y se obstaculiza, a través de esta ley, la actividad de varias instituciones federales, especialmente: la Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna. Por otra parte, ni el estado de Arizona, ni ningún otro, tiene la potestad de regular la actividad del Servicio de Guardacostas y el Departamento de Emigración de los EEUU, a cargo de tales asuntos. Por todo esto, el contenido de la ley migratoria no es el problema de fondo, lo que se discute es realmente quién adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y aplicación de la ley.
Desde esta perspectiva, se presenta una crisis estructural del Estado inédita en el país más poderoso del mundo moderno. Desde la Casa Blanca preocupa más el riesgo que este desfase administrativo supone entre las políticas estatales y las federales, así como la extensión que esto tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias sociopolíticas en la estructura del Estado federal, situación mucho más preocupante para ellos que los aspectos graves aspectos nocivos para los y las inmigrantes. Lo que está en cuestión es la arquitectura institucional de los EEUU, nada más.
Una de las consecuencias inmediatas de la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona es que otros estados han replicado el procedimiento. Legisladores mayoritariamente republicanos en otros 10 estados -Utah, Oklahoma, Colorado, Ohio, Missouri, Georgia, South Carolina, Mississippi, Texas y Maryland- han marcado un camino común para crear leyes similares a la ley SB 1070. Estas nuevas disposiciones legales dan autorización para detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los policías sospechen que podrían ser migrantes sin documentos. Siendo los indicadores de sospecha el color de la piel, las vestimentas o la lengua hablada por los sospechosos.
La ley de Arizona ha dejado ya sentir sus efectos sobre varias cuestiones. Tendrá efecto sobre las condiciones laborales de los inmigrantes, las cuales serán condicionadas, aún más, por los empleadores. La importancia económica que reviste para EEUU la mano de obra migrante es objetivamente visible. El sueldo que reciben estos trabajadores es visiblemente menor al que obtienen los trabajadores estadounidenses, y resultan relegadas sus demandas laborales, siendo mermada claramente su capacidad de reclamo. La ley generará condiciones para que se vulneren aún más los derechos de los y las trabajadoras inmigrantes, los cuales se verán obligados a malbaratar su trabajo a fin de obtener un empleo y no ser denunciados ante la fuerza pública; de hecho ya se está empleando una suerte de compra de condiciones a cambio de trabajo.
Por otra parte, el costo social de la persecución y criminalización de los inmigrantes tiene su rostro en materia educativa, sanitaria y de desajuste social debido a la movilización que se está dando desde Arizona hacia otros estados de EEUU. Como consecuencia de esta realidad, otros estados están poniendo en marcha iniciativas que establecen leyes similares a la de Arizona con el fin de detener ese flujo. De generarse un flujo aúin mayor de migración desde Arizona hacia otros estados, estaremos presenciando una especie de «efecto colador» dentro de EEUU; donde por un lado los migrantes deberán repensar no solamente sus nuevas rutas de ingreso al país, sino encontrar nuevos destinos a partir de este estado fronterizo.
Las políticas punitivas frente a fenómenos sociales propios de una estructura socioeconómica mundial desigual no implican para nada una solución efectiva del problema de movilidad humana.
El costo fiscal que tendrán que asumir los departamentos de policías y alguaciles para llevar a cabo actividades que hoy en día no les competen, como son detener, procesar y deportar a inmigrantes indocumentados, no solamente será muy alto, sino que por obvias razones serán recursos que se tomarán de otras partidas presupuestarias, lo que impactará en la calidad de los servicios públicos en Arizona y demás estados que están poniendo en marcha estas medidas coercitivas de forma unilateral.
Adicionalmente el tema migratorio tendrá una afectación directa al turismo a nivel local, de hecho ya se promueven diversos mensajes que perjudicarán directamente el nombre de Arizona como destino turístico, afectando severamente a su economía. La Asociación de Turismo de Arizona dio a conocer recientemente que el sector comenzó a experimentar pérdidas inmediatas a consecuencia de la ley SB 1070, y afirman que esta ley está «pasando de un asunto de migración a uno de turismo«.
