Bush y su Gobierno Parte IV. La masacre tejana. La mortal administración del Gobernador Bush

«Como muchos, he buscado guía a través de la oración. He concluido (que) un juicio sobre el alma y el corazón de un individuo condenado a muerte tiene que ser concedido a una alta autoridad. No creo que mi rol sea reemplazar el veredicto del jurado por el míoS a no ser que hayan nuevas pruebas o evidencias las cuales el jurado no conocía, o evidencias de que el juicio fue de alguna manera injusto. Reviso cada pena de muerte minuciosamente, por cada pena de muerte, me informan detalladamente, revisamos los argumentos de la fiscalía y de la defensa, levantamos cualquier duda, problema o preguntas. En cada caso pregunto: ¿existe alguna duda sobre la inocencia o culpabilidad de este individuo? y ¿Han tenido las cortes una amplia oportunidad de revisar todos los problemas (y dudas) legales en este caso?»

A Charge to Keep. Un Cargo a Mantener. Autobiografía de George W. Bush 1999.

Otra de las grandes mentiras de Bush. Esquivando su reponsabilidad legal y moral, el actual Presidente se tomaba minutos en revisar las peticiones de clemencia. Con su su verdugo personal, el consejero Alberto Gonzáles, y las «evaluaciones» del Dr. Grigson, apodado El Doctor de La Muerte, la compasión y la piedad; bases de la clemencia desde 1855, nunca se tomaron en cuenta. Tirar una moneda al aire hubiese sido mas misericordioso.

Como gobernador de Texas, Bush batió uno de los más controversiales record en la historia del país: Fue el Gobernador que mas personas envió a la muerte, incluidas mujeres y enfermos mentales. Rutinariamente Bush se negaba a revisar las súplicas de clemencia de último minuto, se negaba a escuchar nuevas evidencias absteniéndose de asumir la responsabilidad que irrevocablemente le correspondía. Las mentiras, la deshonestidad; el carácter del actual presidente quedó en evidencia desde mucho antes que asumiera el máximo cargo y comenzara a invadir países basado, nuevamente, en información falsa.

Después de teclear «Texas Massacre» en el buscador Internet Yahoo se encuentran innumerables resultados: películas de horror, la masacre de cuatro adolescentes y tres adultos acribillados al interior de una iglesia en 1999, la espantosa calcinación de 86 miembros de la secta religiosa Davidian incluidos 17 niños y muy al final; un reportaje de un periódico inglés sobre los ejecutados en Texas durante la administración Bush.

Entre 1995 y el 2000, George Walker Bush batió uno de los más tristes record en la historia del país. Fue el gobernador que mas personas envió a la muerte. Con su firma, Texas ejecutó a 152 condenados incluidos mujeres y enfermos mentales. (Texas Department of Criminal Justice. http://www.tdcj.state.tx.us/stat/annual.htm). Con esta cifra, la solitaria estrella de la bandera de Texas ha quedado realmente sola, sin competencia alguna en las estadísticas de las ejecuciones a nivel nacional. Y a nivel internacional, los Estados Unidos han quedado bien arriba; junto al Congo, China, Irán y Arabia Saudita.

En un sistema penal criticado y condenado mundialmente por sus continuas falencias y errores, el promedio de ejecuciones bajo el Gobernador Bush fue de una muerte cada 14 días. Un 30 por ciento de estos ejecutados tuvieron una defensa incompetente; no presentaron evidencias de circunstancias atenuantes, no llamaron a testificar a siquiatras, presentando solo un testigo durante la fase final de los juicios.

Documentos obtenidos a través de la Ley de Información Pública por el periodista Alan Bertow de la revista The Atlantic Monthly revelaron detalles escalofriantes de cómo Bush era informado el mismo día de las ejecuciones por su consejero legal Alberto R. Gonzáles. Bertow obtuvo 57 memorándums de Gonzáles a Bush sobre casos de pena de muerte clasificados como secretos. Estos sumarios realizados por ley para que el Gobernador otorgue o niegue clemencia, fueron la única fuente de información que Bush accedía para decidir quien vive y quien no.

Un detallado estudio de estos demuestran que en repetidas ocasiones Gonzáles no informó sobre los hechos mas revelantes en el proceso legal de cada caso; como una defensa incompetente (un par de abogados se quedaron dormidos durante los juicios), conflictos de intereses, circunstancias atenuantes, o nuevas evidencias de inocencia.

