Absortos en el conflicto de Ucrania y siguiendo a la distancia la incipiente guerra civil de Sudán -que podría deparar un nuevo genocidio al país africano- prácticamente no se atiende la crítica situación de Burkina Faso.
En ese país del Sahel, desde hace siete años, bandas vinculadas a al-Qaeda o al Dáesh, casi a diario ejecutan matanzas que ya suman miles de muertos -se calculan al menos 10.000- sumados dos millones de desplazados y amplias regiones del país que ya superan el cincuenta por ciento de la superficie total desestabilizadas dada la profunda parálisis de sus actividades, tanto productivas como comerciales o como educativas.
No sólo los crímenes a manos tanto del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, la franquicia de al-Qaeda para el Sahel, como del Estado Islámico (Daesh), para el Gran Sahara (EIGS), son los responsables de estas matanzas, sino también grupos paramilitares pagados por el Gobierno o autodefensas armadas para proteger a sus pueblos, propiedades y sembradíos de las incursiones de los terroristas. Todos estos grupos a la hora final de ajustar cuentas suelen ser tan salvajes y arbitrarios frente a la menor duda de pertenecer a una u otra facción.
A fines de diciembre pasado uno de estos grupos paramilitares ingresó a la ciudad de Nouna, en el norte del país con una población de 30.000 habitantes, y mató e incineró a cerca de 90 personas sospechosas de formar parte de alguno de los grupos integristas que horas antes habían atacado un puesto de la policía nacional. Este tipo de matanzas, sin ningún patrón legal, forman parte de la actual realidad del país saheliano.
Sólo por señalar los ataques más recientes, en un año que se inició con la muerte de más de 50 militares en una emboscada a una patrulla del ejército, en un paraje ubicado entre las aldeas de Deou y Oursi en la provincia de Oudalan en el norte de Burkina Faso, llegado abril la intensidad del fuego ha seguido en constante aumento.
El día 18 se registró una de las más importantes, que produjo la muerte de al menos 24 personas incluidos veinte auxiliares o Volontaires pour la défense de la patrie (Voluntarios para la Defensa de la Patria) o VDP, civiles incorporados al ejército tras la creación de ese cuerpo en 2019, en dos ataques en el centro-este del país. Tres días antes otros seis soldados y más de una treintena de VDP habían muerto en el norte durante el asalto lanzado contra un destacamento de seguridad.
Ese mismo día tuvo lugar otro asalto en una aldea de Bittou, cercana a las fronteras con Togo y Ghana, donde murieron 16 VDP y cuatro civiles, a los que hubo que sumar una docena de muyahidines. Pocas horas después otros cuatro VDP murieron en las proximidades del sitio del ataque inicial.
Hacia finales de mes se han registrado dos grandes matanzas. En la mañana del pasado día 27, en Ougarou, provincia de Gnagna al este del país, 33 soldados y 40 muyahidines fueron neutralizados en el transcurso de los combates que estallaron cuando un número no determinado de insurgentes asaltó el puesto militar de esa localidad.
Esta operación se registró apenas una semana después de lo que se dio a conocer como la matanza de Karma, un pueblo al norte del país y a menos de siete kilómetros de la frontera con Mali, en un área de extrema actividad terrorista y en cercanías de donde ya se han producido desde 2013 docenas de ataques similares.
En Karma, una aldea a 15 kilómetros de Ouahigouya, la capital provincial, el pasado día 20 de abril fueron asesinados al menos 60 civiles por hombres que según testigos llevaban uniformes del ejército burkinés y se desplazaban en motocicletas, camionetas y vehículos blindados. Más tarde, según la organización de derechos humanos Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades (CISC),trascendió la versión de que los muertos alcanzaban a 136, todos civiles y tiroteados por la espalda. De las víctimas 50 eran mujeres y una veintena niños, algunos de pocos meses de vida.
Tras estos sucesos y con las sospechas de que la responsabilidad de la matanza haya sido de las fuerzas regulares, el Gobierno central apoyó la investigación abierta por el tribunal superior de Ouahigouya para investigar los hechos y castigar a sus responsables.
