El mundo diseñado por el gobierno de los Estados Unidos está al revés: los terroristas libres y los antiterroristas presos. Analicemos brevemente la conducta de Washington en torno al caso de Posada Carriles y a los cinco cubanos presos en los Estados Unidos desde el año 1998, Gerardo, Tony, Fernando, Ramón y René. Lo ocurrido […]
El mundo diseñado por el gobierno de los Estados Unidos está al revés: los terroristas libres y los antiterroristas presos. Analicemos brevemente la conducta de Washington en torno al caso de Posada Carriles y a los cinco cubanos presos en los Estados Unidos desde el año 1998, Gerardo, Tony, Fernando, Ramón y René.
Lo ocurrido al avión civil cubano no es un misterio. Los propios cables de inteligencia desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) nos dicen claramente que tres meses antes de la voladura del avión sobre Barbados el 6 de octubre de 1976, la CIA le informó a Washington que un grupo terrorista anticubano iba a ponerle una bomba a un avión de pasajeros cubanos. Sin embargo, Washington jamás le informó a La Habana de esta inminente amenaza a uno de sus aviones civiles.
Fue Luis Posada Carriles quien le dijo a una fuente de la CIA un mes antes de la voladura del avión que «vamos a golpear a un avión cubano. Washington tampoco le informó a La Habana de esta amenaza.
Los planes para volar el avión cubano fueron cosechados y cultivados en una cumbre de organizaciones terroristas anti-cubanas en junio de 1976 en la República Dominicana. De esa reunión nace la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), una organización cuyo propósito era llevar a cabo acciones de sabotaje y terrorismo contra Cuba.
Sabemos que el terrorista Orlando Bosch llegó a Caracas el 8 de septiembre de 1976, y que en el aeropuerto de Maiquetía lo recibió Luis Posada Carriles, quien inmediatamente le facilitó a Bosch su hombre preferido de confianza, el venezolano Hernán Ricardo. Un confeso operativo de la CIA y de la DISIP, y el confeso autor material de la voladura del avión.
Ricardo reclutó a Freddy Lugo, otro confeso operativo de la CIA para que lo ayudara con la logística de Bosch en Venezuela y con los planes para volar al avión cubano. Posada Carriles y Orlando Bosch fueron los autores intelectuales del siniestro, y Hernán Ricardo y Freddy Lugo los autores materiales-los que pusieron las bombas en el avión. Los cuatro se pusieron de acuerdo para comunicarse en clave. Le referirían avión como «el autobús» y a los pasajeros como «los perros».
Lugo y Ricardo colocaron explosivos C-4 en el avión. Llevaban el C-4 en un tubo de pasta de diente Colgate y en una cámara de fotografía. Abordaron el vuelo CU-455 en Trinidad a las 12:15 PM: en un avión que iba rumbo a Cuba vía Barbados. Ricardo usó un nombre falso para abordar el avión. Los asesinos se sentaron juntos, en el centro de la nave.
Depositaron una de las dos bombas debajo del asiento de Freddy Lugo y la otra en el baño trasero del avión. Ambos desembarcaron del avión en Barbados. Cuando el avión despegó de Seawell Airport en Barbados, a bordo iban 73 personas: 57 de ellos cubanos, 11 guyaneses y cinco coreanos. El promedio de edad de los pasajeros era de 30 años.
Entre los 57 cubanos iban 24 miembros del equipo de esgrima cubano, muchos de ellos jovencitos que acaban de ganar medallas de oro, plata y bronce en los juegos panamericanos aquí en Caracas. Algunos llevaban puestas sus medallas.
Nueve minutos después de despegar, la primera bomba explotó debajo del asiento que había estado desocupado Freddy Lugo. La explosión causó un fuego abordo y por los próximos 10 minutos el piloto, Wilfredo Pérez, trató de regresar el avión al aeropuerto de Seawell. Los pasajeros vivieron un infierno durante los últimos minutos de sus vidas, ya que el avión se convirtió en un ataúd en llamas que el piloto desesperadamente trataba de controlar.