Tomando en cuenta estos costos tan altos que tendrá la ley anti-migrante ¿cómo podemos explicar su promulgación? Resulta evidente que los motivos de la promulgación de la ley SB 1070 son eminentemente político-electorales. Arizona hoy es un estado republicano, pero que tenía pocas posibilidades de mantenerse así tras el próximo proceso electoral; ello llevó a los republicana a desarrollar esta estrategia descabellada con el fin de recuperar a los grupos más radicales a través de leyes como esta.
– ¿Qué hay en el trasfondo político del asunto migratorio?
El tema de la política migratoria en los EEUU esta transversalizado definitivamente por la cuestión electoral, contraponiéndose el planteamiento republicano clásico frente a una oferta demócrata ambigua.
Para entender esta cuestión, es relevante analizar las actuaciones de Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security), además de las declaraciones y actuaciones del presidente Obama.
Napolitano ha criticado varias veces la ley anti-inmigrante de Arizona, por considerar que desviará recursos federales del combate a crímenes serios como el pandillerismo hacia tareas migratorias. Sin embargo no ha dejado de hablar de la reforma migratoria integral, sosteniendo que la legalización de indocumentados no significa una amnistía migratoria, sino que implica una serie de sanciones que tendrán que cumplir los inmigrantes. En este sentido, las políticas migratorias que apoya Napolitano no son diferentes, en el fondo, a las que se definen desde las filas republicanas.
Napolitano apoyó la prohibición en Arizona de matrimonios homosexuales, se opuso a las restricciones sobre la propiedad de armas y apoyó la pena de muerte. El Partido Republicano recibió gratamente su nominación a Secretaria de Seguridad Interna cuando el presidente Obama posicionó su nombre. Napolitano fue quien desplegó la Guardia Nacional de Arizona a lo largo de la frontera con México, ganándose los elogios de los fanáticos en contra de la inmigración. De hecho, Napolitano estableció su fama política en Arizona cuando se opuso a la inmigración y firmó como ley la legislación reaccionaria que facilita el enjuiciamiento de inmigrantes irregulares como delincuentes culpables de delitos mayores.
Como consecuencia de esta coyuntura personal y del lobby político directo de la funcionaria Napolitano sobre el presidente Obama, éste firmó una ley que militariza aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Esto incluye el despliegue de aviones drone sin piloto como los utilizados en Afganistán y Pakistán, para llevar a cabo la vigilancia de los migrantes que cruzan la frontera.
Obama, como explicación a la firma de la ley de militarización frente a las anteriores críticas a la ley SB 1070 dijo: «He sido muy claro. Creo que la ley de Arizona fue un error. Y mi Departamento de Justicia está analizando muy detalladamente la naturaleza de dicha ley. Pero comprendo las frustraciones de esa gente de Arizona. El hecho es que durante décadas pasamos hablando sobre la solución de problemas en la frontera y no los solucionamos. La verdad es que tenemos centenares de miles de trabajadores indocumentados que vienen del otro lado de la frontera y eso tensiona a la gente«.
El presidente Obama ha demostrado un permanente ostracismo frente a la ejecución de una ley integral que flexibilice las acciones contra los inmigrantes y que plantee una reforma que garantice derechos laborales y derechos de legalización a los indocumentados. Su silencio respecto a cualquier vía de regularización no hace sino poner de relieve que la legislación de la frontera forma parte de un giro a la derecha del gobierno, en el periodo previo a las elecciones de noviembre de 2010. El Partido Demócrata se prepara para competir con los republicanos en convertir a los emigrantes en chivos expiatorios vanagloriándose de su récord de persecución policial e incremento de las deportaciones.
En ese mismo contexto la secretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano, compareció recientemente en la Casa Blanca para elogiar la nueva legislación sobre la frontera por proporcionar «recursos permanentes» para hacer cumplir la ley y calificó esta campaña de «cuestión de seguridad nacional«. Mientras que Napolitano hacía una breve referencia a la «reforma de la inmigración» no indicaba un calendario para la promulgación de dicha legislación y afirmaba que la cuestión estaba «en manos del Congreso«.
En otras palabras, habiendo incumplido su promesa electoral de presionar por una reforma legal en materia de migración durante su primer año de gobierno, la Casa Blanca de Obama está dejando claro que no hará nada para llevar adelante la normalización del estatuto de los indocumentados. En lugar de ello, cada vez se aproxima más a las posiciones de la derecha republicana en materia migratoria, la cual desarrolla notables campañas de opinión pública en las cuales responsabiliza a los inmigrantes del aumento de la criminalidad, de la desaparición de empleos y de las amenazas a la seguridad nacional.
