La libertad de que disfrutan en Estados Unidos los terroristas de origen cubano evidencia la hipocresía de la guerra de Bush contra el terrorismo. Se trata de individuos que no sólo han realizado innumerables actos terroristas contra Cuba sino contra eminentes personalidades progresistas y luchas populares en América Latina dentro de la Operación Cóndor. Y […]
La libertad de que disfrutan en Estados Unidos los terroristas de origen cubano evidencia la hipocresía de la guerra de Bush contra el terrorismo. Se trata de individuos que no sólo han realizado innumerables actos terroristas contra Cuba sino contra eminentes personalidades progresistas y luchas populares en América Latina dentro de la Operación Cóndor. Y es que ese terrorismo es hechura de sucesivos gobiernos de Estados Unidos, incluidos el de George W. Bush y el dirigido por el padre del actual presidente, quien tiene un largo historial de relaciones con los terroristas de origen cubano desde que siendo oficial y más tarde director de la CIA fue su operador e hizo amistad con muchos de ellos, incluyendo al multiasesino Luis Posada Carriles. En marzo de 2005 La Habana denunció la entrada ilegal a Estados Unidos de Posada pero las autoridades estadunidenses alegaban desconocer su paradero. Era un invento de Castro decían. Fue sólo después de una conferencia de prensa celebrada en Miami el 22 de mayo de ese año por Posada que el Departamento de Seguridad Interior se vio forzado a detenerlo. Por cierto, no por terrorista sino por ingresar ilegalmente a Estados Unidos y otorgándole las mayores consideraciones imaginables, que inevitablemente movían a la comparación con el trato inhumano prodigado sistemáticamente a los migrantes ilegales. Pues hete aquí que a fines de abril de este año fiscales de Estados Unidos reconocían oficialmente que Posada entró a ese país exactamente igual como lo había denunciado Cuba: procedente de Isla Mujeres, México, a bordo del barco camaronero Santrina. Lo mejor del caso es que la fuente en que se basan las autoridades estadunidenses para hacer esta afirmación es nada menos que uno de los tripulantes de la nave, Gilberto Abascal, informante de la FBI. Ahora está claro que Washington supo la procedencia, modo de entrada a su territorio y lugar donde se escondió Posada en Miami desde el primer momento y deliberadamente no actuó contra él y sus cómplices. Y es que se han cruzado el caso de Posada, la papa caliente con la que no saben qué hacer, con otro que involucra en los tribunales a los también terroristas de origen cubano Santiago Alvarez Fernández-Magriñá y Osvaldo Mitat, el primero dueño del Santrina y ambos participantes en el operativo para trasladar a Posada de Isla Mujeres a Miami. Un mes antes Posada recibió una carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la que se le comunicaba respecto a su demanda de liberación: «Debido a su largo historial de actividades delictivas y actos de violencia, que provocaron la muerte de civiles inocentes, liberarlo de la detención plantearía un peligro para la comunidad y la seguridad nacional de Estados Unidos.» No obstante, un juez estadunidense negó la extradición del criminal solicitada por Venezuela para juzgarlo por la voladura de un avión civil cubano con 73 personas a bordo. Además, le ha sido concedida una audiencia de casi seis horas para tramitar su naturalización, continúa internado con todas las comodidades en un centro para migrantes ilegales y no hay ninguna señal hasta el momento de que vaya a ser juzgado en los tribunales estadunidenses por los delitos relacionados en la carta. Tampoco sus cómplices, culpables de ingresar ilegalmente a un terrorista en Estados Unidos y de mentir al respecto, dos crímenes federales muy serios.
Paralelamente a estos hechos, el pasado 19 de abril las autoridades de Los Angeles, California, detuvieron a Robert Ferro, un ex integrante de origen cubano de la fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos y reconocido miembro de la organización terrorista (anti)cubana Alpha 66, a quien se le encontró en su residencia un descomunal arsenal compuesto por 1571 armas de infantería así como granadas. Ferro declaró que las armas pertenecían a Alpha 66, algunas de ellas entregadas por el gobierno de Estados Unidos, y que serían utilizadas en una operación contra Cuba simultáneamente con las maniobras navales intimidatorias que por esos días llevaba a cabo el imperio en aguas del Caribe. Washington, como es costumbre, no ha hecho el menor comentario sobre estas declaraciones.
Qué contraste. Estados Unidos no se atrevió a presentar su candidatura al recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras Cuba, pese a fuertes presiones yanquis, fue electa por 135 de los 191 países miembros.