Pero la segunda bomba afectó el sistema de navegación del avión, y a nave descendió precipitadamente hacia una playa en Barbados llamada Paradise, donde se encontraban varios bañistas. . «Pégate al agua, Felo, pégate al agua», le gritó el co-piloto a Wilfredo Pérez, llamándolo por su apodo. La nave se estrelló en las aguas de Deep Water Bay antes de llegar a las arenas de la playa.
Solamente recuperaron 9 de los 73 cadáveres, y éstos en pedacitos. No hubo sobrevivientes.
LAS EVIDENCIAS DEL TERROR
Inmediatamente después de la voladura del avión, Hernán Ricardo llamó desde su hotel a sus jefes en Caracas: Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Les dejó el siguiente mensaje a Posada con Marinés Vega: «Estamos en una situación desesperante. El autobús estaba lleno de perros. Mándenos a alguien que pueda reconocer. Estaré esperando cerca en la heladería cerca de la embajada por si acaso pasa algo y tenga que pedir asilo ahí».
Ricardo y Lugo, quienes habían regresado el mismo día a Trinidad, fueron arrestados esa misma noche en el hotel donde se hospedaban. Confesaron. Le contaron a Dannis Ramdwar, Comisionado de la Policía trinitaria, que les pagaron $25,000 para volar el avión. Dividido entre 73, quiere decir que cada vida valió solamente $342.47.
(Para verificar las evidencias, consultar los siguientes documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington:
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/19761026_ramdwar.pdf
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/19761027_waterman.pdf
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/19761027_king.pdf
- http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/19761027_burroughs.pdf )
Hernán Ricardo le dibujó a la policía de Trinidad el detonador de las bombas, y le indicó como hizo para programar la explosión. También le dibujó un diagrama de la estructura política-militar de la organización terrorista anti-cubana llamada CORU. El diagrama detalla como la directiva y los operativos militares responden directamente al FBI y a la CIA.
A raíz de las confesiones de Lugo y Ricardo en Trinidad, la policía en Venezuela arrestó a Posada y a Bosch en Caracas. Encontraron un arsenal en la oficina de Posada Carriles en Caracas, más el itinerario de los vuelos de Cubana Aviación. También un reporte escrito a mano por Hernán Ricardo para Posada sobre entidades cubanas en Barbados, Colombia, Panamá y Trinidad. Entidades que habían sido bombardeadas por Hernán Ricardo anteriormente. Los tribunales en Caracas condenaron a Lugo y a Ricardo a 20 años de cárcel. Bosch salió libre por su «buena conducta» después de varios años de prisión. Sin embargo, antes de que el tribunal pudiese dictaminar un veredicto en el proceso, en 1985 Posada Carriles se escapó de la cárcel San Juan de los Moros en Guárico. Utilizó por lo menos $50,000 para escaparse.
Quince días después de haberse escapada de la cárcel, sus cómplices lo ayudaron a salir del país. Llegó a Aruba en bote y una semana después a Costa Rica en avión. De ahí a San Salvador, donde inmediatamente comenzó a trabajar en la base militar de Ilopango, lado a lado con Félix Rodríguez, un operativo de alto rango de la CIA. Su responsabilidad era suministrarle armas a las Contras de Nicaragua. Armas que compraban a través del narcotráfico. Esta operación llegar a ser conocida como el escándalo de Irán-Contra.
Posada se pasó los próximos años en América Central, trabajando con los servicios de inteligencia de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Pero en la década de los 90s, dirigió su ira nuevamente hacia Cuba, una isla que luchaba para echar a andar la industria turística para contrarrestar el desastre económico después del derrumbe del campo socialista. Desde su guarida en Centroamérica, reclutó mercenarios guatemaltecos y salvadoreños para cometer actos terroristas en Cuba. Pusieron bombas en los mejores hoteles y restaurantes del país: El Nacional, La Bodeguita del Medio, El Tropicana y otros. Una de las bombas mató al turista italiano, Fabio DiCelmo.