Los miedos de Obama en aplicar sus compromisos electorales en esta materia son la consecuencia, sin duda, de que según las encuestas desarrolladas por los medios de comunicación estadounidenses, en términos generales la sociedad estadounidense es favorable a las lógicas implementadas en la nueva ley de Arizona. El 73% de los encuestados dice que se debe exigir a las personas portar documentos para verificar su situación legal. De igual manera, 67% aprueba que se permita a la policía que detengan a cualquier persona que no pueda demostrar su situación jurídica, mientras que el 62% aprueba el permitir que la policía indague a las personas que piensan que pueden ser indocumentadas.
La Reforma de Salud. ¿Éxito o fracaso político?
Ya en los noventa el ex presidente Bill Clinton intentó llevar adelante una reforma del régimen de salud, con la implementación de la cobertura sanitaria universal. Se trataba de una reforma de las mismas características que ahora propuso Obama y que generó la resistencia de grupos económicos y del Partido Republicano, que siempre han obstaculizado cualquier intento de intervención del Estado en esta materia.
Obama se jugó su mayor carta política con la reforma sanitaria frente a un descenso significativo de su popularidad, aún hoy transcurridos ya algunos meses de la aprobación de esta ley, el tema sigue siendo de gran importancia en la agenda electoral para las próximas elecciones de noviembre de 2010.
Aunque el proyecto inicial del presidente Obama pretendía crear un sistema de salud público que competiría con el privado, la polarización que generó la reforma entre la propia población estadounidense, sumado a la presión de las compañías aseguradoras que veían como podrían ser perjudicados sus negocios y las movilizaciones que llevaron adelante movimientos ultraconservadores como Tea Party, lograron que se adoptaran importantes cambios en la ley que han sido interpretados de muy diferentes maneras por los analistas políticos y los expertos en la materia. El sistema se mantuvo finalmente en manos de empresas privadas, aunque con mayor injerencia y control del Estado.
La reforma sanitaria impulsada por Obama incluye las siguientes líneas de acción:
– Nuevas y más estrictas reglas para las aseguradoras: La propuesta prohíbe a las empresas de seguros negar cobertura a personas con enfermedades, dejar fuera a personas cuando enferman o limitar la cobertura de por vida, al igual que restringe la aplicación de límites anuales.
– No habrá «opción pública»: Tras una disputa política que duró todo un año, los aliados demócratas de Obama optaron por no incluir un programa apoyado por el gobierno que competiría con las aseguradoras privadas, que los analistas y sus defensores de la propuesta inicial de Obama pensaban que era la mejor manera de reducir los costos.
– Nuevos mercados de seguros: En lugar de la «opción pública» la propuesta crea nuevos mercados estatales donde los ciudadanos estadounidenses sin cobertura de salud pagada por el empleador pueden adquirir una.
– Requerimientos, subsidios: Por primera vez en la historia de EEUU la mayoría de sus ciudadanos deberán comprar un seguro de salud o enfrentar multas, y las empresas más grandes están expuestas a sanciones si no ofrecen cobertura.
– Beneficios en medicamentos para los ancianos: El proyecto ofrece una devolución para los ancianos que quedan fuera del pago de medicamentos previsto en el programa Medicare.
Según datos de los medios de comunicación estadounidenses, el 58% de la población cree que la reforma de salud les favorece mientras que un 36% piensa lo contrario. De manera paradójica, estas encuestas reflejan a su vez que el 51% de la población cree que la ley será perjudicial para el Estado, mientras que un 38% cree que la ley es favorable para el país.
Un dato importante es que la clase política se opone al impulso de la ley; lo que permite visualizar que gran parte del establishment político «gringo» está ligado al manejo de corporaciones que administran sistemas de salud privados. Adicionalmente se debe tener en cuenta que una porción significativa del bloque parlamentario demócrata responde a tendencias sumamente conservadoras, y además han quedado hipotecados por el financiamiento de privados en sus campañas electorales; el tema de la «opción pública» fue condicionado directamente por un sector muy importante de los demócratas, lo que impidió que se aprobase esta condición.
