El Sáhara Occidental fue colonizado por el Reino de España a finales del siglo XIX, llegando a ser una provincia española como lo son Cuenca, Madrid, Lugo o Las Palmas.
En 1963 fue inscrito por la ONU en la Lista preliminar de los Territorios a los que se aplica la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General como territorio no autónomo administrado por el Reino de España.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 34/37, al amparo de la 1514, sobre el Sáhara Occidental, en la que reafirmó que, como Territorio No Autónomo (TNA), el pueblo saharaui tiene el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Además, posee, de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, un estatus separado y distinto, que significa, entre otras cosas, que se requiere, como requisito de validez, que cualquier acto, pacto o acuerdo de terceros que le afecte cuente con el consentimiento del pueblo saharaui. El Pueblo saharaui ha constituido la República Árabe Saharaui y Democrática (RASD), a cuyo frente está el Frente Polisario, reconocido por la ONU como su representante legítimo.
El 20 de agosto de 1974, el Reino de España informó a la ONU de que se proponía organizar un referéndum en el Sáhara Occidental.
Al hilo de esa decisión, la Asamblea General de la ONU decidió recabar de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre los vínculos jurídicos que existían entre el Sáhara y el Reino de Marruecos.
La CIJ consideró que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos y que, en consecuencia, no había ningún impedimento para aplicar la Resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.
El 26 de febrero de 1976, el Reino de España informó al secretario general de la ONU de que, a partir de esa fecha, ponía término a su presencia en el Sáhara Occidental y se consideraba desligado de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio.
Desde entonces el Sáhara está en proceso de descolonización, proceso que dura ya más de 44 años por la negativa de Marruecos a aceptarlo, y donde está desplegada una misión de Naciones Unidas (MINURSO) que debe asegurar que se culmine con la celebración de un referéndum de autodeterminación, pues en eso precisamente consiste la autodeterminación, en decidir el estatus político que se quiera, siendo necesariamente una de las opciones la independencia; sin ello no hay verdadera autodeterminación.
España sigue siendo la potencia administradora de iure, pues como tal figura en el expediente de dicho TNA.
Para la ONU no es Marruecos potencia administradora de iure pues no figura como tal en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y no cumple el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas que le obliga a dar regularmente información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas del territorio.
Marruecos es la potencia ocupante de facto, motivo por el que el Pueblo saharaui sigue en guerra, porque siente como una verdadera ocupación la presencia de Marruecos en su territorio, que viola sistemáticamente los derechos humanos de muchos de sus habitantes y expolia sus recursos naturales.
España, en lugar de celebrar el referéndum de autodeterminación que como potencia administradora había anunciado en 1974, traicionó al Pueblo saharaui al firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, cediendo la administración del territorio -que no la soberanía, que no tenia- a Marruecos y Mauritania. Ocurrió tras el chantaje que supuso la Marcha Verde, que organizó Hasan II para forzar a España la entrega de su colonia.
Ahora, 45 años después, el Gobierno de España vuelve a traicionar al pueblo saharaui al renegar de las resoluciones que reconocen el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia del Pueblo saharaui y aceptar el plan de autonomía de Marruecos.
Pero es más, la ambición de Marruecos y la timorata complicidad del Gobierno español, pretende apropiarse ilegalmente de las aguas territoriales del Sáhara Occidental, sin la participación del pueblo saharaui.
España y Marruecos, ya veremos si también con la complicidad del Gobierno canario, pretenden delimitar los espacios marítimos en torno al archipiélago. El Sáhara no es parte de Marruecos. Marruecos, como Estado soberano, sólo puede ampliar su plataforma en una pequeña zona al suroeste del Estrecho de Gibraltar, a compartir con Portugal.
Sin embargo, Marruecos, con arreglo a numerosas resoluciones de la Asamblea General (entre otras, resoluciones 35/118, de 11 de diciembre de 1980; 52/78, de 10 de diciembre de 1997; 54/91, de 6 de diciembre de 1999; 55/147, de 8 de diciembre de 2000; y 56/74, de 10 de diciembre de 2001) no puede negociar tal extremo sin el consentimiento del Frente Polisario. Dicho de otra manera, es contrario al Derecho Internacional, que Marruecos y España delimiten los espacios marítimos del Sáhara al sur de Canarias por la sencilla razón de que el Sáhara tiene un estatus internacional propio y diferenciado que no forma parte de ningún Estado, requiriendo cualquier acuerdo que le afecte la participación del Frente Polisario, so pena de nulidad.
En definitiva, España traicionó al pueblo saharaui al no celebrar el referéndum de autodeterminación al que se comprometió en 197 y ceder el territorio a Marruecos, que no ha asumido su papel de potencia administradora de iure al no cumplir con los derechos que como tal le impone el art. 73 de la Carta de la ONU. Ha vuelto al traicionarlo al renegar el Gobierno español de la resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce el derecho de autodeterminación, aceptando el plan de autonomía de Marruecos. Y volverá a hacerlo si negocia la delimitación de los espacios marítimos sin la participación del Frente Polisario.