Cuba sabía que varias organizaciones anticubanas de Miami y New Jersey financiaban la campaña de terror contra la industria turística y que el autor intelectual era Luis Posada Carriles. Para tratar de lograr que el FBI arrestara a los terroristas, Cuba envió a varias personas a los Estados Unidos con la tarea de penetrar las organizaciones terroristas.
LOS CINCO
Con evidencias más que suficientes para procesar a los terroristas, el Presidente Fidel Castro envió a un emisario especial a Washington el 1ro de mayo de 1998. Llevaba una carta escrita de puño y letra del Comandante al Presidente Bill Clinton. El mensajero era Gabriel García Márquez.
García Márquez no pudo ver personalmente al Presidente Clinton, y después de varios días esperándolo en el Hotel Washington de la Calle 14 en la capital, García Márquez se juntó con el Jefe del Despacho de la Casa Blanca, Mac McLarty a quien le entregó la carta del Presidente Fidel Castro. García Márquez recuerda las palabras de McLarty al leer la carta: «Tenemos unos enemigos en común: los terroristas».
El Presidente Clinton envió un equipo del FBI a Cuba para ver cÓmo colaborar en la guerra contra el terrorismo. Cuba le entregó al FBI las cintas de 14 conversaciones de Luis Posada Carriles, que lo comprometen como autor intelectual de la campaña de terror contra Cuba y de las bombas de 1997 en La Habana. También le entregó 60 piezas de documentos con información sobre 40 terroristas de Miami, incluyendo sus direcciones y sus vínculos con el terrorismo.
Cuba obviamente esperó que el FBI arrestara a los terroristas, pero en vez de hacer cumplir la ley y detenerlos asesinos, encarcelaron a Gerardo, Tony, Ramón, René y Fernando, los valientes luchadores contra el terrorismo que Cuba había enviado para evitar nuevos crímenes contra inocentes en la Isla. El FBI utilizó la información proporcionada por Cuba no para arrestar a los terroristas, sino para ubicar a las personas que Cuba había enviado a Miami para penetrar la red terrorista anticubana.
El Nuevo Herald reportó que las primeras personas que fueron notificadas de los arrestos de los Cinco fueron los congresistas anticubanos Lincoln Diaz Balart e Ilieana Ros-Lehtinen.
Los Cinco fueron encausados de 26 cargos penales, y enjuiciados en Miami, una ciudad contaminada de prejuicios donde los condenaron, entre otras cosas, de conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinatos. Gerardo recibió una doble cadena perpetua. Tony y Ramón una cadena perpetua cada uno. Fernando 19 años y René 15.
Están cumpliendo sus sentencias en cárceles de máxima seguridad en diferentes estados del país. Los Estados Unidos les ha negado visas a las esposas de René y de Gerardo. Consecuentemente, ellos no han podido recibir visitas de sus esposas durante los últimos ocho años, en violación del derecho internacional.
Los Cinco apelaron los veredictos del tribunal de primera instancia en Miami. Un panel del tribunal de apelaciones dictaminó que el juicio en Miami había ocurrido dentro de una «perfecta tormenta de prejuicios» y desestimó el veredicto. Sin embargo, el 9 de agosto de 2006, por un voto de diez a dos, el plenario del tribunal desestimó la decisión anterior y reinstituyó las condenas, argumentando que los derechos constitucionales de los Cinco no fueron violados por el hecho de haberlos procesado en Miami.
Aún están pendientes varios temas por decidir. Estos incluyen determinar si hubo evidencia para demostrar que los alegatos de conspiración para cometer homicidio y espionaje fueron suficientes para justificar las condenas que recibieron algunos de los acusados. También está por determinarse si las sentencias de cadena perpetua fueron excesivas de acuerdo con las reglas que gobiernan las sanciones penales en los Estados Unidos para ese tipo de delito.