– Estado de los escaños de cara a las elecciones de noviembre:
El Senado actual está compuesto por 59 demócratas y 41 republicanos. De esos, 44 escaños parecen estar asegurados para los demócratas y 35 lo estarían de igual manera para los republicanos. De los 21 que se estiman en disputa, hay 4 en los que el electorado se inclina a favor de los candidatos del Partido Demócrata y 9 en los que se inclina hacia los candidatos del Partido Republicano. Esta situación definiría que habría 48 senadores demócratas y 44 senadores republicanos. Los 8 restantes aparecen con empate técnico en las encuestas de sus respectivos estados. Si los demócratas pierden 7 de ellos, los republicanos quedarían con una mayoría de 51-49.
Por otro lado, el Congreso está conformado en la actualidad por 255 demócratas, 178 republicanos y 2 vacantes. En las elecciones de noviembre los demócratas tendrían 144 representantes asegurados y los republicanos 163. Ahora bien, el electorado se inclina hacia los demócratas en el caso de 51 representantes adicionales y hacia los republicanos en el caso de otros 43 representantes, con lo que quedarían 194 demócratas y 206 republicanos. Los 35 restantes se encuentran empatados en las encuestas. Si los demócratas pierden 12 o más escaños de esos 35, los republicanos se quedarían con la mayoría en el Congreso.
En el caso de las gobernaciones, actualmente hay 26 gobernadores demócratas y 24 republicanos. Siguiendo con el análisis de encuestas desarrollado anteriormente, 8 parecerían seguros en manos de los demócratas, mientras que 15 lo estarían para los republicanos. Hay 7 gobernaciones en las que el electorado se inclina hacia los demócratas y 11 que se inclinan hacia los republicanos, con lo que quedarían 15 gobernaciones demócratas y 26 republicanas. Las 9 gobernaciones restantes están con empate técnico según las encuestas.
A menos de una semana de las elecciones del 2 de noviembre, el panorama luce oscuro para el Partido Demócrata.
El desencanto de los ciudadanos estadounidenses
El desencanto con el gobierno y los políticos ha crecido a niveles sin precedente en los EEUU; crecen la incertidumbre y el pesimismo, así como la desconfianza hacia la Casa Blanca. El fruto de esta frustración social lo recogen sectores conservadores de perfil antisistémico.
El sentimiento antigubernamental se ha incrementado entre la sociedad, según encuestas realizadas en el mes de abril, sólo el 22% dice confiar plenamente en el gobierno (sondeos del Pew Research Center).
Una vez más, y siguiendo datos de la prensa estadounidense, se han duplicado numéricamente los segmentos de la sociedad que dicen estar muy enojados con el gobierno federal: de 10 por ciento en 2000 a 21 por ciento hoy. El 30 por ciento de los estadounidenses dicen sentir que el gobierno es una amenaza para su libertad personal.
Esta situación ha dado pie a la construcción del llamado movimiento Tea Party, expresión ultraconservadora que surgió hace algo más de un año en protesta por el proyecto de estímulo económico y que creció en visibilidad en la campaña contra la reforma de salud impulsada por el gobierno de Barack Obama. Está considerado como el sector más activo del conservadurismo estadounidense, y tiene como finalidad no sólo obstaculizar las propuestas de Obama, sino también de atacar a políticos republicanos considerados no suficientemente conservadores.
Encuestas recientes del New York Times/CBS News, revelaron que 18 por ciento de los estadounidenses se identifica como simpatizantes del Tea Party; este movimiento político podría arrebatar a los demócratas los estados de Illinois, Carolina del Norte y Virginia Occidental en las próximas elecciones.
Para analistas como Noam Chomsky, la situación «es muy similar a la Alemania Weimar, los paralelismos son notables (…) de igual manera existe un desilusión tremenda con el sistema parlamentario…». Según Chomsky, «Estados Unidos tiene mucha suerte de que no ha surgido una figura honesta y carismática, ya que si eso sucediera, este país estaría en verdaderos apuros por la frustración, desilusión y la ira justificada y la ausencia de una respuesta coherente«.
Fuente: http://www.vamosacambiarelmundo.org/2010/10/barak-obama-contra-las-cuerdas-ante-los.html
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