Según estos documentos la compasión y la piedad; ideas centrales del proceso de clemencia levantadas por la Corte suprema desde 1855, fueron dejados de lado o nunca tomados en cuenta. Sin misericordia Gonzáles, convertido en el «verdugo» personal de Bush, le informaba sobre lo que este quería escuchar. En la actualidad Gonzáles es consejero legal de la Casa Blanca y serio candidato para un puesto en la máxima jurisdicción legal del país; la Corte Suprema.

Junto a un informe oral, Bush recibía estos sumarios, de entre tres y siete páginas, en las mañanas de los días fijados para las ejecuciones. Bush se demoraba entre 15 y 30 minutos en tomar las decisiones. Según el periódico inglés The Mirror en algunos casos Bush, optando por informes breves, solo se tomó 4 minutos en tomar sus mortales decisiones.

Con claras arbitrariedades acusatorias, los memorándums analizados por Bertow asumían que si una corte de apelaciones rechazaba algún argumento o prueba de la defensa, no era necesario que Bush reexaminara dicho argumento. «Esta suposición ignora una de las mas básicas razones para (el derecho a) la clemencia: el hecho de que el sistema judicial comete errores,» escribió Bertow. (The Atlantic Monthly. Julio/Agosto 2003)

El 6 de mayo de 1997 en la mañana, Bush firmó uno de esos secretos memorandos de tres páginas. Ese mismo día alrededor de las seis de la tarde, la marca que Bush puso con su agotado lapicero gubernamental junto a la palabra DENEGADO cobró la vida de Terry Washington, un enfermo mental de 33 años de edad con un coeficiente mental equivalente al de un niño de siete años.

Este es un caso típico en el proceso de «clemencia» entre Bush y Gonzáles. El sumario de tres páginas hace una descripción detallada del crimen cometido por Washington – que asesinó con múltiples puñaladas a Beatrice Huling una mujer de 29 años de edad. Pero el sumario se refiere fugazmente a la razón por la cual se pedía clemencia; la deficiencia mental de Washington la cual es mencionada pero solo en el contexto de las torturas que recibió cuando niño y no hace mención sobre la ineptitud de la defensa que no usó su derecho a llamar a testificar a expertos en problemas mentales. Además, esta información nunca fue dada a conocer al jurado. Gonzáles nunca mencionó el hecho de que Washington y sus diez hermanos eran constantemente golpeados. Asimismo la página en donde se menciona este hecho desapareció del sumario firmado por Bush lo que hace suponer que Bush estampó la muerte de Washington sin conocer estos hechos.

Otro de los tanto casos es el de David Wayne Stoker quien fue ejecutado en 1997 a pesar de que un delincuente usado como testigo mintió a cambio de regalías legales y los policías que ofrecieron ese intercambio negaron el hecho durante el juicio. Uno de los prominentes testigos se retractó de su testimonio, el siquiatra que testificó en contra de Stoker nunca lo examinó y otro testigo de la fiscalía había perdido su licencia médica años atrás por falsificación de evidencias.

A Calvin Burdine se le conmutó la pena de muerte cuando se supo que su abogado se quedo dormido durante partes importantes del juicio (marzo 2000). No fue así el caso con Carl Johnson quien fue ejecutado en 1995 a pesar de que su abogado se quedó dormido por largos momentos durante la selección del jurado. Bajo el gobernatura de Bush por lo menos 29 condenados encontraron la muerte en parte gracias al testimonio del siquiatra James Grigson, conocido como el Doctor de La Muerte, a pesar de que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo ha catalogado como desconfiable y falto de ética.

Según Bertow los documentos manifiestan la constante postura de Bush de «minimizar su sentido de responsabilidad legal y moral por las ejecuciones.» Bush argumenta que no puede hacer nada mas que otorgar un indulto de solo 30 días a menos que el Consejo de Perdones y Libertad Provisional (Board of Pardons and Paroles. BPP) establezca clemencia más amplia. Bush a dicho en varias ocasiones que el Gobernador de Texas no puede legalmente detener una ejecución. Para Bertow esta es «la mentira mas grande…y la llave para su (continua) negación (de responsabilidades) en el proceso de las ejecuciones.»