Durante el proceso, los fiscales argumentaron varias veces ante el jurado que los Cinco habían ido a Miami para «destruir a los Estados Unidos». El Tribunal de Apelaciones todavía tiene que decidir si estos alegatos de los fiscales, sin fundamento alguno, violaron el código de conducta de los fiscales y preenjuiciaron al jurado ilegalmente.
Las autoridades federales les confiscaron a los Cinco antiterroristas cubanos más de 2.000 documentos, de los cuales ninguno era clasificado. Sin embargo, durante el proceso estos textos fueron arbitrariamente clasificados como secretos y los abogados defensores no pudieron revisar algunos de estos documentos. El Tribunal de Apelaciones aún tiene que decidir si la fiscalía violó la ley que controla información clasificada y de esa manera impidió la defensa de los acusados.
El abogado de Tony Guerrero, Leonard Weinglass, dijo que «los Cinco no fueron enjuiciados por haber violado las leyes de los Estados Unidos, pero por haber expuesto a los verdaderos criminales. Al infiltrar la red terrorista de la Florida, demostraron la hipocresía de la supuesta lucha de parte de Washington contra el terrorismo».
LA FARSA LEGAL
Mientras que los Cinco luchadores contra el terrorismo siguen presos, Posada goza de su libertad en Miami.
En vez de extraditar o procesar a Posada Carriles por la voladura del avión, el gobierno de los Estados Unidos lo protege.
Venezuela pidió su detención preventiva con fines de extradición por la voladura del avión en mayo de 2005 y un mes después, presentó los documentos formales para la extradición. Hay 73 cargos de homicidio en primer grado pendiente contra Posada ante un tribunal penal en Caracas. Aunque la solicitud de extradición no ha sido desestimada, el gobierno de los Estados Unidos la ha desatendido.
En el ínterin, Washington acusó a Posada Carriles simplemente de haber ingresado a los Estados Unidos de manera ilegal, como si el terrorista hubiese llegado a cosechar alcachofas en California.
Posada alegó que no podía regresar a Venezuela, porque sería torturado en una cárcel de Caracas. Uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la jurisprudencia estadounidense ocurrió durante el trámite de inmigración en El Paso. Los fiscales de Inmigración le sirvieron le guiñaron un ojo al juez para que éste pudiera concederle a Posada protección contra una posible deportación a Venezuela.
Posada citó a un solo testigo en apoyo a su pedido de acuerdo a la Convención contra la tortura. Un supuesto experto sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, quien alegó que era «claramente probable» que Posada sería torturado por agentes cubanos en Venezuela. El testigo se llama Joaquín Chaffardet, amigo, socio y antiguo jefe de Posada en la agencia de inteligencia venezolana (DISIP) en la década de los 70s.
No se les ocurrió a los fiscales de Inmigración hacerle contra-interrogatorio a Chaffardet. El juez consecuentemente nunca se enteró que Chaffardet no era un testigo desinteresado y que estaba parcializado a favor de Posada.
La táctica de Inmigración para proteger a Posada funcionó. El Juez William Abbott acreditó el testimonio de Chaffardet y determinó existía una «clara probabilidad» que Posada fuese torturado si lo deportaba a Venezuela. Una calumnia, ya que no existe evidencia alguna que en Venezuela torturan a los presos. Son los Estados Unidos los que torturan a sus presos, como podemos ver con nuestros propios ojos en las fotos de los presos abusados y torturados por los soldados estadounidenses en las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo.
Como que la decisión del Juez de Inmigración era del agrado de la Casa Blanca, Inmigración no apeló la decisión. Posada no puede ser deportado a Venezuela, aunque esa decisión no impide que pueda ser extraditado a Venezuela. La ley de extradición tiene prioridad a la ley de inmigración. El caso que establece precedente es el del ex-dictador venezolano, Marcos Pérez Jímenez, quien pidió asilo en los Estados Unidos para evitar ser extraditado a Venezuela donde lo querían procesar por corrupción. El 19 de julio de 1963, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que el trámite de inmigración juega un papel secundario al proceso de extradición y puede hasta innecesariamente entorpecer la extradición. Ordenó que se suspendiera el trámite de inmigración para determinar primero si la extradición procede. Si ésta procede, los trámites de inmigración se cancelan. Pérez-Jímenez fue extraditado a Venezuela, y condenado en Caracas por corrupción.
