El líder del Polisario considera que estas acusaciones responden a motivaciones espurias de carácter político
El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive la causa en la que investiga dos querellas contra él por genocidio, detención ilegal y torturas al considerar que estas acusaciones responden a motivaciones espurias de carácter político.
Así lo expone su defensa en su escrito al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, y en el que destaca que, como ya dictaminó en 2015 este mismo juzgado, «el único genocidio» es el cometido contra «el pueblo saharaui».
Según el abogado que representa a Gali, Manuel Ollé, la intención con estas querellas es «atacar ferozmente» a su cliente, «al ser una figura histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años».
Tras más de un mes ingresado en un hospital de Logroño por covid, lo que derivó en una crisis diplomática con Marruecos, Gali regresó a Argelia tras comparecer el pasado día 1 ante Pedraz, que tras tomarle declaración rechazó imponerle las medidas cautelares que pidieron los querellantes -entre ellas la prisión o la retirada del pasaporte-, al no apreciar «riesgo de fuga alguno» ni «elementos siquiera indiciarios» para creerle «responsable de delito alguno».
Ahora su abogado, al pedir el sobreseimiento de esta causa, incide en la falta de indicios contra Gali -«los hechos denunciados son inexistentes», dice tajante- a la vez que trata de desmontar por incongruente la acusación de genocidio.
Respecto a la falta de indicios destaca que tanto la «inocua versión de los propios querellantes» como las pruebas practicadas, «a instancias, de la propia acusación particular», terminan «por fulminar su interesada y espuria versión incriminatoria».
Por eso insiste en que «las acusaciones están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la justicia».
Pertenencia al grupo de las víctimas
Sobre la inconsistencia de atribuirle un delito de genocidio, el escrito señala que, de acuerdo con la versión de los querellantes, el propio Gali «tendría la consideración de saharaui pro español; y, por tanto, pertenecería al grupo de las víctimas y no de los victimarios».
Y es que, según explica, «el único genocidio cometido es de las autoridades civiles y militares contra el pueblo saharaui, como reconoce el auto de este Juzgado Central de Instrucción número 5, de la Audiencia Nacional, de 9 de abril de 2015″.
«Esta resolución -prosigue- calificó los hechos como genocidio porque las acciones cometidas por militares o policías marroquíes se dirigieron unívocamente contra los saharauis, personas originarias del Sahara Occidental que fueron sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes períodos de tiempo».
En esta resolución, añade el escrito, se llegó a la conclusión de que «existió en esa política planificada alauita una finalidad de destrucción del pueblo saharaui».
Oposición frontal del régimen marroquí
«Se pretende por los querellantes utilizar a los tribunales de justicia para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el FP (Frente Polisario) y la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)» y por ello pide también la condena en costas a las acusaciones particulares y populares.
La citación de Gali ante el juez, coincidiendo con su estancia en el hospital de Logroño, se produjo en virtud de la querella que interpuso el activista español de origen saharaui Fadel Mihdi Breica por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos supuestamente en 2019 en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia).
A esto se unió, que el juez aceptó reabrir otra investigación contra él por presunto genocidio, que fue impulsada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) a través de una querella en 2008.
Finalmente, en el auto en el que quedó en libertad sin medidas cautelares -solo está obligado a estar localizable, como pidió la Fiscalía-, Pedraz ya dejó claro que ninguna acusación ha suministrado «elementos siquiera indiciarios» que avalen «la existencia de motivos bastantes» para considerar a Gali «responsable de delito alguno».