El Gobierno del Capitán Ibrahim Traore, líder de la junta militar que tomó el poder en septiembre del 2022 en un segundo golpe intentando terminar con la inestabilidad del país, al igual que la junta de coroneles que gobierna Malí, concentró su atención ya no solo en el accionar de los grupos rigoristas, sino también en el papel que en verdad jugaba el ejército francés.
Así, finalmente en Uagadugú, cómo ya había sucedido en Malí, se ordenó la retirada de los militares franceses que desde hace más de una década se encuentran en la región, con un resultado paupérrimo si detener la avanzada terrorista hubiera sido su verdadero fin.
En varias naciones del Sahel el fracaso y los abusos por parte de las tropas francesas han provocado un renacer del extendido sentimiento de rechazo a la antigua potencia colonial, lo que provocó ataques en diferentes oportunidades ya no solo contra embajadas y consulados franceses, sino también a diferentes sedes de empresas de ese país. Incluso en Níger, meses atrás, la población interrumpió el tránsito de una columna militar francesa que ya había sido apedreada en su pasó por Burkina Faso proveniente de Costa de Marfil, otro de los países en los que se está despertando el despreció a la antigua metrópoli.
En este marco de tensiones de algunos gobiernos de la región del Sahel, particularmente Malí y Burkina Faso, que han llegado a la expulsión de embajadores y otros funcionarios diplomáticos, es por lo menos sugestivo el incremento de las operaciones terroristas, que se han multiplicado mientras la prensa internacional pone la responsabilidad en la “incapacidad” de los ejércitos locales y de la empresa de seguridad rusa, conocida como Grupo Wagner, convocado desde Bamako y Uagadugú para brindar asistencia técnica y entrenamiento en la lucha contra la insurgencia wahabita.
Desde algunos de los grandes medios occidentales surge la teoría de que “las ejecuciones extrajudiciales de civiles han aumentado según, los grupos de derechos humanos y los residentes” a manos de los rusos, que solo han llegado al país para saquear sus recursos, al parecer, todo lo contrario que ha hecho Francia a lo largo de sus casi dos siglos de presencia en África.
Movilización general
Burkina Faso no sólo es uno de los países más pobres del mundo, sino que además cuenta con una población de 22 millones de habitantes cuya media etaria alcanza apenas los 17 años, una de las más bajas del mundo, son millones de jóvenes a los que el país no puede brindar estudios ni salidas laborales, por lo que las campañas de afiliación de los grupos terroristas suelen ser extremadamente exitosas, ya que ofrecen sueldos con los que ninguna actividad privada o estatal podría competir.
Es en vista de impedir que los jóvenes sigan incorporándose al Dáesh o al-Qaeda a falta de mejores trabajos y la manifiesta necesidad de incrementar el número de las tropas para contenerlos, que el Gobierno del presidente de la transición burkinesa, el capitán Ibrahim Traore, que ya había anunciado en febrero pasado la decisión de reclutar 5.000 nuevos efectivos en el marco de la embestida terrorista, el jueves 13 decretó la “movilización general” por al menos un año.
Dicha medida permitirá al ejército, llegado el caso, el alistamiento de ciudadanos mayores de dieciocho años para enfrentar a las khatibas terroristas. En uno de los 14 artículos que completan el decreto se deja en claro que los ciudadanos puedan organizar, bajo la supervisión militar o de las fuerzas de seguridad y defensa, grupos de autodefensa para su localidad contra todas las formas de amenazas, incluidos obviamente los grupos terroristas.
También se conoció que el Gobierno se otorga el derecho de requisar personas, bienes y servicios y de restringir algunas y determinadas libertades civiles.
El martes 11 de abril el Ministerio de Defensa lanzó una operación llamada “Desvanes vacíos”, solicitando a todos los militares del país, activos o retirados, que donen sus uniformes para los soldados que se encuentran movilizados para una guerra en la que las masacres ya no cuentan.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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