La ley está clara. La orden del Juez de Inmigración no impide el proceso de extradición. Tanto el tratado de extradición con Venezuela, como la Convención de Montreal para la protección de la aviación civil obligan a los Estados Unidos a extraditar o procesar a Posada Carriles por 73 cargos de asesinato. Es más, el Artículo 7 de la Convención de Montreal dice explícitamente que el país donde se encuentra el acusado está obligado sin excepción alguna de extraditar o procesar en su territorio al terrorista.
Washington siempre quiso liberarlo, pero no lo pensó prudente políticamente. En vez de extraditarlo o procesarlo, Washington decidió enjuiciarlo por mentiroso. El 11 de enero de 2007, la Administración Bush lo encausó con 7 cargos de fraude inmigratorio. En vez de acusarlo de asesinato o terrorismo, lo acusan simplemente de haber mentido en un formulario de inmigración.
EL DOBLE RASERO ES INSOSTENIBLE
¿Qué pensaría el pueblo de los Estados Unidos si Pakistán captura a Osama Ben Laden, y en vez de extraditarlo a los Estados Unidos como el autor intelectual del terrorismo del 11 de septiembre, Pakistán lo acusa solamente de no haber pasado por una garita de inmigración cuando ingresó al país y de haberle ocultado a los oficiales los detalles de su forma de entrada?
Pero ni siquiera hubo seriedad de la fiscalía con los cargos de fraude inmigratorio contra Posada. El 8 de mayo de 2007 la Jueza Kathleen Cardone dispuso la liberación definitiva del terrorista desestimó todos los cargos.
Fue una causa legal que la fiscalía jamás debería haber presentado. La propia jueza Cardone dice en su decisión «el centro de este caso no es «el terrorismo. Es el fraude migratorio. El terrorismo y la decisión de si un individuo debe ser o no clasificado como terrorista, descansa en la discreción de la rama ejecutiva» y agrega que no está dispuesta a dar solución a lo que califica en su dictamen como «una papa caliente» para el gobierno norteamericano.
La Jueza también hace hincapié sobre el absurdo de que, de haber sido procesado por fraude y por mentir la condena máxima de que habría sido acreedor el terrorista era de entre seis y doce meses de prisión, que ni siquiera habría cumplido, ya que le hubiesen acreditado el más de un año que llevaba preso.
Para mantenerlo preso, los Estados Unidos le habría bastado con aplicar su propia Ley Patriota y reconocer que la liberación del terrorista «amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona» para impedir su liberación.
La conducta del gobierno de los Estados Unidos en torno al caso Posada está en abierta violación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el mismo Presidente Bush promovió, y también de la Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973.
Posada anda libre en las calles de Miami, ciudad predilecta de muchos terroristas anti-cubanas. Un amigo mío me cuenta que lo vio el otro día en cola, comprando mercancía en una tienda llamada Publix de la calle Coral Way en Miami.
Venezuela no descansará hasta que Posada sea procesado por el asesinato a sangre fría de las 73 personas que iban a bordo ese avión de pasajeros hace tres décadas. El doble rasero con el cual la Casa Blanca combate el terrorismo es insostenible. No hay terroristas buenos y terroristas malos. Todos los terroristas deben ser procesados, para que rindan cuentas por los crímenes que han cometido.
El poder militar sin justicia es terror, y el poder político sin justicia es tiránico. El caso Posada Carriles, igual que el caso de los Cinco, muestra el verdadero rostro político del gobierno de los Estados Unidos: una tiranía terrorista.