Lo que nunca Bush a dicho es que el Gobernador tiene la autoridad de obligar al BPP, en cualquier momento, a conducir nuevas audiencias e investigaciones. Si Bush se hubiese decidido a cambiar la sentencia y otorgar clemencia lo hubiese logrado en cualquiera de los casos. Los dieciséis miembros del consejo fueron todos nombrados por Bush, cualquier petición de Bush hubiese sido aceptada inmediatamente por el BPP.

«Pero la última obscenidad de Bush, en su calculada decisión de esconderse bajo las faldas del BPPSTodo el mundo sabe que (el BPP) es un fraudeSdiseñado para crear la ilusión que existe una revisión genuina de la clemencia en Texas. (Pero el BPP) no conduce investigaciones ni audiencias, sus miembros ni siquiera se reúnen a discutir los pedidos de clemencia. OS que ninguno (de sus miembros) haya visto una petición de clemencia lo suficientemente importante como para llamar a una audiencia pública o para (comentarlo) entre ellos, (es) para mi, un testimonio increíble. Tirar una moneda al aire hubiese sido mas misericordiosoS¹ concluyó el juez federal Sam Sparks en 1998 sobre un caso relacionado con el BPP. Bush quiso la menos autoridad posibleSy buscó establecer ese precedente con una interpretación cobarde de la leySno quiso (asumir) ninguna responsabilidad directaSEl problema no es el apoyo de Bush a la pena de muerte o su creencia de que esta salva vidas porque reduce el cr
imen. El problema es si Bush tiene o no respeto por la vida humana y por el más básico prerrequisito judicial. El problema tiene que ver con su calidad de líder y si se ha comportado responsablemente cuando las consecuencias de sus acciones oficiales son irredimiblesS» (Alan Bertow. The Atlantic Monthly. 3/10/00)

El caso de Karla Faye Tucker, la primera mujer ejecutada en Texas en los últimos cien años y al cual Bush le dedica numerosas páginas en su autobiografía debido a que hasta su hija estaba en contra de la ejecución no porque Tucker fuese inocente sino por su evangelizadora transformación – ilustra la forma como Bush trata de sacarse la responsabilidad de su ejecución aseverando que no puede dar clemencia sin una recomendación del Consejo de Perdones y Libertad Provisional.

Pero en otros casos, como el de Henry Lee Lucas quien se le acusó de un crimen cometido en Texas mientras estaba en otro Estado, el BPP aceptó de inmediato una recomendación de Bush de cambiar la pena de muerte por cadena perpetua. Cuando las cortes rechazan las peticiones de la defensa lo que hacen en realidad es transferir la difícil decisión final a las manos del gobernador; la «conciencia del Estado.» Indudablemente la decisión definitiva la toma Bush.

En 1998, Achim Josef Marino le envió una carta al gobernador Bush confesando el asesinato de Nancy DePriest, una mujer de 20 años de edad y por el cual dos hombres inocentes, Christopher Ochoa y Richard Danziger, continúan cumpliendo cadena perpetua. En 1988 «yo cometí este horrendo crimen y estaba solo» dice la carta dada a conocer por el periodista de la cadena CBS Nov McNamara. Este conmovedor caso es una evidencia más de las pavorosas fallas del sistema judicial tejano. La carta de cuatro páginas escritas a mano y enviadas por Marino desde la cárcel en donde cumple condena por otro crimen, tiene el timbre de la oficina del gobernador: «recibido» el día 24 de febrero de 1998 y nunca fue entregada a las autoridades pertinentes.

En seis contundentes páginas, el segundo diario británico mas importante, The Mirror realizó un extenso reportaje sobre la condena a muerte en Texas: «Bush no pide disculpa alguna por su horroroso historial. Los mas perturbador es que tiene el apoyo masivo de los estadounidenses, manejados por una desbocada cultura de armas de fuego y una concupiscencia sangrienta por la venganza,» concluyó el periódico en su reportaje titulado La Masacre Tejana. (The Mirror. Diciembre, 2000)

*Fernando A. Torres es periodista independiente radicado en California, EEUU. Comentarios con respecto a la serie pueden ser enviados a <[email protected]>. Debido a la cantidad de mensajes recibidos se ruega brevedad.
paulina castro cerruti

Especial de Paralelo 21
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