Radio Nacional de España, miércoles, 7 de octubre de 2009, noticias de la mañana de una emisora no siempre suficientemente alejada de los senderos y ecos de la radiodifusión nacional-católica. Después de una breve referencia a las declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ese supuesto técnico que insiste en soluciones supuestamente técnicas para salir de […]
Radio Nacional de España, miércoles, 7 de octubre de 2009, noticias de la mañana de una emisora no siempre suficientemente alejada de los senderos y ecos de la radiodifusión nacional-católica.
Después de una breve referencia a las declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ese supuesto técnico que insiste en soluciones supuestamente técnicas para salir de la crisis que pivotan siempre, y esencialmente, en torno a la disminución de los derechos laborales de las clases trabajadoras españolas, incluyendo el abaratamiento del despido, los cambios en las formas de contratación y en la negociación colectiva, todo ello, en clara sintonía con los deseos y finalidades de la ultraderechizada patronal española; después, en una segunda referencia, al caso Gürtel, ese abisal desfiladero urbi et orbe de inmundicias, choriceos y corrupciones del llamado principal partido de la oposición1, después de ello, decía, el presentador del programa informativo se refería a Berlusconi y a las argumentaciones de su abogado defensor: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, había recordado el abogado italiano, pero no en la misma medida. El señor Berlusconi, señalaba su defensor, es primer ministro. Recordemos el caso brevemente.
Se está discutiendo estos días en Italia la ley conocida como lodo Alfano. Fue aprobada con urgencia en 2008 por la derecha italiana con el objetivo básico de evitar el procesamiento de Berlusconi. Se ha recurrido la ley, lo ha hecho el fiscal de Milán, por considerarla inconstitucional. Los quince jueces del Tribunal Constitucional, el tribunal que debe determinar su corrección jurídica, escucharon el 6 de octubre los, digamos, argumentos de los abogados defensores del primer ministro italiano. Sus nombres: Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella y Piero Longo.
Ghedini, el abogado estrella de esta farsa, sostiene que la nueva ley es distinta de la ley Schifani de 2004. Esta otorgaba a las cinco principales personalidades del Estado italiano una suspensión general, automática y de duración indeterminada ante cualquier juicio. Increíble pero cierto. La nueva ley, sostiene Ghedini, protege a cuatro altos cargos, no a cinco, y sólo (¡sólo!) mientras dure su mandato, no de forma indefinida.
Ghedini añadió otro argumento a su defensa de la nueva ley: la ley, desde luego, Ilustración obliga, es igual para todos, pero no es igual su aplicación. Además, concluyó finalmente, la ley no es una ley de inmunidad2.
Qué puede significar la igualdad ante la ley y su desigual aplicación es un enigma jurídico insondable, que muestra, por si fuera necesario, el grado de sofistería, filisteísmo y servilismo que han alcanzado sectores profesionales del Derecho italiano (y de otros países desde luego). Pero no es éste el punto, no se trata ahora de recordar los conocidos desmanes berlusconianos, el blindaje de hierro con el que suele rodearse, el permanente ataque al Estado de Derecho al que nos tiene acostumbrados.
El punto esencial, el rovell de l’ou de la información es que el presentador de Radio Nacional que criticaba ostensiblemente ese pseudoargumento de igualdad ante la ley pero no en su aplicación, el periodista que denunciaba la inmunidad de la que goza el primer ministro italiano, fuera incapaz de hacer referencia, en un contexto así, tan suyo, a lo que sigue sucediendo en nuestro país por decisión constitucional, como si en España una situación como la italiana fuera impensable.
Y no lo es. Aquí la situación es, si cabe, mucho peor. El jefe del Estado goza en España de inmunidad, está de hecho fuera de las leyes, no puede ser penalizado. Obra según su antojo y según sus deseos, sean cuales sean sus actuaciones. De hecho, hay que andarse con mucho ojos en las críticas que se vierten contra la institución que representa y contra la forma en que la representa. ¿Alguien puede creer plácidamente y sin convulsiones que muchos de sus amigos y consejeros hayan sido acusados de mil vilezas y corruptelas, y condenados firmemente en numerosos casos, y que todo ello no roce al máximo representante de la Casa Real ni en la yema de sus dedos ni el dedo meñique de su pie izquierdo?
¿Que la Italia berlusconiana es un escándalo? Sin duda. ¿Pero no lo es acaso también la España juancarlista? ¿Un presentador de la radio pública no debe señalar igualdades comparativas tan básicas cuando informa de una situación como la apuntada? ¿O se trata nuevamente de ver la pajilla en el ojo ajeno y olvidar el inmenso pajar que nos rodea, como si esa falta de visión fuera un simple e inconsciente corolario de un postulado que afirmara que «España siempre va bien», que España es el mejor de los países concebibles?
Notas:
1 Situación que, sin duda, no debería sorprendernos. Baste recordar las declaraciones públicas del ex alcalde de Benidorm, ex president de la Generalitat valenciana, responsable parlamentario del PP en la anterior legislatura y actual alto cargo de Telefónica, el señor Zaplana: yo estoy en política, dijo este insigne servidor público, para forrarme y para ligar sin descanso (esto último lo expresó con más crudeza; evito sus modos).
2 El abogado del Estado que también pudo intervenir ante el alto Tribunal, cosa que no pudo hacer Alessandro Pace, el fiscal milanés, sumó otro argumento que merece figurar en el historia universal de la infamia: la suspensión de los juicios contra el primer ministro es un daño pero un daño menor., preferible, señaló, «a tener un primer ministro más pendiente de los juicios que de gobernar». Por si se ha olvidado, lo recuerdo: se trata de un argumento esgrimido por el abogado del Estado.
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